TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL

Juzgado de Primera Instancia de Juicio de la Coordinación del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Lara
Barquisimeto, dieciséis de septiembre de dos mil nueve
199º y 150º

ASUNTO: KP02-L-2008-000490

Nº DE EXPEDIENTE: KP02-L-2008-000490

PARTE ACTORA: DANIEL RODRIGUEZ CORDERO, CRISTOBAL ANTONIO CORDERO PEREZ, CARLOS ENRIQUE CORDERO, titulares de las Cédulas de Identidad Nros V- 7.427.581, V- 17.012.207, V- 21.142.943 respectivamente.

APODERADOS DE LA PARTE DEMANDANTE: MARIELA POTENZA Y ANDRES JIMENEZ, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nro 71.791 y 114.383.-

PARTE DEMANDADA: OFIMUEBLES.COM C.A. e INVERSIONES IBERICA DE OCCIDENTE C.A.

APODERADO DE LA ACCIONADA: JOSE ANTONIO ANZOLA, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nros. 29.566.-

Motivo: Cobro de Prestaciones Sociales

I
Breve Reseña de los Hechos

Se inicia el presente proceso por demanda incoada por los ciudadanos DANIEL RODRIGUEZ CORDERO, CRISTOBAL ANTONIO CORDERO PEREZ, CARLOS ENRIQUE CORDERO, titulares de las Cédulas de Identidad Nros V- 7.427.581, V- 17.012.207, V- 21.142.943 respectivamente, debidamente asistidos por los Abogados MARIELA POTENZA Y ANDRES JIMENEZ, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nro 71.791 y 114.383, en contra de OFIMUEBLES.COM C.A. e INVERSIONES IBERICA DE OCCIDENTE C.A , por Cobro de Prestaciones Sociales, en fecha 05 de agosto del 2008, dándose esta por recibida en el Juzgado Cuarto de Primera Instancia de Sustanciación Mediación y Ejecución de esta Coordinación, en fecha 7 de marzo del 2008, admitiéndose en fecha 07 de marzo del 2008, dándose inicio a la Audiencia Preliminar en fecha 14 de marzo del 2008; prolongándose esta en varias oportunidades hasta fecha 21 de noviembre del 2008, fecha en la cual se dio por concluida, agregándose las pruebas al expediente, posteriormente en fecha 29 de abril del 2009, la demandada dio contestación a la demanda incoada en su contra, remitiéndose la causa a los Tribunales de Juicio en fecha 0630 de abril del 2009.-

Ahora bien, se desprende de autos que en fecha 4 de junio del 2009, se dio por recibido en este Tribunal la presente causa, y que en fecha 29 de junio del 2009, se admitieron las pruebas promovidas por las partes y se fijo la oportunidad para la celebración de la audiencia de juicio, celebrándose esta en fecha 15 de julio del 2009 prolongándose esta hasta en fecha 10 de agosto del 2009, oportunidad en la cual, el Tribunal le concede a las partes un lapso de 10 minutos para cada una de ellas, a los fines de realizar sus alegatos de defensas, comenzando por la parte actora. Asimismo el Juez insta a las partes a hacer uso de los medios de auto composición laboral, dejándose constancia que la Secretaria del Tribunal realizará un resumen de dichas exposiciones. En este estado ambas partes, manifiestan su intención de llegar a un acuerdo, en las siguientes condiciones:

Toma la palabra la parte accionada quien expone: Reconozco la relación laboral. En razón a ello, ofrezco en este acto pagar los siguientes montos: Para el ciudadano DANIEL CORDERO, la cantidad de SIETE MIL BOLIVARES FUERTES (Bs.f. 7.000, 00), para el ciudadano CRISTOBAL CORDERO, la cantidad de NUEVE MIL BOLIVARES (Bs. 9.000,oo), y para el ciudadano CARLOS CORDERO, la cantidad de NUEVE MIL BOLIVARES FUERTES (Bs. 9.000,oo) y que en total suma la cantidad de VEINTINCO MIL BOLIVARES FUERTES (Bs. 25.000,oo). Estas cantidades incluyen todos los conceptos reclamados en el libelo de demanda, prestación antigüedad y sus intereses, vacaciones y bono vacacional, utilidades e indemnización por despido injustificado, lo cual, de ser aceptado por la parte actora, se ofrece pagar en dos cuotas iguales y consecutivas por la cantidad de DOCE MIL QUINIENTOS BOLIVARES FUERTES (Bs. 12.500,oo) una en este mismo acto y la segunda el día 14 de septiembre de 2009.

