TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
Juzgado Superior de lo Contencioso Administrativo del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar

ASUNTO: FE11-N-2006-000019

En el RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE NULIDAD incoado por el ciudadano JUAN CARLOS JARAMILLO, titular de la cédula de identidad Nº V-11.727.376, representado judicialmente por los abogados Luz Adriana Sánchez, Héctor Andrés Benchocron, Hugo Márquez Esposito, Rachid Ricardo Hassani El Souki e Ismael Fernández, Inpreabogado Nº 92.642, 30.598, 31.634, 35.713 y 35.714, respectivamente, contra la Providencia Administrativa Nº 05-00152, dictada por la INSPECTORÍA DEL TRABAJO DE CIUDAD BOLÍVAR, ESTADO BOLÍVAR, en fecha treinta (30) de diciembre de 2005, que declaró con lugar la solicitud de calificación de falta incoada por el Ministerio de Infraestructura (MINFRA), hoy Ministerio del Poder Popular para las Obras Públicas y Vivienda (MOPVI), y autorizó el despido del recurrente; representada la República por las Abogadas Sustitutas Depsy Cortéz Marrón y Delis Mariela Moya Seijas, Inpreabogado Nº 88.693 y 113.714, respectivamente, se procede a dictar sentencia con la siguiente motivación.

I. ANTECEDENTES

Los actos procesales relevantes que trae la presente causa son los siguientes:

I.1. De la pretensión. Mediante escrito presentado en fecha doce (12) de mayo de 2006, la parte recurrente, fundamentó su pretensión de nulidad de la Providencia Administrativa Nº 05-00152, dictada por la INSPECTORÍA DEL TRABAJO DE CIUDAD BOLÍVAR, en fecha 30 de diciembre de 2005, que declaró con lugar la solicitud de calificación de falta incoada por el Ministerio de Infraestructura (MINFRA), hoy Ministerio del Poder Popular para las Obras Públicas y Vivienda (MOPVI), y autorizó el despido del recurrente, en los siguientes alegatos:
a) Que en fecha 11 de agosto de 2005, el presunto apoderado judicial de MINFRA, Carlos Byer Delgado, solicitó la calificación de despido ante la Sala de Fueros de la Inspectoría del Trabajo de Ciudad Bolívar, alegando presuntas violaciones de los literales a, b, c, i, j, del artículo 102 de la Ley Orgánica del Trabajo, siendo admitido en fecha 12 de agosto de 2005. Que una vez citado el solicitado, procedió a impugnar la carta poder consignada por el apoderado de MINFRA y a rechazar y negar los hechos objeto de tal solicitud. Asimismo, una vez consignados los escritos de pruebas por la parte solicitante y solicitada en fechas 17 y 18 de noviembre respectivamente, fueron admitidas por el órgano administrativo en fecha 22 de noviembre de 2005. Seguidamente, en fecha 28 de noviembre de 2005, comparecieron los testigos promovidos por el trabajador, los cuales indicaron que el ciudadano Juan Carlos Jaramillo, nunca declaró nada ilícito contra el director del MINFRA.

b) Que la Administración incurrió en el vicio de falso supuesto, en virtud que no quedó demostrada la incursión en las faltas tipificadas por el patrono al introducir la solicitud de autorización de despido y calificación de faltas. En tal sentido, alegó que de la declaración realizada por otra persona que no labora en el MINFRA, como es el ciudadano José Osberto Martínez, en el diario “EL Progreso” en fecha 12 de julio de 2005, quien se responsabilizó de las declaraciones proferidas contra el presidente del MINFRA, siendo que no tuvo participación en las mismas, aunado al hecho que no existe faltas o delitos por él cometidos y lo único que se evidencia del referido recorte de prensa, son los reclamos presentados por los trabajadores.

c) Alegó que el acto administrativo transgredió el principio de congruencia, en virtud que la Administración no se basó en todo lo alegado y probado en autos, así como no se tomaron en cuenta ciertas defensas presentadas en la oportunidad correspondiente, entre ellas la falta de legitimidad del supuesto apoderado de MINFRA, ya que ésta debió otorgar poder en forma auténtica, tal como establece la norma o a través de un poder apud acta, aunado al hecho que no fue certificado por la autoridad competente, tal como dispone la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, careciendo entonces de falta de representación para plantear la solicitud de calificación de faltas recurrida.

