REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER JUDICIAL CIRCUITO JUDICIAL PENAL CIRCUNSCRIPCION DEL ESTADO LARA TRIBUNAL DE EJECUCION Nº 1 Barquisimeto, 29 de Septiembre de 2009 Años: 199º y 150º Asunto: KP01-P-2001-001736 Revisado la solicitud interpuesta por el penado en forma voluntaria, STARLIN AZUAN QUERO, titular de la Cédula de Identidad Nº 16.530.197, quien fue sentenciado a cumplir las penas de: 1) Asunto KP01-P-2001-001736, OCHO (08) AÑOS Y DIEZ (10) MESES DE PRESIDIO, por la comisión del delito de ROBO AGRAVADO Y PORTE ILÍCITO DE ARMA DE FUEGO, por el Tribunal de Control Nº 05 del Circuito Judicial Penal del Estado Lara, en fecha 15/01/02. 2) Asunto KP01-P-2006-000029, OCHO (08) AÑOS Y NUEVE (09) MESES DE PRISIÓN, por la comisión del delito de: VIOLACIÓN EN GRADO DE TENTATIVA, según decisión dictada por el Tribunal de Juicio Nº 03 de este Circuito Judicial Penal, en fecha 26/04/07, peticionando sea trasladado para el CENTRO PENITENCIARIO DE CENTRO OCCIDENTE (URIBANA), por razones expuesta por su progenitora quien manifiesta que por razones de salud y de índole económico se le hace difícil visitarlo de forma frecuente. En relación a lo peticionado por la progenitora del Penado se hace necesario revisar la Norma Constitucional la cual señala la Garantía a la que se debe el Estado para que se asegure la Rehabilitación del Interno. En otro orden de ideas el artículo 19 Constitucional dispone: “El Estado garantizará a toda persona, conforme al principio de progresividad y sin discriminación alguna, el goce y ejercicio irrenunciable, indivisible e interdependiente de los derechos humanos. Su respeto y garantía son obligatorios para los órganos del Poder Público, de conformidad con esta Constitución, con los tratados sobre derechos humanos suscritos y ratificados por la República y con las leyes que los desarrollen.” Por otra parte, el artículo 43 de la Carta Fundamental establece: “El Derecho a la Vida es Inviolable. Ninguna Ley podrá establecer la pena de muerte ni autoridad alguna aplicarla. El Estado protegerá la vida de las personas que se encuentren privadas de su libertad, prestando el servicio militar o civil, o sometida a su autoridad en cualquier forma”. La protección de las personas privadas de libertad es un deber del Estado, debiendo garantizar el establecimiento de políticas públicas, el respeto de estos Derechos para así cumplir con los postulados consagrados en la Constitución y en otros compromisos de carácter internacional suscritos por la República como lo son la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre, la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, entre otros. Considera este Tribunal, que lo mas ajustado a derecho es Autorizar al Director del Internado Judicial de Yaracuy, para que realice el traslado de STARLIN AZUAN QUERO, titular de la Cédula de Identidad Nº 16.530.197, al CENTRO PENITENCIARIO DE CENTRO OCCIDENTE (URIBANA), debiéndose realizar el Procedimiento Legal establecido en la Ley de Régimen Penitenciario a través de la Coordinación de Traslados de la Dirección General de Custodia y Rehabilitación del Recluso, con el objeto de poder conocer si están dadas las condiciones para recibir el respectivo traslado, garantizando así el resguardo de la integridad física del penado, tal y como lo señala los artículos 1, 9,11 y 12 de la mencionado Ley . Y Así Se Decide.- DISPOSITIVA¬ Por todas las razones de hecho y de derecho ya expuestas, este Tribunal en Función de Ejecución Nº 1 actuando en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, ACUERDA Autorizar al Director del Internado Judicial de Yaracuy, para que realice el Traslado con las seguridades del caso al CENTRO PENITENCIARIO DE CENTRO OCCIDENTE (URIBANA) al interno: STARLIN AZUAN QUERO, titular de la Cédula de Identidad Nº 16.530.197, haciendo la Salvedad este Juzgador que se deberá realizar el Procedimiento Legal establecido en los artículos 1, 9,11 y 12 de la Ley de Régimen Penitenciario a través de la Coordinación de Traslados de la Dirección General de Custodia y Rehabilitación del Recluso, con el objeto de poder conocer si están dadas las condiciones para recibir el respectivo traslado, garantizando así salvaguardar la salud y el resguardo de la integridad física del penado. Cúmplase lo Ordenado. Remítase Copia de la presente decisión anexa a Oficio al Director del CENTRO PENITENCIARIO DE CENTRO OCCIDENTE (URIBANA); al Director del Internado Judicial de Yaracuy; Notifíquese a la Fiscal DECIMOTERCERA del Ministerio Público y la Defensa. Regístrese, Publíquese. EL JUEZ ABG. EDWIN ANDUEZA AMARO LA SECRETARIA