Los trabajadores con su abogado asistente toman la palabra y exponen: con el propósito de dar por terminada la presente reclamación aceptamos el planteamiento de la parte accionada, por lo que aceptamos y recibimos el monto y la forma de pago ofrecida en este acto, que incluye todos los conceptos reclamados, con lo cual la demandada nada adeuda, ni por estos, ni por ningún otro concepto, derivado de la relación laboral que nos unió.

El Tribunal, luego de oír a las partes y atendiendo el pedimento de las mismas procede a homologar el acuerdo, obligándose el demandado a pagar de la totalidad de las cantidades que le corresponden a cada trabajador para el ciudadano DANIEL CORDERO, la cantidad de SIETE MIL BOLIVARES FUERTES (Bs.f. 7.000, 00), para el ciudadano CRISTOBAL CORDERO, la cantidad de NUEVE MIL BOLIVARES (Bs. 9.000,oo), y para el ciudadano CARLOS CORDERO, la cantidad de NUEVE MIL BOLIVARES FUERTES (Bs. 9.000,oo) y que en total suma la cantidad de VEINTINCO MIL BOLIVARES FUERTES (Bs. 25.000,oo). Estas cantidades incluyen todos los conceptos reclamados en el libelo de demanda, prestación antigüedad y sus intereses, vacaciones y bono vacacional, utilidades e indemnización por despido injustificado.

Visto el ofrecimiento efectuado por la accionada, la parte demandante ciudadanos: DANIEL RODRIGUEZ CORDERO, CRISTOBAL ANTONIO CORDERO PEREZ, CARLOS ENRIQUE CORDERO, antes identificados, convienen en este, aceptando tanto la cantidad, como la forma de pago ofertadas por el demandado, manifestando además, que nada queda a deberle por ningún concepto derivado de la relación laboral, dándose por satisfechas todas las reclamaciones efectuadas por este; en relación a esto quien aquí Juzga considera conveniente analizar lo concerniente a la conciliación, y pasa a hacerlo en los siguientes términos:

La conciliación constituye uno de los medios de autocomposición procesal mediante el cual las partes, haciendo mutuas concesiones, pueden poner fin a la controversia existente en cualquier etapa del proceso, al respecto señala nuestro texto constitucional su Artículo (258), que la ley promoverá cualquier medio alternativo de resolución de conflictos, en los que destaca el arbitraje, la conciliación y la mediación.

En efecto, la consagración constitucional de los medios alternativos de resolución de conflictos obedece a la necesidad latente en nuestro sistema de justicia, de solventar las controversias intersubjetivas a través de vías más expeditas y económicas, cuya implementación, dentro o fuera del proceso, abre otras puertas al justiciable para lograr la satisfacción y tutela de sus derechos e intereses y permite el descongestionamiento de los tribunales ordinarios.

La Ley Orgánica Procesal del Trabajo, en su artículo 6 consagra la facultad del juez para la aplicación de medios alternativos de resolución de conflictos en los términos siguientes:

´´ El Juez es el rector del proceso y debe impulsarlo personalmente, a petición de parte o de oficio, hasta su conclusión. A este efecto, será tenida en cuenta también, a lo largo del proceso, la posibilidad de promover la utilización de medios alternativos de solución de conflictos, tales como la conciliación la mediación y arbitraje. Los jueces que han de pronunciar la sentencia deben presenciar el debate y la evacuación de las pruebas, de las cuales obtienen su convencimiento…..´´

Ahora bien, en materia laboral, la conciliación se logra como resultado de la mediación, considerando que ésta última es labor principal del Juez de Sustanciación, Mediación y Ejecución, lo que ha llevado a la adoctrina a sostener que la mediación funge dentro del proceso laboral como una “transacción asistida”, pues corresponde al juez indicar concretamente los puntos de coincidencia de las partes y conducirlos a proponer formas de arreglo que resulten ventajosas y seguras para ambas, sin adelantar opinión sobre el fondo del juicio y sin comprometer su autonomía e imparcialidad.

Sin embargo, la mediación no es una función exclusiva y excluyente del Juez de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo, por el contrario, todos los jueces laborales deben actuar en procura de ello y así lo ha sostenido el ilustre procesalita Henríquez La Roche cuando señala que aún y cuando es facultad expresa que el Juez de Sustanciación Mediación y Ejecución, es quien debe mediar, nada impide que un juez de Juicio, Superior, o la misma Sala procure un avenimiento entre las partes.
En cualquier instancia y grado del proceso antes de la sentencia debe procurarse una conciliación entre las partes, no excluyéndose de ello a esta Instancia, una vez que las partes convengan de mutuo acuerdo en una transacción, es deber del juez verificar la capacidad de las partes para disponer del proceso.

