República Bolivariana de Venezuela







Poder Judicial
Tribunal Superior de lo Contencioso Tributario
de la Región Centro Occidental
Barquisimeto, 18 de mayo de 2010.
200º y 151º

Sentencia interlocutoria con fuerza de definitiva N° 070/2010
Asunto N° KP02-U-2005-0000106

Parte recurrente: Ramón Gordillo, titular de la cédula de identidad N° V-1.275.961, actuando con el carácter de propietario del fondo de comercio Repuestos Gordillo, inscrito por ante el Registro Mercantil que se llevaba ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, bajo el N° 76, Folio 168 y 169 Vto, en fecha 10 de abril de 1972.
Acto recurrido: Resolución N° GJT-DRAJ-A-2004-5596 de fecha 30 de septiembre de 2004, dictada por la Gerencia Jurídico Tributaria del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), mediante la cual se declaró sin lugar recurso jerárquico ejercido contra Resolución N° SAT-GRCO-600-S-000019, de fecha 21 de enero de 1999, notificada el 13 de abril de 1999 y las planillas de liquidación emitidas por la Gerencia de Tributos Internos de la Región Centro Occidental del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT).
Administración Tributaria recurrida: Gerencia Jurídico Tributaria del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT).
I
Antecedentes
Se inicia la presente causa mediante oficio N° SAT-GTI-RCO-DJT-ARCJ-2005-004413 de fecha 23 de marzo de 2005, enviado por la Gerencia Regional de Tributos Internos de la Región Centro Occidental del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), recibido por la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (U.R.D.D.) Civil del Estado Lara el 28 de marzo de 2005 y distribuido a este tribunal el 29 de marzo de 2005, mediante el cual se remitió recurso contencioso tributario interpuesto subsidiariamente al recurso jerárquico incoado el 14 de enero de 2000, por el ciudadano Ramón Gordillo, titular de la cédula de identidad N° V-1.275.961, actuando con el carácter de propietario del fondo de comercio Repuestos Gordillo, inscrito por ante el Registro Mercantil que se llevaba ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, bajo el N° 76, Folio 168 y 169 Vto, en fecha 10 de abril de 1972, en contra de la Resolución N° SAT-GRCO-600-S-000019, de fecha 21 de enero de 1999, notificada el 13 de abril de 1999 y las planillas de liquidación emitidas por la Gerencia de Tributos Internos de la Región Centro Occidental del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), recurso administrativo que fue declarado sin lugar a través de la Resolución N° GJT-DRAJ-A-2004-5596 de fecha 30 de septiembre de 2004, dictada por la Gerencia Jurídico Tributario del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), que fue enviada a este órgano jurisdiccional para el conocimiento del recurso contencioso tributario subsidiario sin que conste en autos su notificación.
El 12 de mayo de 2005, se le dio entrada al recurso contencioso tributario subsidiario, ordenándose librar oficio a la Gerencia de Tributos Internos de la Región Centro Occidental del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT).
El 14 de febrero de 2007, la Dra. María Leonor Pineda se abocó al conocimiento de la presente causa y ordenó librar boletas de notificaciones a la Procuraduría, Contraloría y Fiscalía General de la República, así como al ciudadano Ramón Gordillo, en su carácter de propietario del fondo de comercio Repuestos Gordillo.
El 15 de marzo de 2007, el alguacil consignó la notificación del contribuyente sin firmar, razón por la cual en fecha 20 de marzo de 2007, se ordenó librar cartel para ser publicado en la puerta del Juzgado, conforme a lo previsto en el artículo 264 del Código Orgánico Tributario, dejándose constancia el 09 de abril de 2007 del vencimiento del lapso de diez días de despacho, al que hace alusión el prenombrado artículo y consignándose en el expediente copia del cartel publicado.
El 18 de julio de 2007, se consignó boleta de notificación dirigida a la Procuraduría General de la República, debidamente firmada el 25 de junio de 2007 y el 19 de septiembre de 2007, la Abg. Grace Nagarith Lucena Rosendy, se abocó al conocimiento de la presente causa, ordenó la notificación de las partes, así como de la Procuraduría General de la República y agregó en autos la resulta de la comisión practicada por el Juzgado Décimo de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, mediante la cual consignó notificaciones de la Contraloría y Fiscalía General de la República, firmadas y selladas el 27 de julio de 2007.
El 15 de noviembre de 2007, se consignaron las boletas de notificaciones de la Procuraduría General de la República y de la Administración Tributaria, debidamente firmadas el 13 de noviembre y 05 de noviembre de 2007, mientras que el 27 de febrero de 2008 se consignó boleta del contribuyente sin firmar, por cuanto no existía en el lugar referido para su práctica.
El 26 de mayo de 2009, la representación fiscal solicitó la declaratoria de perención y extinción de la instancia.
En fecha 23 de marzo de 2010, la juez temporal se abocó al conocimiento de la presente causa, ordenando notificar a las partes, así como al Procurador General de la República, notificaciones que fueron debidamente practicadas y consignadas en autos.
II
Consideraciones para decidir
Notificadas las partes, este tribunal procede a pronunciarse acerca de la diligencia presentada el 26 de mayo de 2009 por la representación fiscal en la cual solicita la perención de la instancia y a tales efectos, procede a realizar las siguientes consideraciones:
Los artículos 267 y 269 del Código de Procedimiento Civil que se aplican a la materia tributaria por remisión del artículo 332 del Código Orgánico Tributario, disponen:
Artículo 267.- Toda instancia se extingue por el transcurso de un (1) año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes. La inactividad del Juez después de vista la causa, no producirá la perención…”
Artículo 269.- La perención se verifica de derecho y no es renunciable por las partes. Puede declararse de oficio por el Tribunal y la sentencia que la declare, en cualquiera de los casos…., es apelable libremente”.

