REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO LARA
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIONES SEGUNDO DE EJECUCIÓN DEL ESTADO LARA
Barquisimeto, 05 de Marzo de 2010
Año 199º y 150º
ASUNTO PRINCIPAL: KP01-P-2005-012386
SENTENCIA INTERLOCUTORIA
CON FUERZA DEFINITIVA DE EXTINCION DE LA PENA
Esta juzgadora se ABOCA, al conocimiento de la presente causa, y revisado como ha sido el presente asunto a los fines de verificar el cumplimiento de la pena impuesta al penado ALFONSO ANTONIO RODRIGUEZ SOTO, titular de la cédula de identidad Nº 19.264.027, lo hace en los siguientes términos:
El penado, ALFONSO ANTONIO RODRIGUEZ SOTO, titular de la cédula de identidad Nº 19.264.027, fue condenado a cumplir la pena de UN (01) AÑO DE PRISIÓN, más las accesorias de ley, por la comisión del delito de POSESIÓN EN PEQUEÑAS CANTIDADES DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICAS, previsto y sancionado en el artículo 34 de la Ley Orgánica Contra el Trafico Ilícito y el Consumo de Sustancias y Psicotrópicas.
Constando en los folios (141, 142, y 143) Computo de Ejecución de la pena de fecha 31 de Marzo de 2009, en el cual se evidencia que el hecho se registro el día 22-10-05, en el Centro Penitenciario de la Región Centro Occidental, en virtud que el penado ALFONSO ANTONIO RODRIGUEZ SOTO, se encontraba procesado por otro asunto, y fue privado el día 14-11-05, sale en Libertad el día 18-01-06 por una medida cautelar de presentación otorgada por el Juez de Control, por lo que estuvo detenido DOS (02) MESES Y VEINTISEIS (26) DIAS. Se libra orden de aprehensión la cual se hace efectiva el día 08-02-09, y el día 10-02-09 le decretan medida de privación judicial, la cual la mantiene hasta el día de hoy es por lo que ha cumplido de la pena impuesta UN (01) MES Y VEINTITRES (23) DIAS; que sumada a la detención anterior da un total de pena cumplida de CUATRO (04) MESES Y DIECINUEVE (19) DIAS, faltándole en consecuencia por cumplir SIETE (07) MESES Y ONCE (11) DIAS DE PRISION, pena que extingue el DOCE (12) DE NOVIEMBRE DE 2009, por lo que se evidencia que el penado ya cumplió la totalidad de la pena impuesta.
En relación a las penas accesorias contenidas en el artículo 16 del código Penal como lo es la Inhabilitación Política, durante el tiempo de la condena, la misma se encuentra extinta, y en cuanto a la Sujeción a la Vigilancia de la Autoridad por una quinta parte del tiempo de la condena terminada.
Este Tribunal se abstiene de imponerlas, toda vez, que en interpretación progresiva del artículo 22 del Código Penal, solo al Juez de Ejecución corresponde ejercer la ejecución y cumplimiento de la pena, tal lo prevé el novísimo Código Orgánico Procesal Penal en su articulo 479, función vigilante que materializara con el apoyo efectivo de los órganos e instituciones creadas por ley, tales como los Delegados de Prueba, debidamente designados por el Ministerio del Interior y Justicia, en correspondencia con lo previsto en el artículo 496 del Código Orgánico Procesal Penal, y los que fungen como órgano auxiliar de la administración de Justicia, que en interpretación actualizada de la ley en el tiempo, se equipara a la primera autoridad civil del Municipio, hoy inoperante a los fines del control y vigilancia de la pena, pues tales funciones son propias por mandato legal, del órgano jurisdiccional a través del Juez de primera Instancia en funciones de Ejecución, y éste las desarrolla concertadamente con el delegado de prueba.
