REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER JUDICIAL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO LARA JUZGADO DECIMO SEGUNDO DE CONTROL EXTENSION CARORA Carora, 3 de septiembre de 2010 200º y 151º ASUNTO PRINCIPAL : KP11-P-2010-001655 ASUNTO : KP11-P-2010-001655 ASUNTO: SOBRESEIMIENTO MINISTERIO PÚBLICO: FISCALÍA OCTAVA DEL MINISTERIO PUBLICO INVESTIGADO: SIN IDENTIFICAR VÍCTIMA: MALLELYS COROMOTO CRESPO RODRIGUEZ y VITORIA RODRIGUEZ DE CRESPO DELITO: CONTRA LAS PERSONAS Y LA PROPIEDAD JUEZA: ABOG. YALETZA CAROLINA ÁLVAREZ HERNÁNDEZ SECRETARIO: ABOG. ORIEL ANTONIO PEREZ RODRIGUEZ Visto que en fecha 02/09/2010 la Fiscalía Octava del Ministerio Público en el estado Lara, formuló solicitud de Sobreseimiento en la causa penal seguida a personas por identificar, por la presunta comisión de uno de los delitos contra las personas y la propiedad, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 4 del artículo 318 del Código Orgánico Procesal Penal, este despacho judicial habiendo recibido el asunto el día de hoy, y estando en la oportunidad establecida en el artículo 177 ejusdem, por lo que este órgano jurisdiccional en funciones de control se pronuncia en los términos que a continuación se indican: Se inicia la presente causa en fecha 11 de mayo de 2000, mediante denuncia formulada por la ciudadana MALLELYS COROMOTO CRESPO RODRIGUEZ, quien denuncio ante el Cuerpo Técnico de Policial Judicial, hoy Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, con sede en esta ciudad, que en la fecha señala, siendo las dos horas de la mañana, ingresaron varios sujetos, quienes se cubrieron el rostro, golpearon a su progenitora y se llevaron varios artefactos electrodomésticos, objetos personales y dinero, sometiendo a su persona y a su mamá, violentando la puerta posterior de su residencia para lograr el ingreso a la misma. La Representación Fiscal requirió al Tribunal el decreto de Sobreseimiento en el presente asunto, por estimar que del contenido de las actuaciones que integran la investigación llevada por ese despacho fiscal, no se determino la identidad de la persona que cometió los referidos hechos, en virtud de que no existen suficientes elementos de convicción y no existe la posibilidad de incorporar nuevos elementos. En tal sentido, siendo que en atención al Código Orgánico Procesal Penal, en su articulo 24, el Fiscal del Ministerio Público, ejerce la titularidad de la Acción Penal en nombre del Estado, atribuyéndole la potestad de solicitar cuando concurran las circunstancias fáctico jurídicas indispensables, el decreto de Sobreseimiento de una causa, lo cual implica el cese de la persecución penal, cuando no exista razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos datos a la investigación, y por ende la ausencia de bases para solicitar fundadamente el enjuiciamiento del imputado, siempre que la Fiscalía haya ejercido a cabalidad el mandato Constitucional y Legal que tiene por monopolizar el ejercicio de la acción penal, y en este sentido haber agotado todas las averiguaciones necesarias conducentes a la búsqueda de la verdad, valiéndose de la labor de los órganos de investigaciones científicas, penales y criminalísticas, por las vías jurídicas siempre y cumplir con la finalidad del proceso. Así tenemos que, cuando el sobreseimiento de la causa es dictado como acto conclusivo, por alguno de los supuestos establecidos en el artículo 318 del Código Orgánico Procesal Penal, es decir, cuando el hecho objeto del proceso no se realizó o no puede atribuírsele al imputado; cuando el hecho imputado no es típico o concurre una causa de justificación, inculpabilidad o de no punibilidad; cuando la acción se ha extinguido o resulta acreditada la cosa juzgada; cuando a pesar de la falta de certeza, no exista razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos datos a la investigación, y no haya bases para solicitar fundadamente el enjuiciamiento del imputado; y cuando así lo establezca expresamente este Código, por lo que el sobreseimiento pone término al procedimiento y tiene autoridad de cosa juzgada, salvo, en los casos en que la acusación haya sido desestimada por defectos en su promoción o en su ejercicio, en consonancia con lo dispuesto en el artículo 20 numeral 2 del texto adjetivo penal. Observa el Tribunal que efectivamente no existe manera de incorporar mayores datos a la investigación que permitan la continuación de la persecución penal, toda vez que no existen medios de prueba idóneos distintos de la declaración de la Victima, que la individualización de persona alguna como responsable del citado hecho delictual, ya que la víctima solo hace señalamientos en cuanto a la ocurrencia de los hechos y la imposibilidad de reconocer a las personas que le causo los mismos, toda vez que se encontraban con el rostro cubierto, a fin de determinar la identidad de los agresores, debiendo por tanto considerarse como ajustada a derecho la posición del Ministerio Público, motivo por el cual se declara con lugar la solicitud de Sobreseimiento de la presente causa seguida a personas aun por identificar, por la presunta comisión de uno de los delitos contra las personas y la propiedad, en los términos expuestos por la Representación Fiscal, circunstancia ésta que igualmente se materializaría en el acto de debate oral en caso de ser llevada a la referida fase procesal y que este despacho judicial decreta en garantía del debido proceso, así como eficacia y eficiencia del sistema de administración de justicia, y así se decide. DISPOSITIVA Por las razones anteriormente expuestas, este Juzgado Décimo Segundo de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Lara, Extensión Carora, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, resuelve en los términos que a continuación se indican: PRIMERO: A solicitud de la Fiscalía Octava del Ministerio Público en el estado Lara, decreta el SOBRESEIMIENTO DE LA CAUSA seguida con motivo de los hechos ocurridos el día 11 de mayo de 2000, donde aparece como investigado personas por identificar y como Victima las ciudadanas MALLELYS COROMOTO CRESPO RODRIGUEZ y VITORIA RODRIGUEZ DE CRESPO, en uno de los delitos contra las personas y la propiedad, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 4 del artículo 318 del Código Orgánico Procesal Penal, ya que no existe la razonable posibilidad de incorporar datos que permitan la certificación de la comisión del hecho e individualización de la responsabilidad penal. SEGUNDO: Líbrese las notificaciones respectivas y remítase el asunto en su oportunidad legal al Archivo Judicial del Estado Lara a los fines de su conservación y archivo, transcurrido el lapso legal pertinente. Y ASI SE DECIDE PUBLÍQUESE, REGÍSTRESE, DÉJESE COPIA CERTIFICADA. CUMPLASE LA JUEZA DECIMA SEGUNDA DE CONTROL ABOG. YALETZA CAROLINA ALVAREZ HERNANDEZ EL SECRETARIO ABOG. ORIEL ANTONIO PEREZ RODRIGUEZ En la misma fecha se publicó la presente decisión, dejándose copia certificada de la misma en el Juzgado. EL SECRETARIO ABOG. ORIEL ANTONIO PEREZ RODRIGUEZ