d) Arguyó que la Administración incurrió en el vicio valoración de las pruebas, en razón de que la Inspectora del Trabajo, le otorgó valor probatorio a los recortes de prensa consignados por el patrono, de los cuales se desprende que no existió ninguna falta realizada por el recurrente contra el patrono. Asimismo, alegó la existencia del vicio de silencio de pruebas, motivado en la falta de apreciación de las testimoniales promovidas de los ciudadanos José Osberto Martínez, Winston Martínez y Carlos Correa Sifontes, omitiendo el Inspector del Trabajo un pronunciamiento acerca de tales deposiciones.

I.2. De la admisión del recurso. Mediante decisión dictada en fecha dieciséis (16) de mayo de 2006, este Juzgado Superior admitió el presente recurso, ordenando las notificaciones y citaciones de ley.

I.3. Practicadas todas las notificaciones y citaciones ordenadas en el auto de admisión de la demanda, en fecha diecinueve (19) de mayo de 2008 este Juzgado Superior ordenó librar cartel de emplazamiento a los terceros interesados y mediante diligencia presentada en fecha siete (07) de agosto de 2008, el abogado Rachid Ricardo Hassani, consignó el mismo debidamente publicado en el diario “El Nuevo País”, de fecha 07 de agosto de 2008.

I.4. En fecha diez (10) de diciembre de 2008, se celebró la Audiencia Oral y Pública, con la comparecencia de la abogada Delis Mariela Mora Seijas, en su carácter de sustituta de la Procuradora General de la República Bolivariana de Venezuela, negó la procedencia de la pretensión y solicitó la apertura del lapso probatorio. Se dejo constancia de la falta de comparecencia de la parte recurrente.

I.5. De la promoción de pruebas. Mediante escrito presentado en fecha dieciséis (16) de diciembre de 2008, la abogada sustituta de la Procuradora General de la República, promovió copia certificada del expediente administrativo sustanciado y decidido por la Inspectoría del Trabajo de Ciudad Bolívar, signado bajo el Nº 018-05-01-000357.

I.6. Mediante auto dictado en fecha diecinueve (19) de enero de 2009, se admitieron las pruebas promovidas por la Abogada Sustituta de la Procuradora General de la República.

I.7. En fecha nueve (09) de marzo de 2009, se celebró el acto oral de informes, compareció la abogada Joannie García, en su carácter de sustituta de la Procuradora General de la República, quien expuso sus alegatos y consignó escrito contentivo de los mismos.

I.8. Mediante auto dictado en fecha seis (06) de abril de 2009, concluida la segunda relación de la causa, se fijó el lapso de treinta (30) días hábiles para dictar sentencia.

II. FUNDAMENTOS DE LA DECISION

Conforme a los límites de la controversia precedentemente narrados, la parte recurrente el ciudadano Juan Carlos Jaramillo, ejerció tutela contencioso-administrativa en contra de la providencia Nº 05-00152 dictada el treinta (30) de diciembre de 2005, por la Inspectoría del Trabajo de Ciudad Bolívar, que declaró con lugar la solicitud de calificación de falta incoada por el Ministerio de Infraestructura (MINFRA), hoy Ministerio del Poder Popular para las Obras Públicas y Vivienda (MOPVI), y autorizó el despido del recurrente, quien alegó que el acto impugnado está afectado de nulidad por falso supuesto, incongruencia y errada apreciación de las pruebas.

