REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario, Bancario y del Tránsito del Primer Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar
Ciudad Bolívar, 06 de abril de 2010
199º y 151º
ASUNTO: FP02-S-2010-001205
RESOLUCION Nº PJ0182010000139
Se recibieron las presentes actuaciones por distribución de fecha 25 de marzo de 2010, actuaciones estas que contienen la demanda de ENTREGA MATERIAL propuesta por los ciudadanos RAFAEL ALBERTO GONZALEZ RODRIGUEZ y MARLEN DIFELICE, venezolanos, mayores de edad, titulares de la Cédula de Identidad Nos. V-3.500.321 y V-8.870.232 respectivamente y de este domicilio, debidamente asistidos de los abogados HECTOR ANDRES BENCHOCRON NUÑEZ y ANIUSKA GUEVARA SANCHEZ, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nos. 30.598 y 119.203 respectivamente y de este mismo domicilio.
Ahora bien, por cuanto de la revisión realizada a la misma, se observa que se trata de una entrega material, la cual es de jurisdicción voluntaria, el tribunal, a fin de pronunciarse sobre la admisibilidad o no de la presente demanda, considera oportuno realizar las siguientes consideraciones:
PRIMERO: Para el autor patrio Arístides Rengel Romberg la jurisdicción, es “la función estatal destinada a la creación por el juez de una norma individual y concreta necesaria para determinar la significación jurídica de la conducta de los particulares, cada vez que entre ellos surjan conflictos de intereses y de asegurar por la fuerza, si fuere necesario, la práctica de la ejecución de la norma creada”; mientras que por competencia debe entenderse “la medida de la jurisdicción que ejerce en concreto el juez en razón de la materia, del valor de la demanda y del territorio” (Tratado de Derecho Procesal Civil Venezolano, Tomo I. Teoría General del Proceso, pags. 60 y 252).
En el orden indicado, los límites de la jurisdicción del juez, que le imponen las reglas de la competencia, operan sólo en la esfera de los diferentes órganos del Poder Judicial, lo que se traduce en que la incompetencia del juez, bien por la materia, por la cuantía o por el territorio no supone su falta de jurisdicción, que la tiene, habida consideración que carecerá de ella sólo cuando el asunto sometido a su consideración no corresponda en absoluto a la esfera de poderes atribuidos a los órganos del Poder Judicial, sino a otros órganos del Poder Público, verbigracia como el Ejecutivo o el Legislativo, o a Tribunales extranjeros.
SEGUNDO: Por su parte la competencia del juez, es entendida como la medida de jurisdicción, como la parcela o porción de ésta que corresponde a un tribunal para decidir determinado tipo de controversias y no a otro, según diversos criterios como territorio, cuantía y materia, cuya regulación se encuentra establecida en el Capítulo I del Libro Primero del Código de Procedimiento Civil.
En ese sentido, el autor Arístides Rengel Romberg en su obra titulada “Tratado de Derecho Procesal Civil Venezolano”, expresa que en la determinación de la competencia por el valor no se atiende a la calidad de la relación controvertida, sino al aspecto cuantitativo de la misma, y con base al valor se distribuye el conocimiento de las causas entre diversos jueces, así la determinación de la competencia por el valor de la demanda no da lugar, como ocurre en la determinación de la competencia por la materia, a la distribución de las causas entre jueces ordinarios o jueces especiales, sino a la distribución de ellas entre diversos tipos de jueces ordinarios.
Al efecto cabe acotar, que nuestro legislador dividió la competencia de la siguiente manera: materia, cuantía y territorio; las dos primeras son irrenunciables por ser de estricto orden público, de tal manera, que al plantearse una controversia el Juez deberá verificar si es competente por la materia y por la cuantía para comenzar a conocer del caso y si no lo fuere, se encuentra en la obligación legal de declinar su competencia en quien esté investido de ella. Si se trata de competencia por la cuantía, esta se determinara por el valor del objeto de la demanda. De modo pues, que el Juez que determine su incompetencia deberá por imperativo de la Ley, declinarla con el fin de depurar el proceso de posibles vicios que puedan afectarlos de nulidad.
