REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER JUDICIAL Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito de la Circunscripción Judicial del Estado Lara Barquisimeto, once de marzo de dos mil diez 199º y 151º ASUNTO: KP02-V-2010-000929 Vistas la demanda por QUERELLA INTERDICTAL POR PERTUBACIÓN interpuesta por ROSA ADELINA ARENAS y OTROS contra INSTITUTO NACIONAL DE PARQUES (INPARQUES) este Tribunal observa lo siguiente: La Sala Politico-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia de fecha 31/08/2004, expediente Nº 2004-0848 estableció: “Ahora bien, por cuanto esta Sala es la cúspide y rectora de la jurisdicción contencioso administrativo, a los fines de delimitar las competencias que tendrán los tribunales que conforman dicha jurisdicción para conocer de las acciones como la presente, que se interpongan contra las personas jurídicas que se indican en el numeral 24 del artículo 5 de la Ley que rige a este Máximo Tribunal, y cuya cuantía sea inferior a setenta mil una unidades tributarias (70.001 U.T.), pasa a determinar dicha competencia en la siguiente forma: 1. Los Juzgados Superiores de lo Contencioso Administrativo Regionales, conocerán de las demandas que se propongan contra la República, los Estados, los Municipios, o algún Instituto Autónomo, ente público o empresa, en la cual la República, los Estados, o los Municipios, ejerzan un control decisivo y permanente, en cuanto a su dirección o administración se refiere, si su cuantía no excede de diez mil unidades tributarias (10.000 U.T), que actualmente equivale a la cantidad de doscientos cuarenta y siete millones de bolívares con cero céntimos (Bs. 247.000.000,00), ya que la unidad tributaria equivale para la presente fecha a la cantidad de veinticuatro mil setecientos bolívares sin céntimos (Bs. 24.700,00), si su conocimiento no está atribuido a otro tribunal.” Y como quiera que según el criterio jurisprudencial antes señalado, se estableció que el órgano jurisdiccional competente para conocer de las pretensiones dirigidas contra un instituto autónomo del Estado, debe ser un Juzgado Contencioso-Administrativo Regional; es por lo que este Tribunal se DECLARA INCOMPETENTE para conocer de la presente causa en razón de la materia, siendo el competente para ello el Juzgado Superior Contencioso-Administrativo de la Región Centro Occidental. En consecuencia, una vez precluya el lapso establecido en el Artículo 69 del Código de Procedimiento Civil sin que se interponga el recurso de ley contra la presente decisión, se procederá a remitir la presente causa a la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos para su distribución al Juzgado mencionado. El Juez, Abg. Oscar Eduardo Rivero López El Secretario, Abg. Roger José Adán Cordero OERL/ml