REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER JUDICIAL Tribunal de Ejecución de Barquisimeto Barquisimeto, 11 de marzo de 2010 199º y 151º ASUNTO : KJ01-P-2009-000030 ASUNTO PRINCIPAL : KP01-P-2009-001965 AUTORIZACION DE TRASLADO Revisado la solicitud interpuesta por el penado EDUARDO ANTONIO SUÁREZ ROJAS, titular de la cédula de identidad Nº 15.170.454, quien cumple condena de OCHO (08) AÑOS DE PRISIÓN, por la comisión del delito de OCULTAMIENTO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTRÒPICAS, previsto y sancionado en El artículo 31 tercer 3º aparte de la Ley Orgánica Contra el Trafico Ilícito y el Consumo de Sustancias estupefacientes y Psicotrópicas, con la agravante del artículo 46 ordinal quinto 5º de la referida Ley, Se imponen como penas accesorias a la principal, las consagradas en el artículo 16 del Código Penal vigente, peticionando sea trasladado al Internado Judicial de San Felipe, Estado Yaracuy, por cuanto sus familia reside en el Estado Yaracuy, y por índole económico se le hace difícil visitarlo de forma frecuente. En relación a lo peticionado por el Penado se hace necesario revisar la Norma Constitucional la cual señala la Garantía a la que se debe el Estado para que se asegure la Rehabilitación del Interno. En otro orden de ideas el artículo 19 Constitucional dispone: “El Estado garantizará a toda persona, conforme al principio de progresividad y sin discriminación alguna, el goce y ejercicio irrenunciable, indivisible e interdependiente de los derechos humanos. Su respeto y garantía son obligatorios para los órganos del Poder Público, de conformidad con esta Constitución, con los tratados sobre derechos humanos suscritos y ratificados por la República y con las leyes que los desarrollen.” Por otra parte, el artículo 43 de la Carta Fundamental establece: “El Derecho a la Vida es Inviolable. Ninguna Ley podrá establecer la pena de muerte ni autoridad alguna aplicarla. El Estado protegerá la vida de las personas que se encuentren privadas de su libertad, prestando el servicio militar o civil, o sometida a su autoridad en cualquier forma”. La protección de las personas privadas de libertad es un deber del Estado, debiendo garantizar el establecimiento de políticas públicas, el respeto de estos Derechos para así cumplir con los postulados consagrados en la Constitución y en otros compromisos de carácter internacional suscritos por la República como lo son la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre, la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, entre otros. Considera este Tribunal, que lo mas ajustado a derecho es Autorizar al Director del Centro Penitenciario de Los Llanos, Guanare Estado Portuguesa, para que realice el traslado de EDUARDO ANTONIO SUÁREZ ROJAS, titular de la cédula de identidad Nº 15.170.454, al Internado Judicial de San Felipe, Estado Yaracuy, debiéndose realizar el Procedimiento Legal establecido en la Ley de Régimen Penitenciario a través de la Coordinación de Traslados de la Dirección General de Custodia y Rehabilitación del Recluso, con el objeto de poder conocer si están dadas las condiciones para recibir el respectivo traslado, garantizando así el resguardo de la integridad física del penado, tal y como lo señala los artículos 1, 9,11 y 12 de la mencionado Ley . Y Así Se Decide.- DISPOSITIVA¬ Por todas las razones de hecho y de derecho ya expuestas, este Tribunal en Función de Ejecución Nº 1 actuando en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, ACUERDA Autorizar al Director del Centro Penitenciario de Los Llanos, Guanare Estado Portuguesa, para que realice el Traslado con las seguridades del caso al Internado Judicial de San Felipe, Estado Yaracuy de EDUARDO ANTONIO SUÁREZ ROJAS, titular de la cédula de identidad Nº 15.170.454, haciendo la Salvedad este Juzgador que se deberá realizar el Procedimiento Legal establecido en los artículos 1, 9,11 y 12 de la Ley de Régimen Penitenciario a través de la Coordinación de Traslados de la Dirección General de Custodia y Rehabilitación del Recluso, con el objeto de poder conocer si están dadas las condiciones para recibir el respectivo traslado, garantizando así salvaguardar la salud y el resguardo de la integridad física del penado. Cúmplase lo Ordenado. Remítase Copia de la presente decisión anexa a Oficio al Director del Internado Judicial de San Felipe, Estado Yaracuy; al Director del Centro Penitenciario de Los Llanos, Guanare Estado Portuguesa; Notifíquese a la Fiscal 13 del Ministerio Público y la Defensa. Regístrese, Publíquese. EL JUEZ ABG. EDWIN ANDUEZA AMARO LA SECRETARIA