REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER JUDICIAL Tribunal de Violencia contra la Mujer en Funciones de Control, Audiencia y Medidas Barquisimeto, 3 de Junio de 2009 199º y 150º ASUNTO PRINCIPAL: KP01-P-2008-006839 AUTO DE SOBRESEIMIENTO: Vista la solicitud de SOBRESEIMIENTO formulada por la Fiscalía Cuarta de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, Abogado: JOSE ALBERTO CARRILLO DUGARTE, quien en uso de las atribuciones que le confiere el Artículo 108 Ordinal 7º y 37 Ordinales 6 y 15, de la Ley Orgánica del Ministerio Público, así como de conformidad con el artículo 318 ordinal 1, del Código Orgánico Procesal Penal, este Tribunal a los fines de emitir un pronunciamiento, observa: DESCRIPCIÓN DEL HECHO OBJETO DE LA INVESTIGACIÓN: Se inicia la investigación de la presente causa el día 20 de diciembre de 2007, por cuanto comparece voluntariamente a las sede fiscal, la ciudadana: YOHANA DEXIDE FLORES, titular de la cédula de identidad número V-17.639.468, a los fines de denunciar al ciudadano: LUIS ALBERTO SUAREZ RODRIGUEZ, titular de la cédula de identidad Nro. V- 20.672.455. La victima en su denuncia expuso que el ciudadano LUIS ALBERTO SUAREZ RODRIGUEZ, la agredió física y verbalmente, el día martes 18 de diciembre de 2007, aproximadamente a las 12 del medio día, empujándola hasta hacerla caer al piso, golpeándola por la cara y al mismo tiempo la ofendía diciéndole que era una coña puta, sin ninguna razón, manifestó que el mencionado ciudadano es muy agresivo y la amenaza constantemente de que la va a golpear y que va a matar a su marido, por lo que solicita protección. La Fiscalia Cuarta del Ministerio Público calificó tales hechos como delitos de VIOLENCIA FÍSICA, VIOLENCIA PSICOLÓGICA Y AMENAZAS, previstos y sancionados en el artículo 42, 41 y 39 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia. DE LA SOLICITUD DEL MINISTERIO PÚBLICO: En fecha 11 de junio de 2008, el Representante Fiscal solicitó al Tribunal correspondiente, se decrete Sobreseimiento de la causa penal seguida al ciudadanos: LUIS ALBERTO SUAREZ RODRIGUEZ, titular de la cédula de identidad Nro. V- 20.672.455, al considerar que no existen bases para solicitar fundadamente el enjuiciamiento de persona alguna, debido a que la victima no compareció ante el departamento de Ciencias Forenses del Estado Lara para practicarse el debido reconocimiento médico legal que permita determinar la existencia de las lesiones, tiempo de curación y la gravedad de las mismas, cuya practica e incorporación a la causa es imposible. Por lo que, a tenor de lo preceptuado en el ordinal 4º del artículo 318 del Código Orgánico Procesal Penal, solicita el sobreseimiento de la presente causa. En virtud de tal solicitud este Tribunal decide la misma mediante el presente Auto por haber sido imposible la ubicación y localización de la victima y del imputado, agotándose todas las vías establecidas en el Código Orgánico Procesal Penal, por lo que se pasa a prescindir de la convocatoria de la Audiencia Oral, ya que para comprobar el motivo no es necesario el debate, y así lo establece el artículo 323 del Código Orgánico Procesal Penal: Presentada la solicitud de sobreseimiento el Juez convocará a las partes y a la víctima a una audiencia oral para debatir los fundamentos de la petición, salvo que estime, que para comprobar el motivo no sea necesario el debate. Del análisis efectuado a las actas que conforman el presente asunto, esta Juzgadora concluye: RAZONES DE HECHO: El Ministerio Público representado por la Fiscal Cuarta, ordenó la práctica las siguientes diligencias; 1. Inspección Ocular en el lugar del Suceso. 2. Citar y entrevistar a la Víctima 3. Citar y entrevistar al presunto agresor 4. Recabar resultados de reconocimiento Medico Legal 5. Citar y entrevistar a los testigos Todo ello, con la finalidad de obtener esclarecimiento de los hechos y llegar a la verdad, para así poder imputarle formalmente al ciudadano LUIS ALBERTO SUAREZ RODRIGUEZ, titular de la cédula de identidad Nro. V- 20.672.455, los hechos y los delitos por los cuales se inició la investigación. n tal sentido se desprende de las actuaciones que conforman el presente asunto penal, que no se realizaron las valoraciones médicas correspondientes, tales como valoración psicológica y valoración médica forense, las cuales son necesarias a los fines de determinar la comisión del delito de violencia psicológica y violencia física. En cuanto al delito de Amenaza no acudieron los testigos, así como la victima, a los fines de testificar sobre los hechos denunciados y objetos de la presente investigación. Se puede observar, que aún cuando fueron ordenadas la prácticas de varias diligencias las mismas no se realizaron, siendo imposible su realización para la presente fecha. RAZONES DE DERECHO: En virtud de lo anteriormente expuesto, observa ésta Juzgadora que conforme a los delitos investigados es imperante y necesario la obtención de una prueba cierta y objetiva que permitan demostrar que efectivamente se han cometido unos hechos que configuran tales delitos y que esos hechos puedan fundadamente atribuírseles a los imputados de la presente causa. En este sentido, señala el artículo 75 de la Ley Sobre el Derecho de la Mujer a una Vida Libre de Violencia, lo siguiente: “La investigación tiene por objeto hacer constar la comisión de un hecho punible, las circunstancias que incidan en su calificación, la recolección y preservación de las evidencias relacionadas con su perpetración. Asimismo, el artículo 318 del Código Orgánico Procesal Penal, en su ordinal 4, establece: El Sobreseimiento procede cuando: