REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER JUDICIAL CIRCUITO JUDICIAL PENAL CIRCUNSCRIPCION DEL ESTADO LARA TRIBUNAL DE EJECUCION Nº 1 Barquisimeto, 01 de Julio de 2009 Años: 198º y 150º Asunto: KP01-P-2003-000686 Revisado la solicitud interpuesta por la defensora publica, del penado GIOVANNY MONTES, C.I. Nº 14.512.572, quien cumple condena de DIEZ (10) AÑOS Y CUATRO (04) MESES DE PRESIDIO, mas las penas accesorias establecidas en el articulo 13 del Código Penal por la comisión de los delitos de ROBO AGRAVADO Y PORTE ILICITO DE ARMA, peticionando sea trasladado dicho penado para el INTERNADO JUDICIAL DE SAN FELIPE, por razones expuesta por su defensora, donde expone que el penado fue trasladado al centro penitenciario de Guarico (TOCORON), sin haberlo solicitado y el mismo se encuentra enfermo y no tiene ningún apoyo familiar, que fue herido gravemente en la cabeza que aun le dan fuertes dolores y sus familiares están preocupados por su estado de salud, en vista de las exposiciones realizadas por la defensora del Penado se hace necesario revisar la Norma Constitucional la cual señala la Garantía a la que se debe el Estado para que se asegure la Rehabilitación del Interno. En otro orden de ideas el artículo 19 Constitucional dispone: “El Estado garantizará a toda persona, conforme al principio de progresividad y sin discriminación alguna, el goce y ejercicio irrenunciable, indivisible e interdependiente de los derechos humanos. Su respeto y garantía son obligatorios para los órganos del Poder Público, de conformidad con esta Constitución, con los tratados sobre derechos humanos suscritos y ratificados por la República y con las leyes que los desarrollen.” Por otra parte, el artículo 43 de la Carta Fundamental establece: “El Derecho a la Vida es Inviolable. Ninguna Ley podrá establecer la pena de muerte ni autoridad alguna aplicarla. El Estado protegerá la vida de las personas que se encuentren privadas de su libertad, prestando el servicio militar o civil, o sometida a su autoridad en cualquier forma”. La protección de las personas privadas de libertad es un deber del Estado, debiendo garantizar el establecimiento de políticas públicas, el respeto de estos Derechos para así cumplir con los postulados consagrados en la Constitución y en otros compromisos de carácter internacional suscritos por la República como lo son la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre, la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, entre otros. Considera este Tribunal, que lo mas ajustado a derecho es Autorizar al Director del centro penitenciario de Guarico (TOCORON), para que realice el traslado de GIOVANNY MONTES, C.I. Nº 14.512.572, al INTERNADO JUDICIAL DE SAN FELIPE, debiéndose realizar el Procedimiento Legal establecido en la Ley de Régimen Penitenciario a través de la Coordinación de Traslados de la Dirección General de Custodia y Rehabilitación del Recluso, con el objeto de poder conocer si están dadas las condiciones para recibir el respectivo traslado, garantizando así el resguardo de la integridad física del penado, tal y como lo señala los artículos 1, 9,11 y 12 de la mencionado Ley . Y Así Se Decide.- DISPOSITIVA¬ Por todas las razones de hecho y de derecho ya expuestas, este Tribunal en Función de Ejecución Nº 1 actuando en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, ACUERDA Autorizar al Director del centro penitenciario de Guarico (TOCORON), para que realice el Traslado con las seguridades del caso al INTERNQDO JUDICIAL DE SAN FELIPE al interno: GIOVANNY MONTES, C.I. Nº 14.512.572, haciendo la Salvedad este Juzgador que se deberá realizar el Procedimiento Legal establecido en los artículos 1, 9,11 y 12 de la Ley de Régimen Penitenciario a través de la Coordinación de Traslados de la Dirección General de Custodia y Rehabilitación del Recluso, con el objeto de poder conocer si están dadas las condiciones para recibir el respectivo traslado, garantizando así salvaguardar la salud y el resguardo de la integridad física del penado. Cúmplase lo Ordenado. Remítase Copia de la presente decisión anexa a Oficio al Director del INTERNADO JUDICIAL DE SAN FELIPE; al Director del Director del centro penitenciario de Guarico (TOCORON; Notifíquese a la Fiscal DECIMOTERCERA del Ministerio Público y la Defensa. Regístrese, Publíquese. EL JUEZ ABG. EDWIN ANDUEZA AMARO LA SECRETARIA