Criterio que adquiere relevancia ante la ausencia de un mecanismo idóneo que permita ejercer el control y sanción del incumplimiento de las penas accesorias, circunstancia fáctica que hace de las penas previstas en los artículos 13 y 16 del Código Penal, y así lo ha sostenido la Sala Constitucional,” no solo una pena excesiva sino ineficaz,” (Sent. Exp.03-2352 del 21-5-07) criterio que esta juzgadora acoge plenamente, a los fines de considerar como de imposible cumplimiento, la sujeción a la vigilancia de la autoridad civil que dimana de las denominadas prefecturas o jefes de parroquia, por lo que se abstiene de imponer al penado, el cumplimiento de las penas accesorias, dando por cumplida la condena impuesta con el agotamiento de la pena corporal efectivamente cumplida, bajo la modalidad de suspensión Condicional de la Pena y así se declara.
Ahora bien el artículo 105 del Código Penal establece que el cumplimiento de la condena extingue la responsabilidad criminal, en tanto que el artículo 479 en su ordinal 1ero., del Código Orgánico Procesal Penal establece la competencia del tribunal de ejecución en cuanto a la declaratoria de la extinción de la pena.
Siendo así, que con fundamento en lo antes expuesto y dadas las consideraciones de hecho y de derecho ya establecidas, considera este tribunal que el penado, ALFONSO ANTONIO RODRIGUEZ SOTO, titular de la cédula de identidad Nº 19.264.027, cumplió la totalidad de la pena impuesta, por lo que lo pertinente y ajustado a derecho, en justicia, es declarar, como efectivamente se declara la EXTINCIÓN DE LA RESPONSABILIDAD CRIMINAL por cumplimiento de la condena, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 105 del Código Penal Venezolano, artículo 479 en su ordinal 1ero., del Código Orgánico Procesal Penal, haciendo la salvedad que el mismo continuara privado de su libertad a la orden del Tribunal de Primera Instancia en Funciones Segundo de Control del Estado Lara quien le lleva el asunto KP01-P-2009-000666.
DISPOSITIVA
Por las razones anteriormente expuestas, este Tribunal de Primera Instancia en lo Penal en Funciones Segundo de Ejecución Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, emite el siguiente pronunciamiento. PRIMERO: DECLARA LA EXTINCION DE LA RESPONSABILIDAD CRIMINAL, por el cumplimiento de la condena al penado ALFONSO ANTONIO RODRIGUEZ SOTO, titular de la cédula de identidad Nº 19.264.027, quien fue condenado a cumplir la pena de UN (01) AÑO DE PRISIÓN, más las accesorias de ley, por la comisión del delito de POSESIÓN EN PEQUEÑAS CANTIDADES DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICAS, previsto y sancionado en el artículo 34 de la Ley Orgánica Contra el Trafico Ilícito y el Consumo de Sustancias y Psicotrópicas. Todo de conformidad con lo previsto en los artículos 105 del Código Penal en relación con el artículo 479 ordinal 1° del Código Orgánico Procesal Penal. SEGUNDO: Líbrense las correspondientes BOLETAS DE LIBERTAD y de EXCARCELACIÓN del penado ALFONSO ANTONIO RODRIGUEZ SOTO, titular de la cédula de identidad Nº 19.264.027, haciendo la salvedad que el mismo continuara privado de su libertad a la orden del Tribunal de Primera Instancia en Funciones Segundo de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Lara quien le lleva el asunto KP01-P-2009-000666. TERCERO: Notifíquese al director del Internado Judicial San Juan de los Morros Estado Guarico de la presente decisión con copia certificada de la misma. CUARTO: Ofíciese al Tribunal de Primera Instancia en Funciones Segundo de Control del Estado Lara de la presente decisión con copia certificada de la misma. QUINTO: la Una vez declarada definitivamente firme la presente sentencia, y vencido el lapso previsto en el artículo 448 del Código Orgánico Procesal Penal, remítase la totalidad del asunto al Archivo Judicial a los fines de su guarda y custodia.
Regístrese. Publíquese. Notifíquese a todas las partes. Cúmplase.
JUEZ SEGUNDO DE EJECUCIÓN
MARISOL LÓPEZ GONZÁLEZ
SECRETARIA
En esta misma fecha se dio cumplimiento a lo acordado en autos
SECRETARIA
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