Ahora bien, en nuestro sistema los asuntos se distribuyen, por su valor, en dos categorías de juzgados; los juzgados de municipio y los juzgados de primera instancia. Y tal como lo señala la Resolución N° 2009-006, emanado del Tribunal Supremo de Justicia, de fecha 02-04-2009, se modifican a nivel nacional las competencias de los juzgados para conocer los asuntos en materia Civil, Mercantil y Transito de la siguiente manera: a) Los juzgados de Municipio categoría C en el escalafón judicial, conocerán en primera instancia de los asuntos contenciosos cuya cuantía no exceda de tres mil unidades tributarias (3000 UT); b) Los juzgados de Primera Instancia, categoría B en el escalafón judicial conocerán en primera instancia de los asuntos contenciosos cuya cuantía exceda de tres mil unidades tributarias (3000 UT). A los efectos de la determinación de la competencia por la cuantía, en todos los asuntos contenciosos cuyo valor sea apreciable en dinero, conste o no el valor de la demanda, los justiciables deberán expresar, además de las sumas en bolívares conforme al Código de Procedimiento Civil y demás leyes que regulen la materia, su equivalente en unidades tributarias (UT) al momento de la interposición de la demanda por la cuantía de los tribunales.
Asimismo, en el artículo 3 de dicha resolución, señala lo siguiente: “Los Juzgados de Municipio conocerán de forma exclusiva y excluyente de todos los asuntos de jurisdicción voluntaria o no contenciosa en materia civil, mercantil, familia sin que participen niños, niñas y adolescentes, según las reglas ordinarias de la competencia por el territorio, y en cualquier otro de semejante naturaleza. En consecuencia, quedan sin efecto las competencias designadas por textos normativos preconstitucionales. Quedando incólume las competencias que en materia de violencia contra la mujer tienen atribuida”.
TERCERO: En el caso que nos ocupa, tenemos que se trata de una demanda dirigida a la ENTREGA MATERIAL de un bien inmueble, la cual es de jurisdicción voluntaria, como en efecto, el artículo 930 del Código de Procedimiento Civil, regula un procedimiento de Jurisdicción Voluntaria, es decir, no contencioso, por lo cual no envuelve el ejercicio de una acción y con él no se procura ventilar derechos ni obtener decisión alguna de la justicia respecto a derechos que tengan o crean tener los intervinientes y cuya venta fue por el valor de UN MILLON QUINIENTOS MIL BOLIVARES (Bs.1.500.000,oo), que a la moneda actual representa un valor de UN MIL QUINIENTOS BOLIVARES (Bs.1.500,oo).
DISPOSITIVO
Este Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario, Bancario y del Tránsito del Primer Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, de conformidad con lo establecido en los artículos 28, 930 y 934 del Código de Procedimiento Civil, se declara INCOMPETENTE por la MATERIA Y CUANTIA para conocer del presente asunto y consecuencialmente DECLINA la COMPETENCIA para el Juzgado del Municipio Heres de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar.
Publíquese, regístrese y déjese copia certificada de esta decisión, remítase el presente expediente a la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (U.R.D.D.) ubicado en el Palacio de Justicia de esta Ciudad Bolívar, a fin de que sea itinerado a un Juzgado del Municipio Heres de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, para que conozca de la anterior solicitud.
Dada, firmada, y sellada en la sala de despacho del JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, AGRARIO, BANCARIO Y DEL TRANSITO DEL PRIMER CIRCUITO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO BOLIVAR, en Ciudad Bolívar, a los seis (06) días del mes de abril de dos mil diez (2010). Años: 199º de la Independencia y 151º de la Federación.
La Juez,
Dra. Haydee Franceschi Gutiérrez.
La Secretaria,
Abg. Irassova Andrade.
HFG/belkis
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