Establecido lo anterior, quien aquí Juzga, debe en primer término verificar la capacidad de las partes que desean celebrar la transacción con el fin de ponerle fin a la controversia, en aras de dar cumplimiento a la sentencia proferida por la Sala Constitucional en fecha 21 de Enero de 2000, con ponencia del Magistrado José M. Delgado Ocando:

“…En primer término, debe esta Sala precisar que la homologación de una transacción es el acto por el cual el juez imparte su aprobación al contrato bilateral por el que las partes, mediante recíprocas concesiones, terminan –en el caso de autos- un litigio pendiente; es decir, los efectos procesales de la transacción no se producen sino a partir de la referida homologación, por lo que sólo desde ese momento puede hacerse referencia a la fuerza de cosa juzgada que tiene entre las partes. La gravedad de ello, por tanto, obliga a la verificación de la capacidad de las partes para disponer del proceso, y, muy especialmente, de los abogados que como apoderados las representen, por parte de la autoridad, jurisdiccional a la cual competa impartir tal aprobación.”

Sobre la base de lo anterior, debe este Honorable Tribunal pronunciarse sobre la capacidad de las partes para transar, a cuyos efectos debe proceder al examen de las actas procesales, dejando constancia, que los trabajadores DANIEL RODRIGUEZ CORDERO, CRISTOBAL ANTONIO CORDERO PEREZ, CARLOS ENRIQUE CORDERO, titulares de las Cédulas de Identidad Nros V- 7.427.581, V- 17.012.207, V- 21.142.943 respectivamente, se encontraron presente en todo momento, además de estar asistido por la Abogado MARIELA POTENZA, inscrita en el inpreabogado bajo el Nro. 71.791, actuando con plena capacidad, libre consentimiento, sin coacción, ni constreñimiento alguno, indicando además, que con respecto a los pagos de sus acreencias, beneficios y cualquier otra cantidad que se le adeude, una vez honrada con la obligación aquí contraída por la demandada, no le adeudará pago alguno, por lo que solicitan que se homologue el presente acuerdo. Así se declara.-

Con respecto a la capacidad para actuar del Abogado MARIELA POTENZA Y ANDRES JIMENEZ, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nro 71.791 y 114.383; consta en autos el poder Laboral que le fuere conferido, por los ciudadanos DANIEL RODRIGUEZ CORDERO, CRISTOBAL ANTONIO CORDERO PEREZ, CARLOS ENRIQUE CORDERO, verificándose que en el ejercicio de este poder, se encuentra facultados para desistir, transigir, convenir, entre otras. Así se declara.-

Con respecto a la capacidad para actuar del Abogado JOSE ANTONIO ANZOLA, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nros. 29.566; consta en autos el poder Apud Acta que le fuere conferido, por las accionadas OFIMUEBLES.COM C.A. e INVERSIONES IBERICA DE OCCIDENTE C.A. , verificándose que en el ejercicio de este poder, se encuentra facultados para desistir, transigir, convenir, entre otras. Así se declara.-

En este sentido, siendo que se cumplieron con todos los requisitos de ley, así como los demandantes manifestaron su conformidad con las cantidades ofertadas a su favor, manifestando además que con el pago ofrecido, nada tiene que reclamar a la demandada OFIMUEBLES.COM C.A. e INVERSIONES IBERICA DE OCCIDENTE C.A., toda vez que con el pago ofertado y una vez recibido, quedaran satisfechas todas las pretensiones esbozadas por los actores en su escrito libelar vale decir, con respecto al ciudadano DANIEL CORDERO, la cantidad de SIETE MIL BOLIVARES FUERTES (Bs.f. 7.000, 00), para el ciudadano CRISTOBAL CORDERO, la cantidad de NUEVE MIL BOLIVARES (Bs. 9.000,oo), y para el ciudadano CARLOS CORDERO, la cantidad de NUEVE MIL BOLIVARES FUERTES (Bs. 9.000,oo) y que en total suma la cantidad de VEINTINCO MIL BOLIVARES FUERTES (Bs. 25.000,oo). Estas cantidades incluyen todos los conceptos reclamados en el libelo de demanda, prestación antigüedad y sus intereses, vacaciones y bono vacacional, utilidades e indemnización por despido injustificado, lo cual, dicha accionada se ofrece pagar en dos cuotas iguales y consecutivas por la cantidad de DOCE MIL QUINIENTOS BOLIVARES FUERTES (Bs. 12.500,oo) una en este mismo acto y la segunda el día 14 de septiembre de 2009.; visto esto, este Tribunal, en cumplimiento de la ley sustantiva laboral y su reglamento, pasa a homologar el presente transacción otorgándole el carácter de Cosa Juzgada.

