REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO LARA TRIBUNAL DE JUICIO NO. 2 EN SU NOMBRE Barquisimeto, 25 de Junio de 2009 Años: 199º y 148º ASUNTO PRINCIPAL: KP01-P-2007-011541 Visto escrito presentado por la Defensa Publica Abg. ANA MORILLO, asistiendo al acusado: JIRO ANTONIO GIMENEZ SANTANA, titular de la Cédula de Identidad Nº 16.404.545, en el cual solicita revisión y sustitución de la Medida de Detención Domiciliaria de conformidad con lo establecido en el articulo 256 ordinal 1º del COPP, que pesa sobre su defendido, la cual ha cumplido a cabalidad; por una menos gravosa, en virtud de que dicha medida cautelar afecta gravemente el desenvolvimiento laboral, que interfiere en su necesidad de trabajar para el sustento de su grupo familiar, por ser sostén de familia, a los fines de proveer sobre el petitum se hace en los siguientes términos: El derecho al Trabajo esta expresamente consagrado como garantía constitucional en los artículos 87,89 y93 de la Constitución Nacional asì mismo el derecho a ser juzgado en libertad constituye un derecho constitucional, plenamente desarrollado en el artículo 44 de la magna carta y 244 del Código Orgánico Procesal Penal. En ese orden de ideas se observa que al acusado de autos en fecha 14 de Agosto de 2.008, este Juzgado Segundo de Juicio revisó la medida cautelar privativa de libertad que pesaba sobre el acusado desde el 12 de Enero de 2007 y le impuso la Medida Cautelar Sustitutiva de Libertad de conformidad con el Art. 256 Ord. 1° del Código Orgánico Procesal Penal, por imputarle la Fiscalía Novena del Ministerio Público la comisión del delito Robo Agravado, previsto y sancionado en el Artículo 458 del Código Penal. Ahora bien, el artículo 264 del Código Orgánico Procesal Penal establece “El imputado podrá solicitar la revocación o sustitución de la medida judicial de privación preventiva de libertad las veces que lo considere pertinente. En todo caso el juez deberá examinar la necesidad del mantenimiento de las medidas cautelares cada tres (3) meses, y cuando lo estime prudente las sustituirá por otra menos gravosa. La negativa del Tribunal a revocar o sustituir la medida no tendrá apelación”. Asimismo los artículos 87, 89 y 93 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela consagra el derecho-deber de trabajar de todos los ciudadanos en edad para ello, para de esta manera proporcionarse su sustento y el de su grupo familiar, tomando en consideración la grave crisis económica, que atraviesa el país lo cual constituye un hecho notorio. Revisado exhaustivamente el asunto se evidencia, que se encuentra fijado a juicio oral y publico para el día 15 de Octubre de 2009, que la audiencia de Juicio, no ha sido realizada en el transcurso del tiempo por circunstancias no imputables al enjuiciado, quien ha cumplido la medida, circunstancias todas que fueron tomadas en consideración por el Tribunal a los fines de modificar la medida cautelar de arresto domiciliario y sustituirla por otra medida menos gravosa y así se declara. En ese orden de ideas si bien es cierto la medida cautelar de arresto domiciliario, se convierte en una medida de coerción menos gravosa que la medida cautelar privativa de libertad, cumplida en centro carcelario, no menos cierto es, que tal medida implica la restricción severa de los derechos fundamentales de los enjuiciables, lo cual se constituye en un hecho grave, cuando se prolonga en demasía la realización del juicio oral y público, sin que pueda serle imputado al acusado, la dilación del mismo, en ese sentido ha sido reiterada la jurisprudencia del superior tribunal, al establecer que en definitiva y dentro de las medidas cautelares el arresto domiciliario, se equipara a una verdadera medida privativa de libertad en sitio de reclusión distinto a los establecimientos, determinados por el estado a tales fines, siendo así que a la hora de acordar y mantener en el tiempo la medida cautelar de arresto domiciliario debe responder a la necesidad extrema de una medida cautelar privativa de libertad, toda vez que los efectos de carácter limitativo a derechos constitucionales son evidentes, en el caso concreto le asiste la razón a la defensa cuando invoca el derecho al trabajo, coartada por el arresto domiciliario, que genera una situación extraña y ajena a la realidad cultural de Venezuela, pues mantiene al padre de familia, sostén de la misma dentro del hogar, pero sin aportar con su trabajo la manutención del mismo, al contrario se convierte en una carga para el resto del grupo familiar, lo cual contraviene el espíritu garantista de protección al derecho al trabajo y a la consolidación de la familia, que emergen del texto constitucional y así se declara. Ante esta situación y estando fundamentada la imposición de una medida menos gravosa, se acuerda por ser procedente, en este caso concreto, la REVISIÒN DE LA MEDIDA CAUTELAR DE ARRESTO DOMICILIARIO, siendo proporcional en los términos establecidos en el artículo 244 del Código Orgánico Procesal Penal, imponer al acusado una medida cautelar menos gravosa como es la de presentación cada quince (15) días por ante la URDD, hasta tanto concluya el juicio a tenor de lo previsto en el ordinal 3º del articulo 256 del Código Orgánico Procesal Penal y así se declara. . D I S P O S I T I V A Este Juzgado de Juicio Nº 2, administrando Justicia en nombre de la República y por Autoridad de la Ley de conformidad con lo establecido en el artículo 264 del Código Orgánico Procesal Penal, DECLARA CON LUGAR LA SOLICITUD DE REVISION DE LA MEDIDA presentada por la defensora pública Abog. ANA MORILLO en virtud de lo cual SE REVISA la Medida Cautelar impuesta al Ciudadano: JIRO ANTONIO GIMENEZ SANTANA, plenamente identificado en autos, y en consecuencia a partir de la presente fecha acuerda de conformidad con lo dispuesto en los artículos 264 y 256 ordinales 3° y 4º la presentación cada quince (15) días en la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de este Circuito Judicial Penal y Prohibición de Salida del País. Se ordena el cese inmediato del arresto domiciliario. Líbrese oficio al Director de los Servicios Policiales del Estado Lara Fuerzas Armadas Policiales, notificándole de este auto. Notifíquese a las partes y al acusado que tiene la obligación de comparecer por ante el Tribunal cada vez que este lo requiera, estando convocado para el juicio oral y público el día 15 de Octubre de 2009, el incumplimiento de una cualquiera de estas obligaciones dará lugar a la revocatoria inmediata de la medida cautelar y en su lugar se dictara medida privativa de libertad a tenor de lo establecido en los artículos 252 y 262 del Código Orgánico Procesal Penal. La Jueza de Juicio Nº 2 Abg. Pilar Fernández de Gutiérrez El Secretario En esta misma fecha se dio cumplimiento a lo acordado en autos El Secretario