REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER JUDICIAL TRIBUNAL SUPERIOR TERCERO DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO BOLÍVAR EXTENSIÓN TERRITORIAL PUERTO ORDAZ Puerto Ordaz, diecisiete (17) de junio del 2009 198º Y 150º ASUNTO: FP11-R-2009-000107 I IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES Y SUS APODERADOS PARTE DEMANDANTE: El ciudadano JUAN CARLOS YABOUR ZARAZA, venezolano, mayor de edad, portador de la cedula de identidad nº 10.735.138. APODERADO JUDICIAL: Los abogados AURA KARINA SÁNCHEZ TELLERÍA, PATRICIA KARINA BORJAS MEDINA y WILKER EDUARDO GÓMEZ GARCÍA, venezolanos, mayores de edad, inscritos en el INPREABOGADO bajo los números 98.748, 55.216 y 98.844 respectivamente y de este domicilio. PARTE DEMANDADA: sociedad mercantil PROTOKOL, GRUPO DE INFORMACIÓN Y TELECOMUNICACIONES, C.A., domiciliada en Caracas e inscrita en el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, el día 28 de abril de 1992, bajo el número 49, Tomo 47-A Sgdo, anteriormente denominada G.I.T. GRUPO DE INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES, S.A., y quien absorbiera por fusión a la sociedad mercantil PROTOKOL SISTEMAS, C.A., inscrita por ante el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, el 24 de agosto de 1987, bajo el número 58, Tomo 61-A Sgdo. APODERADO JUDICIAL: Los abogados MARLON GAVIRONDA, CÉSAR FREITES VALLENILLA y JOSÉ FRANCISCO HENRIQUEZ PARTIDAS, venezolanos, mayores de edad, de este domicilio e inscritos en el INPREABOGADO bajo los números 44.088, 108.271 y 114.039 respectivamente y de este domicilio.- MOTIVO: APELACION. SENTENCIA INTERLOCUTORIA CON FUERZA DEFINITIVA MOTIVO: Homologación de transacción. Mediante documento presentado por ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos, con fecha 11 de Junio de 2009, contentivo de la transacción celebrada entre el demandante en este juicio el ciudadano JUAN CARLOS YABOURT, por intermedio de su apoderado la abogada AURA KARINA SANCHEZ TELLERIAS y la demandada PROTOKOL, GRUPO DE INFORMACIÓN Y TELECOMUNICACIONES, C.A.,representada por su apoderado el abogado JOSE FRANCISCO HENRIQUEZ PARTIDAS, y donde se acordó que a los por fines de dar por terminado este juicio, la parte demandada convino en pagar al demandante la suma de CIENTO DIEZ MIL BOLIVARES (Bs. 110.000,00), mediante el pago de dos (2) cuotas iguales, la primera en la oportunidad de la celebración de la transacción y la segunda el día 10 de Julio de 2009. Este Tribunal a continuación pasa a citar las disposciones constitucionales, legales y reglamentaria que regulan la transacción, habida cuenta que los derechos de los trabajadores son irrenunciables, así: La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela dispone: Artículo 89. El trabajo es un hecho social y gozará de la protección del Estado. La ley dispondrá lo necesario para mejorar las condiciones materiales, morales e intelectuales de los trabajadores y trabajadoras. Para el cumplimiento de esta obligación del Estado se establecen los siguientes principios: (…) 2. Los derechos laborales son irrenunciables. Es nula toda acción, acuerdo o convenio que implique renuncia o menoscabo de estos derechos. Sólo es posible la transacción y convenimiento al término de la relación laboral, de conformidad con los requisitos que establezca la ley. Asimismo La Ley Organica del Trabajo en el Parágrafo Unico del artículo 3, establece: “La irrenunciablidad no excluye la posibilidad de conciliación o transacción siempre que se haga por escrito y contenga una relación circunstanciada de los hechos que la motiven y de los derechos en ella comprendidos. La transacción celebrada por ante el funcionario competente del trabajo tendrá efecto de cosa juzgada”. En el mismo orden, el Reglamento de la Ley Organica del Trabajo, dice: Artículo 10. Transacción Laboral. De conformidad con el principio de irrenunciabilidad de los derechos que favorezcan al trabajador y trabajadora, contemplado en el numeral 2 del artículo 89 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con el artículo 3 de la Ley Organica del Trabajo, las transacciones y convenimientos solo podrán realizarse al término de la relación laboral y siempre versen sobre derechos litigiosos o discutidos, consten por escrito y contengan una relación circunstanciada de los hechos que la motiven y los derechos en ellos comprendidos. A continuación este Juzgador Superior, pasa de seguidas a revisar si el acuerdo transaccional de autos, cumple con los requisitos exigidos por las disposiciones citadas, con el objeto de darle la eficacia correspondiente. A tal efecto, analizados como fueron los términos de la transacción, se evidencia que el demandante actuó por intermedio de su apoderado judicial debidamente constituido, quien está facultado para celebrar transacciones, según poder que cursa a los folios dieciocho (18) y diecinueve (19) del expediente; así como tambien la sociedad mercantil demandada, suscribe el documento contentivo de la transacción a través de su apoderado, quien tiene facultades para celebrar transacciones, según consta del poder que cursa a a los folios treinta y cinco (35) al treinta y ocho (38) del expediente, cumpliéndose así con la garantía constitucional de asistencia debida en el proceso; así como tambien en la manifestación escrita del acuerdo, el demandante actuó en forma voluntaria y sin constreñimiento alguno y, que el escrito presentado por ante este Tribunal Superior en la ya citada fecha, se encuentra debidamente circunstanciado en cuanto a la motivación de la transacción y derechos comprendidos, por lo que se acuerda concederle la homologación a la manifestación de voluntad presentada por las partes en este caso y el pase en autoridad de cosa juzgada. Así se decide. Asimismo este Tribunal, como autoridad competente para otorgarle los efectos de cosa juzgada al acuerdo transaccional, declara que de esta manera se concluye el litigio judicial en forma definitiva, mediante un medio alterno de resolución de conflictos, aplicándole las consecuencias previstas en el artículo 62 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, en cuanto a que no existe condenatoria en costas para las partes, y, enfatiza que la manifestación de voluntad expuesta en la transacción en cuestión, constituye una muestra de la participación y responsabilidad social de los sujetos involucrados, en cumplimiento de los fines del bienestar social general, de acuerdo a sus capacidades y, que por tanto, deben cumplir las obligaciones tal y como fueron contraídas en el acuerdo, todo de conformidad con lo preceptuado en los artículos 131 y 135 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. DECISION Por las razones antes expuestas, este Tribunal Superior Segundo del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, Administrando Justicia en nombre de la Republica Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, HOMOLOGA en toda y cada una de sus partes la TRANSACCIÓN celebrada entre las partes ya identificadas, dándole autoridad de cosa juzgada. Se ordena en su oportunidad, la remisión de la causa al Juzgado a quo para que proceda al cierre y archivo del expediente. PUBLÍQUESE, REGÍSTRESE Y DÉJESE COPIA. Dado, firmado y sellado en la Sala de Despacho del Juzgado Superior Tercero del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, Extensión Territorial Puerto Ordaz, a los diecisiete (17) días del mes de junio de dos mil nueve (2009). Año 198º de la Independencia y 150º de la Federación. El Juez Segundo Superior, Abog. Nohel J. Alzolay La Secretaria, Abog. Maglis Muñoz En esta misma fecha, previo el cumplimiento de las formalidades legales se dictó, publicó y diarizó la anterior decisión. Conste. La Secretaria, Abg. Maglis Muñoz