Asociado a lo anterior, también apreció este Juzgador, de igual forma que las partes dieron su consentimiento en forma libre de coacción y apremio alguno, cumpliéndose con lo señalado en los artículos 10 y 11 del Reglamento de la ley sustantiva del Trabajo, de lo cual se desprende:

Artículo 10: de conformidad con el principio de irrenunciabilidad de los derechos que favorezcan al trabajador y trabajadora, contemplado en el numeral 2 del artículo 89 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con el artículo 3 de la Ley Orgánica del Trabajo, las transacciones y convenimientos sólo podrán realizarse al término de la relación laboral y siempre que versen sobre derechos discutidos, consten por escrito y contengan una relación circunstanciada de los hechos que las motiven y de los derechos en ellas comprendidos.

En consecuencia no será estimada como transacción la simple relación de derechos, aun cuando el trabajador o trabajadora hubiere declarado su conformidad con lo pactad. En este supuesto, el trabajador o trabajadora conservará íntegramente las acciones para exigir el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la relación de trabajo.-

Artículo 11: La transacción celebrada por ante el juez o jueza, inspector o inspectora del trabajo competente, debidamente homologada, tendrá derecho de cosa juzgada.

Parágrafo Primero: cuando la transacción, fuere presentada para su homologación, el funcionario o funcionaria, competente deberá constatar el cumplimiento de los extremos del artículo anterior y cerciorarse que el trabajador o trabajadora actúa libre de constreñimiento alguno (…)

Visto esto, este Tribunal en cumplimiento de la ley sustantiva laboral y su reglamento, pasa a homologar el acuerdo antes descrito y con el mismo se le están consagrando a los trabajadores todos sus derechos que fueron objetos de la pretensión con respecto al ciudadano :DANIEL CORDERO, la cantidad de SIETE MIL BOLIVARES FUERTES (Bs.f. 7.000, 00), para el ciudadano CRISTOBAL CORDERO, la cantidad de NUEVE MIL BOLIVARES (Bs. 9.000,oo), y para el ciudadano CARLOS CORDERO, la cantidad de NUEVE MIL BOLIVARES FUERTES (Bs. 9.000,oo) y que en total suma la cantidad de VEINTINCO MIL BOLIVARES FUERTES (Bs. 25.000,oo). Estas cantidades incluyen todos los conceptos reclamados en el libelo de demanda, prestación antigüedad y sus intereses, vacaciones y bono vacacional, utilidades e indemnización por despido injustificado. Visto esto, este Tribunal, en cumplimiento de la ley sustantiva laboral y su reglamento, pasa a homologar el presente transacción. Así se decide.-

Decisión

En virtud de las consideraciones expuestas previamente, este Juzgado Segundo del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, administrando Justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara: HOMOLOGADO la transacción celebrada entre los ciudadanos: DANIEL RODRIGUEZ CORDERO, CRISTOBAL ANTONIO CORDERO PEREZ, CARLOS ENRIQUE CORDERO, titulares de las Cédulas de Identidad Nros V- 7.427.581, V- 17.012.207, V- 21.142.943 respectivamente, debidamente asistidos por los Abogados MARIELA POTENZA Y ANDRES JIMENEZ, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nro 71.791 y 114.383, y el abogado JOSE ANTONIO ANZOLA, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nros. 29.566, respectivamente en su carácter de Apoderado Judicial de la demandada: OFIMUEBLES.COM C.A. e INVERSIONES IBERICA DE OCCIDENTE C.A., motivo: cobro de prestaciones sociales.

Ahora bien, visto el acuerdo satisfactorio a que han llegado las partes, este Juzgador, en aplicación de los medios alternativos de resolución de conflictos, como principio contemplado en la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, administrando Justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley HOMOLOGA el acuerdo antes descrito.

Publíquese, regístrese la presente decisión.-
Dada, firmada, sellada y refrendada en la Sala de Despacho del Juzgado Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, en Barquisimeto, a los (16) días del mes de septiembre del año 2009 Años: 199º de la Independencia y 150º de la Federación.

El Juez
Abg. Rubén Medina Aldana

Secretaria
Abg. Marielena Pérez

Nota: En esta misma fecha a los (16) días del mes de septiembre del año 2009, se dictó y publicó la anterior decisión. Años: 199° de la Independencia y 150° de la Federación.-

Secretaria
Abg. Marielena Pérez