Procede este Juzgado a analizar la primera de las delaciones invocadas por el recurrente, en este sentido alegó que la providencia emitida por la Administración Laboral se encuentra afectada de nulidad por falso supuesto de hecho porque no fue demostrada la causal de despido por justa causa que le imputó haber incurrido prevista en el literal c) del artículo 102 de la Ley Orgánica del Trabajo, dado que no participó en la declaración que recogió la nota de prensa en que se sustentó la decisión administrativa, se cita parcialmente los argumentos esgrimidos por el recurrente:

“En ninguna parte del proceso la parte patronal demostró que mi mandante había incurrido en las faltas tipificadas por el patrono en el momento de introducir la solicitud de autorización de despido y calificación de faltas…

Sobre lo aquí planteado Ciudadana Jueza, esta por demás claro tanto de la confesión del patrono, como las declaraciones de los testigos y de la nota de prensa que hacen folios en el expediente administrativo; que el único declarante en el Diario El Progreso el día 11 de julio del pasado año 2005 y que fue publicado el día 12 de julio del 2005 y fue el ciudadano JOSE OSBERTO MARTÍNEZ, repito como así lo acepta el patrono. Es decir, que mi representado nunca emitió declaración alguna contra el Director del Minfra y que de ser cierto haberlas emitidos estas no podían ser tomadas por la Inspectoría del Trabajo como faltas de su patrono, ni violaciones a los literales “a”, “b”, “c”, “e”, “j” del artículo 102 de la Ley Orgánica del Trabajo…

Como se puede apreciar ha imputado el órgano administrativo que de la declaración hecha por otra persona que no labora en el MINFRA, es decir, de una declaración emitida por parte del ciudadano JOSE OSBERTO MARTINEZ en el diario El Progreso del 12 de Julio del 2005 a la que se refiere la providencia administrativa se le quiere culpar a mi representado que existen en contra del patrono falta grave, mención esta que no aparece en ninguna parte de dicha nota de prensa, excediéndose en su facultad interpretativa cuando llega a la conclusión, contrariando el contenido, de la declaración hecha por el ciudadano JOSE OSBERTO MARTINEZ, presidente del Sindicato Único del Transporte Terrestre…

Estas violaciones denunciadas tiene su fundamento al dictar la Administración un acto administrativo basando su decisión en hechos inexistentes…”.

La citada denuncia del vicio de falso supuesto que según el recurrente adolece la providencia impugnada, fue negada su procedencia por la sustitución de la Procuradora General de la República, en la audiencia oral, en cuya oportunidad consignó escrito contentivo de sus alegatos orales, alegando que el recurrente se dirigió al Diario El Progreso a las 4.30 p.m. con cuya conducta incurrió en las causales de despido justificado previstas en los literales a, b y c del artículo 102 de la Ley Orgánica del Trabajo, se cita parcialmente los referidos alegatos:

“Cuando el hoy recurrente admitió en la contestación que se dirigió a la sede del Diario El Progreso a las cuatro y media de la tarde (4:30 PM), incurriendo flagrantemente en las causales, contempladas en el artículo 102 de la Ley Orgánica del Trabajo, literales a, b, c, no le dejó otra alternativa al órgano administrativo, que fallar a favor del patrono, teniendo como cierto todo lo alegado por este durante su actuación en el procedimiento previo al acto cuya legalidad hoy se debate, todo en atención al artículo 12 del Código de Procedimiento Civil, a las normas procesales establecidas en la Ley Orgánica del Trabajo y a los principios del derecho procesal”.

Coherente con lo expuesto, observa este Juzgado que cursa en autos copia certificada del expediente administrativo Nº 018-2005-01-00357, el cual posee valor probatorio como unidad a tal efecto cursa del folio 290 al 305, la providencia cuestionada que autorizó el despido del trabajador hoy recurrente, al considerar que participó en las declaraciones contenidas en la nota de prensa publicada en el Diario El Progreso el día doce (12) de julio de 2006, conducta que subsumió en la causal justificada de despido contemplada en el literal c) del artículo 102 de la Ley Orgánica del Trabajo, actuación que estimó demostrada con la declaración contenida en la publicación del Diario El Progreso en la referida fecha, producida en el procedimiento administrativo por la representación del Ministerio, cuya fundamentación se cita a continuación:

“QUINTO: De las pruebas promovidas y evacuadas en tiempo hábil por la parte solicitante, se desprenden las siguientes conclusiones:

