TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito de la Circunscripción Judicial del Estado Lara
Barquisimeto, veintitrés de Septiembre de dos mil diez
200º y 151º

ASUNTO : KP02-O-2010-000223
Vista la presente solicitud de ACCION DE AMPARO CONSTITUCIONAL, intentada por el abogado JULIO ENRIQUE RAMIREZ LEON, titular de la cédula de identidad N° 13.990.986, e Inpreabogado N° 92.120, actuando como Apoderado Judicial de la empresa VENEZUELA INDUSTRIAL AUTOMOTRIZ S.A., contra la SENTENCIA DEFINITIVA dictada por el JUZGADO TERCERO DEL MUNICIPIO IRIBARREN DEL ESTADO LARA y en fecha 22/03/2010 en el Expediente N° KP02-V-2008-2737; este Tribunal observa:
UNICO:
Si en derecho común, un examen previo de la pretensión contenida en la demanda puede traer como consecuencia su rechazo, como en el caso específico de los ordinales noveno (cosa juzgada) décimo (caducidad de la acción) décimo primero ( prohibición de admitir la acción) del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil; ó, de manera genérica, si es contraria al “orden público, a las buenas costumbres, o a alguna disposición expresa de la Ley” como lo prevé el artículo 341 eiusdem, particularmente en materia de amparo la Corte Suprema de Justicia, ha ido estableciendo peculiares vicios que se resuelve en el rechazo ab initio de la acción y en la extinción fulminante del proceso: Vicios estos que la doctrina ha catalogado como causales de inadmisibilidad y que la jurisprudencia de la Corte ha calificado como la “existencia de vías paralelas” igualmente breves y eficaces.
Esas otras vías procesales o paralelas entiende quien juzga, son aquellos medios de defensa breves y eficaces de que dispone el agraviado por el acto lesivo, al margen del amparo, para articular ante la autoridad competente su pretensión jurídica, circunstancias éstas que debemos resaltar con especial interés por cuanto puede ser vía paralela al amparo cualquier proceso, incluso los propios y característicos de la jurisdicción ordinaria, mas a los que se refiere el suscrito Juez de mérito son aquellos que participan de la naturaleza breve y sumaria, sancionada en el artículo 27 de la Constitución Nacional al referirse al Amparo.
Esto se debe a que una de las características del amparo constitucional es el ser un remedio judicial extraordinario o especial que solo procede cuando se haya agotado, no existen o sean inoperantes otras vías procesales que permitan la reparación del daño.
Es así como el ordinal 5° del Artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales contempla como un supuesto para declarar la admisibilidad de esta acción, “cuando el agraviado haya optado por recurrir a las vías judiciales u ordinarias o hecho uso de los medios judiciales preexistentes” y aún cuando pareciera existir a favor del querellante cierto margen de discrecionalidad hacia el particular (posibilidad de acudir originariamente a la vía judicial mediante el amparo constitucional o mediante los medios ordinarios), la jurisprudencia de la Sala de Casación Civil, que hace suya este Tribunal, compartida por la Sala político-administrativa, ha interpretado el ordinal transcrito, concatenándolo con la primera parte del artículo 5 de la Ley Orgánica de Amparo sobre derechos y garantías constitucionales, evitando dejar al particular cualquier posibilidad de elección. De modo pues, que si mediante otro medio breve y eficaz distinto al amparo se puede reparar o restablecer la alegada situación jurídica infringida, debe ser éste el utilizado y no aquel.
De manera que para evitar que el amparo constitucional sustituya todo el ordenamiento procesal de Derecho Positivo, el cual ha sido considerado por el legislador como los mecanismos o procedimientos idóneos ó eficaces para garantizar tanto el ejercicio de los derechos como el cumplimiento de los deberes por parte de los particulares y del propio Estado, el Juez de Amparo no debe admitir ésta acción cuando existan otros medios procesales ordinarios que de manera breve, sumaria y eficaz sean idóneos para lograr los fines pretendidos ( Sala Político-Administrativa de la Corte Suprema de Justicia, sentencia de fecha: 14 de Agosto de 1990, 27 de Agosto de 1993, 07 de Marzo de 1995; Sala de Casación Civil, sentencias de fecha: 27 de Abril de 1988, 23 de Mayo de 1988, 29 de Abril de 1992, entre otras).
Establecido lo anterior, es indudable que el caso de autos, pese a que la demandante en Amparo señala como conculcados los Derechos Constitucionales concernientes a “Tutela Judicial Efectiva… Derecho a la Defensa…justifica Transparente y Debido Proceso”, por cuanto señala no haber “ejercido y/o tenido una defensa en ningún momento” ello resulta contrariado por los propios recaudos por aquella consignados. En efecto: de una revisión de las copias acompañadas al libelo de Amparo, se pone de manifiesto la actividad desplegada por el Tribunal a-quo para lograr la citación personal de la demandada en aquella causa, en defecto de lo cual se libró la citación cartelaria, y ante la reticencia de apersonarse en el proceso, se le designó defensor judicial, quien también hizo lo necesario para tratar de ubicar al allí demandado, librándole a tal efecto un telegrama en fecha 08/10/09, mismo que fue entregado en fecha 13 del mismo mes y año, según consta a los folios 80 y 81 de autos. A todo evento, puede colegirse que, ante los repetidos llamados de que fue objeto la hoy demandante en amparo, lejos de tomar una actitud dinámica y atender tales llamados, dejó transcurrir las oportunidades, incluso la correspondiente a proponer la revisión del fallo que le era adverso, pretendiendo que con este medio extraordinario pueda suplirse su propia inactividad. De todo ello, puede colegirse que el a-quo procedió en estricto apego a la legislación procesal vigente, por lo que, al no advertir la existencia de ninguna de las violaciones denunciadas, necesariamente la presente Acción de Amparo Constitucional debe ser declarada Inadmisible y ASÍ DECIDE.
Por las razones anteriormente expuestas, este Tribunal Tercero de Primera Instancia en lo Civil Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, actuando en sede constitucional en nombre de la República por Autoridad de la Ley declara INADMISIBLE la Acción de Amparo Constitucional intentada por el abogado JULIO ENRIQUE RAMIREZ LEON, en su condición de apoderado Judicial de la sociedad de comercio VENEZUELA INDUSTRIAL AUTOMOTRIZ S.A., contra SENTENCIA DEFINITIVA dictada por el JUZGADO TERCERO DEL MUNICIPIO IRIBARREN DEL ESTADO LARA y en fecha 22/03/2010 en el Expediente N° KP02-V-2008-2737.