REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
TRIBUNAL DUODÉCIMO DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIONES DE CONTROL. EXTENSIÓN CARORA.

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO LARA
JUZGADO DECIMO SEGUNDO DE CONTROL
EXTENSION CARORA

Carora, 03 de junio de 2010
200º y 151º

ASUNTO PRINCIPAL : KP11-P-2010-000708
ASUNTO : KP11-P-2010-000708

JUEZ: ABOG: YALETZA CAROLINA ALVAREZ HERNANDEZ
SECRETARIO: ABOG. ORIEL ANTONIO PEREZ RODRIGUEZ
DENUNCIANTE: MIRIAM MANUELA GUEDEZ DE VASALLO
SOLICITANTE: FISCALIA OCTAVA DEL MINISTERIO PUBLICO
ASUNTO: DESESTIMACION DE DENUNCIA
Vista el contenido del escrito presentado por la Fiscalía Octava del Ministerio Público del Estado Lara, mediante la cual requiere la Desestimación de la Denuncia formulada por el ciudadano MIRIAM MANUELA GUEDEZ DE VASALLO, titular de la cédula de identidad Nº V- 4.805.062, este órgano jurisdiccional en funciones de control, previa revisión de las actuaciones que conforman la solicitud realizada el día 30 de abril del corriente año, y la cual fuere dada cuenta a quien con tal carácter suscribe como Juez, el día 01 del presente mes y año, observando que la denuncia efectuada por la Victima es de fecha 05 de marzo del presente año, siendo del contenido del articulo 301 del texto adjetivo penal, el ente fiscal dentro de los treinta días hábiles siguientes a la denuncia o querella, solicitara al Juez de Control, mediante escrito motivado, su desestimación, por lo que en atención a lo establecido en los artículos 26 y 257 del texto programático constitucional, en concordancia con lo establecido en la citada norma adjetiva penal, se pronuncia en los términos que a continuación se señalan.
Se recibió ante el referido Despacho Fiscal, denuncia formulada por la prenombrada ciudadana el ciudadano JOSE CAMPOS, presentando acta de denuncia realizada ante el Comando Regional Número 04, Destacamento número 47, Tercera compañía de la Guardia nacional Bolivariana de Venezuela, realizada en la oportunidad ya indicada, mediante la cual la denunciante expuso: “… el día de hoy recibí una llamada donde la persona que estaba hablando conmigo me conoce toda mi vida y todos mis movimientos a su vez esta persona me dijo que le habían dado el trabajo de eliminarme y que el trabajo lo iba a pagar una mujer que le estaba pagando 100 millones pero que le había salido con 50 millones, entonces esa persona me estaba llamando para ponerme en alerta, igualmente me dijo que el trabajaba para una banda organizada que tenia su zona en San Cristóbal y Cúcuta y que en esos momentos había alguien vigilándome todos mis pasos, luego de eso me indicaron que no fuera a la Guardia Nacional porque si no iban a proceder, luego de escuchar a esta persona le dije que me estaba desmayando y colgué el teléfono…”