1) En lo que respecta a la documental, signado con la letra “B”, consistente en un ejemplar original del periódico local “EL PROGRESO” de fecha doce (12) de Julio de 2005, el cual corre inserto en el folio treinta y seis (36) del presente expediente, y con el cual se pretende demostrar como hecho público y notorio la actitud absolutamente irrespetuosa y temeraria adoptada por el grupo de trabajadores del C.R.C. MINFRA BOLÍVAR, al argumentar que el Director no les permitió el acceso a la sede de trabajo, configurando con ello el supuesto hecho establecido en el artículo 506 de la Ley Orgánica del Trabajo; esta Inspectoría del Trabajo le otorga pleno valor probatorio a este medio de prueba, quedando evidenciado que el mencionado trabajador incurrió en la causal de despido justificado tipificado en el literal C de la Ley Orgánica del Trabajo por cuanto se evidencia específicamente en la página veintisiete (27) que el mismo confiesa que (Cita Textual) “…En relación a presentarse en el periódico, esto se realizó fuera de mis labores habituales, ya que Ciudadana Inspectora en el Minfra salimos a las 4 y 30 minutos de la tarde y en nuestros reloj cuando marco esa hora nos fuimos al periódico”. Y así se decide.

(…)

SEXTO: Como quiera que en el presente procedimiento el hecho controvertido es que el trabajador solicitado participó en unas declaraciones hechas en contra de su patrono, siendo esto considerado como una falta de respeto hacia su superior, traspasando los canales regulares e idóneos para la solución de la supuesta problemática planteada, causando gran perjuicio al señalarlo ante la colectividad con una persona arbitraria, y quedando evidenciada la falta incurrida según lo previsto en el literal c) de la Ley Orgánica del Trabajo, es por esto que la presente solicitud debe ser declarada procedente” (Resaltado de este Juzgado).

Coherente con el vicio denunciado por el recurrente, observa este Juzgado que el vicio de falso supuesto comprende dos modalidades básicas a saber:

a) Falso supuesto de derecho: La errada aplicación del derecho a los hechos que constan en el expediente, es decir, el yerro se produce en la fundamentación jurídica del acto administrativo. Los hechos existen y pueden que hayan sido debidamente probados tanto por la Administración como por el interesado, pero a la hora de precisar el fundamento normativo de la decisión, su base legal, el autor del acto incurre en un error de interpretación del derecho al aplicarle a esos hechos una norma que en absoluto se corresponde con los mismos;

b) Falso supuesto de hecho: La errada apreciación de los hechos, esto es, cuando la Administración yerra al calificar los hechos que constan en el expediente como los previstos en el supuesto de hecho de la norma atributiva de competencia que habilita la actuación.

Conexo con lo expuesto, ha establecido la jurisprudencia de la Sala Político-Administrativa, que el vicio de falso supuesto se configura de dos maneras diferentes. La primera, relativa al falso supuesto de hecho, se verifica cuando la Administración al dictar un acto administrativo fundamenta su decisión en hechos inexistentes, falsos o no relacionados con el asunto objeto de decisión. La segunda, en cambio se presenta cuando los hechos que dan origen a la decisión administrativa existen, se corresponden con lo acontecido y son verdaderos, pero la Administración al dictar el acto los subsume en una norma errónea o inexistente en el universo normativo para fundamentar su decisión, lo cual incide decisivamente en la esfera de los derechos subjetivos del administrado; caso en el cual se está en presencia de un falso supuesto de derecho que acarrearía la anulabilidad del acto (Vid. Sentencia No. 01640 de fecha 3 de octubre de 2007).

En este contexto, el recurrente denunció que la Administración Laboral apreció erradamente el hecho que consideró justa causa de despido, porque no participó en las declaraciones publicadas en el Diario EL Progreso en fecha 12 de julio de 2005, ni se desprende de su texto la declaración, por ende, estima este Juzgado necesario el análisis del contenido de la referida publicación, que cursa al folio 244 del expediente, y que es del siguiente tenor:
“Ayer a las seis de la mañana, cuando se cumplieron las 120 horas de la introducción del Pliego Conciliatorio el director del MINFRA, puso un piquete de la policía del estado Bolívar, para evitar que los trabajadores entraran a cumplir con sus labores diarias.

