REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER JUDICIAL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO LARA TRIBUNAL DE JUICIO Nº 4 Barquisimeto, 30 de agosto de 2010. Años: 200º y 151º. ASUNTO PRINCIPAL: KP01-P-2010-002499 Vista la solicitud de revisión de la Medida Cautelar de Privación Judicial Preventiva de Libertad, dictada en contra del ciudadano Rafael Alejandro Gil Vásquez, cédula de identidad Nº: 19.423.785, por la presunta comisión del delito de Robo Agravado, previsto y sancionado en el artículo 458 del Código Penal, a tenor de lo dispuesto en los artículos 250 y 251 del Código Orgánico Procesal Penal, efectuada por la Defensa Técnica Abg. Edgar Alvarado Deyongh, conforme al artículo 264 del Código Orgánico Procesal Penal, este Tribunal observa: Revisado el presente asunto se evidencia que al acusado de autos Rafael Alejandro Gil Vásquez, le fue decretada la medida de Privación de Libertad en fecha 25-04-10, en audiencia de presentación. Alega la Defensa Técnica del acusado, entre otras cosas, que visto el escrito presentado por la victima, el cual señala textualmente que debido a su condición de salud, hipertensión y ser extremadamente nervioso, que las personas que había señalado en la audiencia preliminar como las que las robaron, nunca las había visto y que para ese momento estaba desequilibrado; es por ello que solicita la revisión de la medida y por ende la imposición de una menos gravosa de las contempladas en el artículo 256 del Código Orgánico Procesal Penal, debido a que su representado es inocente. Ahora bien, esta Juzgadora vistos los alegatos de la defensa hace las siguientes consideraciones previas, a los fines de pronunciarse sobre la petición presentada. Nuestro Código Orgánico Procesal Penal consagra como uno de los Principios y Garantías Procesales del sistema penal venezolano, la Afirmación de Libertad, según el cual las disposiciones que autorizan preventivamente la privación o restricción de la libertad o de otros derechos del imputado o su ejercicio, tienen carácter excepcional, solo podrán ser interpretadas restrictivamente, y su aplicación debe ser proporcional a la pena o medida de seguridad que pueda ser impuesta en la definitiva, principio éste que debe necesariamente concatenarse con el Estado de Libertad y Proporcionalidad señalados en los artículos 243 y 244 de la citada norma adjetiva vigente, en los que se indica la excepcionalidad de la privación de libertad y su procedibilidad cuando las demás medidas cautelares sean insuficientes para asegurar las finalidades del proceso, así como las circunstancias que deben tomar en cuenta los operadores de justicia para decretarla y las cuales no pueden sobrepasar la pena mínima prevista para cada delito, ni exceder del plazo de dos años. En cuanto a los alegatos esgrimidos por la Defensa considera quien decide que, los mismos no pueden ser considerados en este estado a los fines de la modificación o sustitución de la medida de privación de libertad del imputado, es decir, no es razón suficiente para que la medida de privación judicial de libertad pierda su esencia, toda vez que esta fue impuesta a los fines de asegurar las resultas del proceso, dado el hecho imputado, como lo es el delito de Robo Agravado, previsto y sancionado en el artículo 458 del Código Penal, son alegatos que se deben debatirse en la audiencia de Juicio Oral y Público. En resumen, a juicio de quien decide, estas circunstancias alegadas por la Defensa, ut supra señaladas, no constituyen motivos para el otorgamiento de una medida menos gravosa, porque no desvirtúan los supuestos de la procedencia de la medida de privación de libertad decretada, es decir, estábamos y estamos en presencia de un hecho punible que merece pena privativa de libertad y cuya acción penal no se encuentra prescrita, fundados elementos de convicción para estimar que el imputado de autos ha sido participe en la comisión del hecho punible y una presunción razonable, por la apreciación de las circunstancias del caso en particular de peligro de fuga. Con base a lo anteriormente expuesto, estima quien decide que lo pertinente y ajustado a la ley es ordenar la permanencia de la medida de coerción personal cuestionada por invariabilidad de las circunstancias que motivaron su decreto, a los fines de garantizar las resultas del proceso penal que se ha instaurado en la presente causa, y así se decide Sin que la negativa del otorgamiento de una medida menos gravosa en esta etapa del proceso, entre a prejuzgar sobre la culpabilidad o no, del acusado ciudadano Rafael Alejandro Gil Vásquez, cédula de identidad Nº: 19.423.785, lo cual es materia que en la definitiva será objeto de un contradictorio debate oral y público, y así se establece. DISPOSITIVA En mérito a las consideraciones que anteceden, este Juzgado de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Lara, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, NIEGA POR IMPROCEDENTE, la revisión de la medida de coerción personal peticionada por la defensa técnica del imputado Rafael Alejandro Gil Vásquez, cédula de identidad Nº: 19.423.785 y acuerda MANTENER LA MISMA CON TODOS SUS EFECTOS, a tenor de lo dispuesto en los artículos 250 y 251 del Código Orgánico Procesal Penal. Notifíquese a las partes la presente decisión. Regístrese. Cúmplase. Abg. Leila Ibarra Jueza Cuarta de Juicio Secretaria Administrativa