Ahora bien, el pedimento realizado por la Vindicta Pública esta fundamentado de conformidad con lo establecido en los artículos 11, 24 y 301 del Código Orgánico Procesal Penal, siendo que la ultima disposición señala “El Ministerio Público, dentro de los treinta días hábiles siguientes a la recepción de la denuncia o querella, solicitará al Juez o Jueza de Control, mediante escrito motivado, su desestimación, cuando el hecho no revista carácter penal o cuya acción está evidentemente prescrita, o exista un obstáculo legal para el desarrollo del proceso.
Se procederá conforme a lo dispuesto en este artículo, si luego de iniciada la investigación se determinare que los hechos objeto del proceso constituyen delito cuyo enjuiciamiento solo procede a instancia de parte agraviada".
En igual sentido, los artículos 11 y 24 del texto adjetivo penal, hacen referencia, el primero, en cuanto a la titularidad de la acción penal corresponde al Ministerio Publico, quien esta obligado a ejercerla, salvo las excepciones legales, y la segunda en cuanto a que dicha acción debe ser ejercida por el ente fiscal de oficio, salvo que sólo pueda ejercerse por la victima o a su requerimiento.
En este sentido, se observa que la solicitud de Desestimación de la Denuncia es interpuesta ante este Tribunal por el órgano competente que tiene la facultad de solicitarla, de conformidad con lo dispuesto en los Artículo 285 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 11, 24 y 301 del texto adjetivo penal, toda vez que, como ya se indicara, es al Ministerio Público a quien le corresponde la titularidad y el ejercicio de la acción penal en los delitos de acción pública.
Del contenido de la denuncia considera la Representación Fiscal que los hechos denunciados encuadran en el tipo penal establecido en el ultimo aparte del articulo 175 del Código Penal Venezolano Vigente, esto es el delito de AMENAZAS, considerando que no obstante dicha disposición prevé el enjuiciamiento para el tipo penal señalado a instancia de parte, requiriendo la desestimación de la denuncia, de conformidad con lo establecido en el articulo 301 del texto adjetivo Penal, así como la notificación al denunciante.
Ahora bien, el articulo 175 del Código Penal venezolano vigente, referido al delito de Amenazas, indicando en su ultimo aparte que el que amenazare a alguno con causarle un daño grave e injusto, será castigado con relegación a una colonia penitenciaria por tiempo de uno a diez meses o arresto de quince días a tres meses, previa la querella del amenazado, observando del contenido de las actuaciones presentadas por el ente fiscal que hasta la presente fecha la denunciante no ha realizado ninguna actuación en tal sentido,.
Siendo esta la situación de autos quien decide comparte los fundamentos de la Fiscal del Ministerio Público, en el sentido de que los hechos denunciados, encuadran en el tipo penal ya descrito, el cual es procedente a instancia de parte, no obstante, la denuncia fue realizada el día 05 de marzo del presente año y el escrito presentado por el Despacho Fiscal ante la unidad de recepción y distribución de documentos de este Circuito y extensión, fue realizado el día 29 de abril del corriente año, habiendo transcurrido mas de los treinta días a lo que alude la norma en comento, por lo que en aplicación del articulo 257 de la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela, en concordancia con el articulo 26 ejusdem, por lo que si bien el presente fallo declara con lugar el pedimento del ente fiscal, resulta obligatorio y de pleno derecho instar al despacho fiscal a los fines de practicar las actuaciones, e investigaciones, para el caso de ser necesarias, si fuere la situación procesal se culmine el proceso penal dentro de los lapsos establecidos por el legislador, esto es para el caso de la desestimación dentro de los treinta hábiles siguientes a la recepción de la denuncia o querella. Y ASI SE ESTABLECE.
Por las razones anteriormente expuestas este Juzgado Décimo Segundo de Control Administrando Justicia en Nombre de la República y por Autoridad de la Ley, PRIMERO: Se declara con lugar la desestimación de la denuncia, que interpuso la Fiscalía Octava del Ministerio Público del Estado Lara, en relación a la denuncia formulada por la ciudadana MIRIAM MANUELA GUEDEZ DE VASALLO, titular de la cédula de identidad Nº V- 4.805.062, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 301 del Código Orgánico Procesal Penal y en consecuencia ordena la devolución de las actuaciones al Ministerio Público de conformidad con lo dispuesto en el artículo 302 ejusdem, en la oportunidad legal correspondiente. SEGUNDO: Se ordena librar comunicación a fin de instar al despacho fiscal a los fines de practicar las actuaciones, e investigaciones, para el caso de ser necesarias, si fuere la situación procesal se culmine el proceso penal dentro de los lapsos establecidos por el legislador, esto es para el caso de la desestimación dentro de los treinta hábiles siguientes a la recepción de la denuncia o querella. TERCERO: Notifíquese a las partes. Remítase en su oportunidad a la Fiscalía Octava del Ministerio Público. Y ASI SE DECIDE.
LA JUEZA DECIMA SEGUNDA DE CONTROL


ABOG. YALETZA CAROLINA ÁLVAREZ HERNANDEZ
EL SECRETARIO
ABOG. ORIEL ANTONIO PEREZ RODRIGUEZ
En la misma fecha se publicó la presente decisión, dejándose copia certificada de la misma en el Juzgado.

EL SECRETARIO
ABOG. ORIEL ANTONIO PEREZ RODRIGUEZ