Esta situación se debe a que el Sindicato Único de Trabajadores del Transporte y sus similares del Estado Bolívar, el pasado 15 de junio introdujo ante la Inspectoría del Trabajo un pliego conciliatorio con carácter conflictivo, en contra del licenciado Aníbal Domínguez Segura, Director del Minfra en la región, lo anunciaron José Martínez, secretario General; José Luís García, sec. de prensa y Propaganda; Robert Tomás Rivas, Carlos Herrera y Angelo Hurtado, delegados sindicales.

En este pliego de peticiones está una cláusula mas importantes dice que un trabajador que pase a ocupar un puesto superior a la clasificación de origen por seis meses en forma ininterrumpida, automáticamente sale de su clasificación de acuerdo al cargo que este desempeñando en ese momento, en base a esto el director Domínguez, hizo un ataque desmedido en contra de los trabajadores en forma tajante y arbitraria queriéndolos regresar a su sitio de origen, violentando los derechos ya adquiridos por una contratación colectiva, porque tienen unos más de tres y otros cinco años, desempeñando cargos superiores.

Advirtieron que se apegaran a la Ley solicitaran ante Simón Carrizales, Ministro de Infraestructura la destitución del licenciado Domínguez y sea designada una comisión que debe revisar esta situación de manera imparcial y conseguir la solución a este conflicto.” (Resaltado de este Juzgado).
Vinculado al punto en decisión, se observa que la providencia cuestionada consideró que “el trabajador solicitado participó en unas declaraciones hechas en contra de su patrono, siendo esto considerado como una falta de respeto hacia su superior… quedando evidenciada la falta incurrida según lo previsto en el literal c) de la Ley Orgánica del Trabajo”, por lo que se hace necesario citar el referido literal que reza:

“Serán causas justificadas de despido los siguientes hechos del trabajador:

(…)

c) Injuria o falta grave al respeto y consideración debidos al patrono, a sus representantes o a los miembros de su familia que vivan con él”.

El fundamento de esta causa se encuentra en el mantenimiento de la convivencia que origina toda relación laboral, ampliado a la necesidad de defender los principios de jerarquía y disciplina necesario en la buena marcha de la Organización. La falta de respeto ha de resultar grave, calificación que habrá que hacer tras examinar las especiales circunstancias que aparezcan en cada supuesto, los datos objetivos y supuestos concurrentes, el recíproco comportamiento de los intervinientes, las expresiones utilizadas, la finalidad perseguida y los medios en que se producen, buscando siempre la proporcionalidad y la adecuación entre la conducta y la sanción; en este sentido la doctrina coincide en la gravedad que ha de revestir la conducta sujeta a calificación, se cita opinión doctrinaria:

“Injurias. He aquí una expresión de sentido bastante vago en materia laboral, que ofrece ancho campo a la apreciación judicial… “Todo hecho imputable a una de las partes, en la relación laboral, que imposibilite la subsistencia del vínculo, cuando causa un daño o lesiona un legítimo interés y ofende, humilla o menoscaba la persona, el honor, interés o seguridad de la otra parte”. Los hechos que no lleguen a calificarse como injurias, entre nosotros puede configurar la hipótesis de falta grave al respeto o consideración debidos a la otra parte. Por la amplitud del arbitrio judicial en la apreciación de esta causal, la jurisprudencia exige que en la demanda se expresen en forma precisa cuáles son hechos o palabras que se califican como injurias, para que los jueces puedan analizar las circunstancias” (Caldera Rafael. Derecho del Trabajo. Editorial “El Ateneo”, Buenos Aires, p. 356).