En consonancia con tales disposiciones, el artículo 265 del Código Orgánico Tributario establece:
Artículo 265.- La instancia se extinguirá por el transcurso de un (1) año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento. La inactividad del Juez, después de vista la causa, no producirá la perención...”

Con relación a las normas antes citadas, la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, mediante sentencia N° 02144 del 4 de octubre del 2006, Exp. Nº 1997-13814, señaló lo siguiente:
“(…) Del estudio concatenado de las normas transcritas, se desprende de manera clara y precisa que en los casos como el de autos, cuando se interponga el recurso contencioso tributario ante el Tribunal competente, el contribuyente estará a derecho desde el momento en que el recurso es recibido por dicho Tribunal, mientras que la Administración Tributaria lo estará a partir de la oportunidad en que conste en el expediente su notificación por parte del Tribunal de la causa. Aclarado lo anterior, corresponde precisar si en el caso objeto de análisis, es un requisito indispensable que se encontrase a derecho a los fines de comenzar a computar el lapso de un (1) año previsto en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil. A tal efecto, resulta imperativo para esta Sala ratificar el pronunciamiento emitido en sentencia N° 00126 de fecha 19 de febrero de 2004, caso: Super Octanos C.A., en la cual se sostuvo lo que de seguida se transcribe: “(…) En tal sentido, es necesario destacar que la perención de la instancia constituye un mecanismo anómalo para la culminación del procedimiento, en el sentido de que la declaratoria que a bien tenga proferir el operador de justicia, no produce cosa juzgada material, pudiéndose interponer nuevamente la demanda en los mismos términos en que fue propuesta anteriormente, siempre que se encuentre dentro del lapso legal. Erígese entonces, el instituto procesal en referencia, como un mecanismo de ley diseñado con el propósito de evitar que por la desidia de las partes los procesos se perpetúen en el tiempo y los órganos de administración de justicia se encuentren en la obligación de procurar la composición de causas en las cuales no existe ningún tipo de interés por parte de los sujetos procesales. De esta forma, el legislador adjetivo consagró la perención de la instancia, en los siguientes términos: Artículo 267 del Código de Procedimiento Civil (...). De la norma transcrita supra, dimana con meridiana claridad, que el supuesto de procedencia de la figura procesal en análisis, está configurado por dos requisitos de carácter concurrentes, a saber: la inactividad de las partes y el transcurso de un año. Obsérvese, pues, que el legislador procesal omitió en el dispositivo legal antes citado, el elemento volitivo de las partes, es decir, no se requiere para que opere la perención de la instancia, precisar si la inactividad de éstas responde a un elemento que les sea imputable. Por el contrario, con la sola verificación de los requisitos aludidos anteriormente procede de pleno derecho, bastando entonces un pronunciamiento mero declarativo dirigido a reconocer la terminación del proceso por esta vía. Tampoco es necesario a los fines de aplicar la figura procesal in commento, que todas las partes se encuentren a derecho, toda vez que existe en nuestro ordenamiento jurídico procesal, la perención en fase de citación, la cual opera inclusive, en un período inferior a un año, específicamente en los treinta días siguientes a la admisión de la demanda, sin que el demandante hubiere cumplido con las obligaciones impuestas a los fines de citar al demandado (artículo 267 ordinal 1º del Código de Procedimiento Civil). En consecuencia, la obligación del juez contencioso tributario de notificar de la existencia del recurso, establecida en el artículo 191 del Código Orgánico Tributario vigente para la fecha, no debe ser considerada un obstáculo para que opere la perención de la instancia, constituyéndose en carga procesal del recurrente, instar las notificaciones de Ley ”(…). Conforme al fallo parcialmente transcrito, concluye este Máximo Tribunal que no es necesario que se encuentre a derecho a los fines de iniciar el cómputo establecido en el ya mencionado artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, sino que basta haber operado la inactividad de las partes durante el transcurso de un (1) año…” (Negrillas de este tribunal)

Asimismo, en sentencia N° 00652 del 14 de marzo de 2006, la referida Sala había sostenido que:
“...En efecto, la única forma en la cual la contribuyente pudiera haber ejercido actos que impulsaran el proceso era mediante la notificación de la boleta ordenada por el a quo, en los términos establecidos en el artículo 264 del vigente Código Orgánico Tributario, al haberse interpuesto el recurso contencioso tributario de manera subsidiaria al jerárquico, lo cual le hubiera permitido tener la certeza de que el recurso ya se encontraba ante el órgano jurisdiccional competente, para de esta manera llevar a cabo todos los actos de procedimiento tendientes a ejercer en forma debida y efectiva su defensa, y de ese modo precisar el momento a partir del cual se establecería que las partes están a derecho, situación esta por demás necesaria para que operara la perención…”. (Vid. sentencia No. 00130 del 25 de enero de 2006, caso: Petroquímica de Venezuela, S.A.). (Destacado de la Sala).