A pesar de la falta de certeza, no existe razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos datos a la investigación, y no haya bases para solicitar fundadamente el enjuiciamiento del imputado. La figura del sobreseimiento es propio de la etapa de investigación como acto conclusivo y tiene como finalidad poner fin al proceso, teniendo efecto de sentencia absolutoria, con carácter de cosa juzgada, el cual debe ser interpuesto por el órgano que por disposición legal tiene esta facultad, como es el Ministerio Público titular de la acción Penal tal cual como lo prevé el artículo 11 del Código Orgánico Procesal Penal. Asimismo, se debe destacar que de conformidad con el artículo 115 de la Ley Orgánica de los Derechos e la Mujer a una Vida Libre de Violencia, corresponde a los tribunales de violencia contra la mujer y a al Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, el ejercicio de la jurisdicción para la resolución de los asuntos sometidos a su decisión, conforme a lo establecido en la Ley, las leyes de organización judicial y la reglamentación interna, con competencia para conocer solamente las Formas de Violencia de Género en contra de las Mujeres definidas en el artículo 15 de la Ley, en concordancia con el capitulo VI en los artículos 39 al 56 los cuales tipifican los delitos cometidos en contra de las mujeres víctimas de violencia estableciendo las correspondientes sanciones; que la competencia está claramente definida en la Ley Especial. Es por ello, que para quien decide le asiste la razón a la Fiscalía Quinta del Ministerio Público cuando presenta como acto conclusivo el Sobreseimiento de la presente causa por concurrir la causal contenida en el artículo 318 ordinal 4 del Código Orgánico Procesal Penal y así se puede determinar de las actuaciones propias de la investigación que consta en el expediente. Así se decide. En razón de lo expuesto este Tribunal en respeto a los principios y garantías procesales contenidos en los artículos 1, 6, 10, 12, 13 del Código Orgánico Procesal Penal, referentes al derecho que le asiste a todo ciudadano a no ser condenado sin un juicio previo, oral y público, realizado sin dilaciones indebidas, la obligación de decidir que tenemos los jueces de no abstenernos a decidir por cualquier motivo distinto a los contenidos en la norma, ni retardar indebidamente una decisión; al respeto a la dignidad humana que tiene toda persona con protección de los derechos que le asisten por el simple hecho de serlo; el derecho a la defensa e igualdad que debe existir entre las partes, la cual es inviolable en cualquier estado y grado del proceso; atendiendo a la finalidad que persigue todo proceso de establecer la verdad de los hechos por las vías jurídicas y la justicia en la aplicación del derecho, a cuya finalidad debemos abstenernos los jueces a la hora de decidir; así como lo contenido en el Artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, ya que estos procedimientos instaurados para la investigación de delitos previstos en leyes especiales, por mandato constitucional atiende a las necesidades de celeridad y no impunidad, como una forma de materializar una justicia expedita conforme lo consagra el artículo 2 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, pero siempre en resguardo de los derechos y garantías procesales de las personas sometidas a investigación, enjuiciamiento y sanción. Siendo así, nuestra Constitución, normas procesales y especiales, no permiten la investigación por tiempo indefinido sobre la presunta comisión de hechos por parte de un ciudadano, por lo cual se establecen lapsos procesales que estrictamente se deben cumplir como garantía al debido proceso, siendo evidente que en la presente no existe razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos datos a la investigación y no hay bases para solicitar fundadamente el enjuiciamiento de los imputados, este Tribunal considera procedente decretar el SOBRESEIMIENTO DE LA CAUSA, de conformidad con los establecido en el artículo 318 ordinal 4 del Código Orgánico Procesal Penal. Así se decide. EFECTOS DEL SOBRESEIMIENTO: Artículo 319 del Código Orgánico Procesal Penal, establece: El Sobreseimiento pone termino al procedimiento y tiene la autoridad de cosa juzgada, impide por el mismo, toda nueva persecución contra el imputado o acusado a favor de quien se hubiere declarado, salvo lo dispuesto en el artículo 20 de este código, haciendo cesar todas las medidas que hubieren sido dictadas. Es por ello, que este tribunal decreta el cese de cualquier medida que haya podido ser impuesta al imputado en razón del proceso penal llevado a través de la presente causa. Así se decide. DISPOSITIVA Con fundamento en lo anteriormente expuesto, este Tribunal de Justicia de Género, de Control, Audiencias y Medidas Nº 1, del Circuito Judicial Penal del Estado Lara, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, Decreta PRIMERO: Conforme a lo dispuesto en el ordinal 4º del artículo 318 del Código Orgánico Procesal Penal, CON LUGAR EL SOBRESEIMIENTO DE LA CAUSA seguida al ciudadano: LUIS ALBERTO SUAREZ RODRIGUEZ, titular de la cédula de identidad Nro. V- 20.672.455, por el delito de VIOLENCIA FÍSICA, VIOLENCIA PSICOLÓGICA Y AMENAZAS, previstos y sancionados en el artículo 42, 41 y 39 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia, en consecuencia se ordena el cese cualquier medida cautelar que haya sido impuesta al imputado de autos en razón de la presente causa. Regístrese y Notifíquese. Cúmplase.- LA JUEZA DE CONTROL, AUDIENCIAS Y MEDIDAS Nro. 01 ABG. NATALY GONZÁLEZ PÁEZ LA SECRETARIA ABG. DIANA FERNANDEZ