Aplicando el supuesto legalmente previsto de falta grave al respeto y consideración debidos al patrono o a sus representantes previsto como justa causa de despido al caso de autos, considera este Juzgado Superior que la providencia impugnada apreció erradamente los hechos en que fundamentó su decisión, porque del texto de la publicación del Diario EL Progreso, del día 12 de julio de 2005, antes citado, no se desprende que el trabajador de autos participare en dicha declaración y quienes emitieron su opinión personal según el contenido de la nota de prensa fueron los ciudadanos: “José Martínez, secretario General; José Luís García, sec. de prensa y Propaganda; Robert Tomás Rivas, Carlos Herrera y Angelo Hurtado, delegados sindicales”, resultando concluyente que la aseveración del acto cuestionado: “...que el trabajador solicitado participó en unas declaraciones hechas en contra de su patrono...”, resultó inexistente en razón que se reitera, que no consta en la nota de prensa que sirvió de fundamento al acto administrativo, la participación personal e indudable del trabajador en la emisión de las declaraciones que consideró constitutivas de falta grave de respeto al representante del patrono, en consecuencia, considera este Juzgado que el acto administrativo refutado autorizó el despido del trabajador de autos apoyándose en un hecho que no consta en el expediente administrativo, por ende viciado de falso supuesto de hecho, resultando necesario a este Órgano Jurisdiccional declarar la nulidad de la providencia administrativa Nº 05-00152 dictada el treinta (30) de diciembre de 2005, por la Inspectoría del Trabajo de Ciudad Bolívar, que declaró con lugar la solicitud de calificación de falta incoada por el Ministerio de Infraestructura (MINFRA), hoy Ministerio del Poder Popular para las Obras Públicas y Vivienda (MOPVI), y autorizó el despido del recurrente, de conformidad con el artículo 20 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, dada la declarada nulidad resulta inoficioso el análisis de los demás vicios delatados por el recurrente. Así se decide.

A los fines del restablecimiento de la situación jurídica infringida, se ordena al Ministerio parte en el procedimiento administrativo, cuya providencia ha sido declarada nula, la reincorporación del trabajador JUAN CARLOS JARAMILLO, a su sitio habitual de labores con el pago de los salarios caídos dejados de percibir desde la fecha de su despido hasta su efectiva reincorporación, salvo los que impliquen la prestación efectiva de labores y con exclusión de los lapsos en que la causa estuvo paralizada por motivos no imputables a las partes, así como los lapsos de inactividad procesal. Todo ello de conformidad con el artículo 259 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Así se decide.

III. DISPOSITIVO

En mérito de las consideraciones expuestas, este Juzgado Superior de lo Contencioso Administrativo del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, actuando en nombre de la República, administrando justicia y por autoridad de la Ley, DECLARA CON LUGAR el RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE NULIDAD incoado por el ciudadano JUAN CARLOS JARAMILLO contra la INSPECTORÍA DEL TRABAJO DE CIUDAD BOLÍVAR, en consecuencia, NULA la Providencia Administrativa Nº 05-00152, dictada por la mencionada Inspectoría del Trabajo en fecha treinta (30) de diciembre de 2005, que declaró con lugar la solicitud de calificación de falta incoada por el Ministerio de Infraestructura (MINFRA), hoy Ministerio del Poder Popular para las Obras Públicas y Vivienda (MOPVI), y autorizó el despido del recurrente y se ORDENA al Ministerio parte en el procedimiento administrativo cuya providencia ha sido declarada nula, la reincorporación del recurrente a su sitio habitual de labores, con el pago de los salarios caídos dejados de percibir desde la fecha de su despido hasta su efectiva reincorporación, salvo los que impliquen la prestación efectiva de labores y con exclusión de los lapsos en que la causa estuvo paralizada por motivos no imputables a las partes, así como los lapsos de inactividad procesal.

De conformidad con el artículo 86 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, se ordena la notificación de la presente sentencia a la Procuradora General de la República, transcurrido el lapso de ocho (8) días hábiles, contados a partir de la consignación en el expediente de la respectiva constancia, se tiene por notificada y se inicia el lapso para la interposición del recurso de apelación.

Publíquese, regístrese y déjese copia certificada de la presente decisión.

Dada, firmada y sellada, en la Sala de Despacho del Juzgado Superior de lo Contencioso Administrativo del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, en Puerto Ordaz, a los diecinueve (19) días del mes de mayo del año dos mil nueve (2009). Años 199° de la Independencia y 150° de la Federación.

LA JUEZA
BETTI OVALLES LOBO

LA SECRETARIA
ANNA RENATA FLORES FABRIS

Asunto Antiguo Nº 11.235