REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER JUDICIAL Tribunal de Control de Barquisimeto Barquisimeto, 24 de noviembre de 2010 200º y 151º ASUNTO PRINCIPAL : KP01-P-2010-003176 ASUNTO : KP01-P-2010-003176 Vista la solicitud de Revisión de Medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad dictada contra el ciudadano Juan José Hernández, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº 13.921.706, por la presunta comisión de los delitos de Distribución Ilícita Agravada de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, tipificado en el tercer aparte del artículo 31 de la derogada Ley Orgánica contra el Tráfico Ilícito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas en concordancia con lo dispuesto en el numeral 5 del artículo 46 eiusdem y el delito de Ocultamiento Ilícito de Municiones, tipificado en el artículo 277 del Código Penal, efectuada por la defensa técnica del imputado, este Tribunal observa: En fecha 23/05/10 el Juzgado VI de Control de este Circuito Judicial Penal, dicta decisión mediante la cual decreta Medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad, en contra del procesado de autos, por estar acreditados los extremos a que se contraen los artículos 250 y 251 numerales 2 y 3 y artículo 252 del Código Orgánico Procesal Penal, ordenándose su reclusión en el Centro Penitenciario de la Región Centro Occidental a órdenes de ese despacho judicial. Alega el defensor del imputado la necesidad de sustitución de la Medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad por una menos gravosa, alegando en pro de su pretensión el mal estado de salud de su patrocinado, quien además será sometido a intervención quirúrgica en próxima oportunidad. Esta Juzgadora tomando en consideración los alegatos previos considera que nuestro Código Orgánico Procesal Penal consagra como uno de los Principios y Garantías Procesales del sistema penal venezolano, la Afirmación de Libertad, según el cual las disposiciones que autorizan preventivamente la privación o restricción de la libertad o de otros derechos del imputado o su ejercicio, tienen carácter excepcional, solo podrán ser interpretadas restrictivamente, y su aplicación debe ser proporcional a la pena o medida de seguridad que pueda ser impuesta en la definitiva, principio éste que debe necesariamente concatenarse con el Estado de Libertad y Proporcionalidad señalados en los artículos 243 y 244 de la citada norma adjetiva vigente, en los que se indica la excepcionalidad de la privación de libertad y su procedibilidad cuando las demás medidas cautelares sean insuficientes para asegurar las finalidades del proceso, así como las circunstancias que deben tomar en cuenta los operadores de justicia para decretarla y las cuales no pueden sobrepasar la pena mínima prevista para cada delito, ni exceder del plazo de dos años. Durante el proceso la situación de privación de libertad del justiciable se encuentra sustentada por el decreto de medida de coerción personal dictada el 23/05/10, sin que hasta la presente exista variación alguna de las circunstancias de hecho y de derecho apreciadas en la citada oportunidad como fundamento de la medida cuestionada por la defensa, con lo cual no se ha acreditado la violación de las normas referidas al Debido Proceso y Derechos Fundamentales del justiciable, ya que la presunción de peligro de fuga no se desvirtúa con el único alegato de imposibilidad de abandono del país, sino de otras circunstancias más que aún permanecen vigentes, como son la magnitud de daño causado ya que este hecho afecta a la sociedad en general y ha causado malestar general, además de que ha sido considerado por la Jurisprudencia patria como de lesa humanidad lo que hace imposible la concesión de beneficios que en el proceso penal impliquen la impunidad, así como la posible pena a imponer que excede de tres años de privación de libertad, motivos por los que es improcedente la petición de la defensa. Por otra parte la defensa alega el mal estado de salud del imputado ya que el mismo requiere de intervención quirúrgica, sin embargo y al respecto observa esta Juzgadora que esta circunstancia solo debe hacerse valer una vez que el procesado sea intervenido quirúrgicamente y que como consecuencia de tal procedimiento médico no pueda permanecer intramuros, eventualidad ésta que debe ser participada por el médico tratante a objeto de que el Tribunal tome las previsiones del caso, no pudiendo emitirse pronunciamiento favorable a la petición de la defensa ya que el imputado puede en los actuales momentos permanecer recluido en el Centro Penitenciario de la Región Centro Occidental a órdenes de este Tribunal, sin que se le afecte su derecho a la salud ya que ha sido garantizado desde el inicio del proceso por los Tribunales que han intervenido en su juzgamiento, motivos por los que se declara improcedente la solicitud de revisión de medida, formulada en esta causa por permanecer incólumes los fundamentos apreciados según la sana crítica y máximas de experiencia al momento de la audiencia oral de calificación de flagrancia. Así se decide. Finalmente y visto que se ha alegado el mal estado de salud del imputado y pese a que no se ha demostrado de modo alguno tal incidencia, ya que el reconocimiento médico forense de fecha 11-11-2010 Nº 9700-152-7158 realizado al imputado solo ordena su evaluación con carácter urgente por el servicio de cirugía del Hospital Central Antonio María Pineda por posible intervención quirúrgica, se ordena a los fines de garantizar la vida y la salud del procesado conforme a lo establecido en los artículos 47 y 83 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el traslado del mismo para el día viernes 26-11-10 a las 09:00 a.m. a la sede del servicio de cirugía del Hospital Central Antonio María Pineda, remitiendo anexo original de folio 109 previa certificación de su copia que reposará en este asunto, a los fines de que se practique la evaluación médica respectiva y se informe con urgencia a este Tribunal si el procesado amerita intervención quirúrgica, de qué tipo y el estado de salud de éste previo a la intervención que requiera, a los efectos de poder emitir pronunciamiento en relación a la sustitución de la medida privativa de libertad por mal estado de salud del imputado. Así se decide. DECISION En mérito a las consideraciones que anteceden, este Juzgado Noveno de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Lara, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, niega por improcedente la sustitución de la medida de coerción personal peticionada por el procesado Juan José Hernández, ut supra identificado, por la presunta comisión de los delitos de Distribución Ilícita Agravada de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, tipificado en el tercer aparte del artículo 31 de la derogada Ley Orgánica contra el Tráfico Ilícito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas en concordancia con lo dispuesto en el numeral 5 del artículo 46 eiusdem y el delito de Ocultamiento Ilícito de Municiones, tipificado en el artículo 277 del Código Penal. Se ordena a los fines de garantizar la vida y la salud del procesado conforme a lo establecido en los artículos 47 y 83 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el traslado del mismo para el día viernes 26-11-10 a las 09:00 a.m. a la sede del servicio de cirugía del Hospital Central Antonio María Pineda, remitiendo anexo original de folio 109 previa certificación de su copia que reposará en este asunto, a los fines de que se practique la evaluación médica respectiva y se informe con urgencia a este Tribunal si el procesado amerita intervención quirúrgica, de qué tipo y el estado de salud de éste previo a la intervención que requiera. Notifíquese a las partes de la presente decisión. Líbrese Oficio al Director del Hospital Central Antonio María Pineda, oficio y boleta de traslado al Director del Centro Penitenciario de la Región Centro Occidental. Regístrese. Cúmplase. CARMEN TERESA BOLIVAR PORTILLA JUEZ NOVENA DE CONTROL LA SECRETARIA, Carmenteresa.-//