En este orden de ideas, conviene traer a colación lo previsto en el artículo 264 del Código Orgánico Tributario, cuyo tenor es el siguiente:
Se entenderá que el recurrente está a derecho desde el momento en que interpuso el recurso. En los casos de interposición subsidiaria de éste, o en la forma prevista en el aparte único del artículo 262 de este Código, el Tribunal deberá notificar mediante oficio al recurrente en su domicilio o en el lugar donde ejerce su industria o comercio. En caso que no haya sido posible la notificación del recurrente, el tribunal dejará constancia de ello en el expediente, y fijará un cartel en la puerta del tribunal, dándose un término de diez (10) días de despacho, vencidos los cuales se entenderá que el recurrente está a derecho.
Parágrafo Único: Cuando el recurso contencioso tributario no haya sido interpuesto en la forma prevista en el parágrafo primero del artículo 259 de este Código, el Tribunal deberá notificar mediante oficio a la Administración Tributaria, con indicación del nombre del recurrente, el acto o actos cuya nulidad sea solicitada, órgano del cual emana, y la materia de que se trate; y solicitará el respectivo expediente administrativo.

Ahora bien, conforme con las decisiones y normas citadas, este tribunal observa que cuando se trata de recursos contencioso tributarios subsidiarios, se requiere la notificación al recurrente en su domicilio o en el lugar donde ejerce su industria o comercio y de no ser posible esta notificación, se dejará constancia de esta circunstancia en el expediente y se fijará un cartel en la puerta del tribunal, concediéndose un término de diez días de despacho, vencidos los cuales se entenderá que el recurrente está a derecho, lo cual ocurrió en el presente asunto el 09 de abril de 2007, por lo que se considera que la recurrente fue debidamente notificada de la entrada del recurso y está a derecho, así como también lo está la Administración Tributaria Nacional por el hecho de haber remitido el presente recurso a este tribunal.
Partiendo de ello y como quiera que según lo establecido por la Sala Político Administrativa, lo que se requiere para que opere la perención es que exista inactividad procesal, que la omisión se prolongue por un año según lo dispuesto en el artículo 265 del Código Orgánico Tributario y que la causa no se encuentre en estado de sentencia, este tribunal observa que estas condiciones se verifican en el caso bajo análisis, tomando en cuenta que el 9 de abril de 2007 fue consignada copia del cartel en el expediente, por ende, a partir del día siguiente -10 de abril de 2007- comenzó a correr el lapso de perención, constatándose de acuerdo al cómputo realizado en este Despacho de acuerdo a lo previsto en el artículo 199 del Código de Procedimiento Civil (aplicable supletoriamente por remisión del artículo 332 del Código Orgánico Tributario), que desde el día 10 de abril de 2007 hasta el 25 de mayo de 2009, fecha anterior a la diligencia presentada por la representación fiscal, transcurrió más de un año sin que las partes hubiesen realizado algún acto de procedimiento para dar impulso procesal al presente asunto, por lo que resulta forzoso para este tribunal declarar la perención de la instancia, conforme a lo previsto en los artículos 269 y 267 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 265 del Código Orgánico Tributario, aplicable por remisión del artículo 332 del Código Orgánico Tributario. Así se decide.



III
Decisión
En virtud de las razones precedentemente expuestas, este Tribunal Superior de lo Contencioso Tributario de la Región Centro Occidental, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara consumada la perención y extinguida la instancia en la presente causa.
Publíquese, regístrese y notifíquese a las partes, así como la Procuraduría, Contraloría y Fiscalía General de la República, de conformidad con lo previsto en el artículo 86 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, artículo 12 de la Ley Orgánica de Hacienda Pública Nacional, en concordancia con lo previsto en el parágrafo primero del artículo 277 y artículo 278, ambos del Código Orgánico Tributario.
Déjese copia certificada de la presente decisión, con fundamento en lo establecido en el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil.
Dada, firmada y sellada en el Despacho del Tribunal Superior de lo Contencioso Tributario de la Región Centro Occidental, en Barquisimeto a los dieciocho días del mes de mayo del año dos mil diez. Años 200° de la Independencia y 151° de la Federación.
La jueza temporal,

Abg. Xioely Alejandra Gómez Torrealba.

El secretario,

Abg. Francisco Martínez.


En horas de despacho del día de hoy, 18 de mayo de 2010, siendo las nueve y cincuenta minutos de la mañana (9:50 a.m.) se publicó la presente decisión.
El secretario,

Abg. Francisco Martínez.