REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER JUDICIAL Juzgado Superior Primero en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Lara Barquisimeto, diez de febrero de dos mil nueve 198º y 149º ASUNTO: KP02-O-2009-000023 PARTE QUERELLANTE: ADALFIO ORTIZ JUAN CARLOS, venezolano, mayor de edad de este domicilio y titular de la Cédula de Identidad N° 10.144.662. PARTE QUERELLADA: JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y TRÁNSITO DEL ESTADO LARA. MOTIVO: RECURSO DE AMPARO CONSTITUCIONAL DE LA SOLICITUD El 06 de febrero de 2009, se recibió en este Despacho la solicitud de amparo constitucional interpuesta por el ciudadano Juan Carlos Adalfio Ortiz, titular de la cédula de identidad Nº 10.144.662, en contra de la sentencia dictada por el Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil (sin que en actas conste la fecha en que fue dictada la referida sentencia). ÚNICO Si bien es cierto, que el escrito interpuesto resulta impreciso y confuso en cuanto a la determinación del fundamento de la tutela constitucional solicitada por el accionante de autos, de lo expuesto se deduce que el amparo que nos ocupa fue ejercido contra sentencia dictada por el Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil, Mercantil y Tránsito del Estado Lara, sin que el accionante especifique en su escrito la fecha de la misma. Ahora bien, observa quien juzga que en el presente caso, la parte accionante se limitó a consignar en el expediente el escrito libelar, señalando e identificando al presunto agraviante y el derecho constitucional violado, pero no acompañó el mismo con la copia simple ni certificada de la sentencia impugnada. Al respecto, la Sala Constitucional en la sentencia del 1° de febrero de de 2000 (Caso: José Amando Mejía), con referencia al procedimiento en el juicio de amparo constitucional, señaló lo siguiente: … (omissis) “...Cuando el amparo sea contra sentencias, las formalidades se simplificarán aún más y por un medio de comunicación escrita que deberá anexarse al expediente de la causa donde se emitió el fallo, inmediatamente a su recepción, se notificará al juez o encargado del Tribunal, así como a las partes en su domicilio procesal, de la oportunidad en que habrá de realizarse la audiencia oral, en la que ellos manifestarán sus razones y argumentos respecto a la acción. Los amparos contra sentencias se intentarán con copia certificada del fallo objeto de la acción, a menos que por la urgencia no pueda obtenerse a tiempo la copia certificada, caso en el cual se admitirán las copias previstas en el artículo 429 del Código Procedimiento Civil, no obstante en la audiencia oral deberá presentarse copia auténtica de la sentencia”. En tal sentido, ha establecido la Sala Constitucional, que el incumplimiento de dicha obligación legal, como toda carga procesal, acarrea una situación desfavorable para aquél sobre quien recae la misma, que en el presente caso es la declaratoria de inadmisibilidad de la acción, dado que la admisión de una acción contra una sentencia, cuya existencia se encuentra en duda, y que de existir se desconoce su contenido, es contraria a los principios que informan el proceso de amparo. (vid. Sentencia del 3 de mayo de 2004, caso: Keivis José Suárez); porque es una carga que no puede ser subsanada por la vía del artículo 19 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, ya que resulta imposible para el juez formarse opinión acerca del cumplimiento o no con los extremos del artículo 18 eiusdem o del eventual encuadramiento de la pretensión en los supuestos del artículo 6 de la misma ley. (Vid. Sentencia N° 778 de 03 de mayo de 2004). Dichas copias constituyen la prueba fundamental del supuesto agravio y, de conformidad con la referida sentencia N° 7/00, del 1° de febrero de 2000 (Caso: José Amado Mejías), no puede producirse en una oportunidad distinta, pues, es esa única oportunidad preclusiva, cuando deben promoverse y presentarse todas las pruebas en que se fundamente la pretensión. DECISIÓN Por las razones expuestas, este Juzgado Superior Primero Civil y Mercantil del estado Lara, actuando en sede constitucional, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara INADMISIBLE la acción de amparo constitucional intentada por el ciudadano JUAN CARLOS ADALFIO ORTIZ, titular de la Cédula de Identidad Nº 10.144.662 contra decisión dictada por el Juzgado Tercero Civil, Mercantil y Tránsito del estado Lara. No hay condenatoria en costas por la naturaleza del fallo. De conformidad con el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil, expídase copia certificada de esta sentencia para ser agregada al Libro respectivo.- Regístrese y Publíquese. El Juez Provisorio, (fdo) El Secretario, Dr. Saúl Darío Meléndez Meléndez (fdo) Abg. Julio Montes Publicada en su fecha, en horas de despacho y seguidamente se expidió copia certificada conforme a lo ordenado. El Secretario, (fdo) Abg. Julio Montes El suscrito Secretario del Juzgado Superior Primero Civil y Mercantil del Estado Lara CERTIFICA: Que la anterior copia de sentencia es fiel y exacta a su original y se expide de conformidad con el artículo 112 del Código de Procedimiento Civil, y por mandato Judicial que dice: “De conformidad con el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil, expídase copia certificada de esta decisión para ser agregada al Libro respectivo... (L.S.) El Juez Provisorio (fdo) Dr. Saúl Darío Meléndez Meléndez, El Secretario. (fdo) Abg. Julio Montes, en Barquisimeto, a los diez días del mes de febrero del año dos mil nueve. Abg. Julio Montes SDMM/JM*carola