REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER JUDICIAL Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso-Administrativo de la Región Centro Occidental Barquisimeto, cinco de agosto de dos mil nueve 199º y 150º ASUNTO: KP02-N-2009-000823 PARTE QUERELLANTE: MARÍA ISIDRA BASTIDAS, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº 5.756.781, domiciliada en el Municipio Trujillo, Estado Trujillo. REPRESENTANTE JUDICIAL DE LA PARTE QUERELLANTE: COROMOTO DEL C. BRICEÑO, venezolana, mayor de edad, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 74.507, domiciliada en el Municipio Trujillo, Estado Trujillo. PARTE QUERELLADA: ALCALDÍA DEL MUNICIPIO TRUJILLO DEL ESTADO TRUJILLO MOTIVO: QUERELLA FUNCIONARIAL (PRESTACIONES SOCIALES) I De Los Hechos En fecha 17 de julio de 2009 este Tribunal recibe el presente asunto proveniente de la URDD Civil, contentivo de la querella funcionarial por prestaciones sociales interpuesta por la ciudadana MARÍA ISIDRA BASTIDAS, antes identificada, en contra de la ALCALDÍA DEL MUNICIPIO TRUJILLO. La querellante solicita la cancelación de sus prestaciones sociales por sus servicios prestados a la Alcaldía del Municipio Trujillo. Revisadas las actas procesales y estando en el momento oportuno para ello, pasa este Tribunal a pronunciarse con respecto a la admisión de la presente querella funcionarial: II Consideraciones Para Decidir Así las cosas, según lo dispuesto en el artículo 94 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, todo recurso con fundamento a ésta Ley podrá ser ejercido validamente dentro de un lapso de tres meses contados a partir del día en que se produjo el hecho que dio lugar a el, o desde el día en que el interesado fue notificado del acto. Ahora bien, la caducidad de la acción por querella funcionarial es un lapso que no admite interrupción ni suspensión, sino que el mismo transcurre fatalmente y cuyo vencimiento implica la extinción de la acción para ejercer el derecho que se pretende hacer valer y por ende, tal acción debe ser interpuesta antes de su vencimiento. En consecuencia, la caducidad de la acción es por disposición legal, una condición cuya verificación debe ser procesada por el tribunal por ante el cual se interpone la querella funcionarial y una vez constatada la operación de la misma, ser declarada inadmisible la acción incoada; todo ello en virtud de que el Estado necesita, por razones de estabilidad y seguridad jurídica que los actos de la Administración Pública adquieran firmeza en un momento dado, y por ello impone al recurso que pueda intentarse contra ellos una doble limitación: la legitimación activa, y la caducidad en estudio para el caso en concreto. Es menester para este Tribunal, recalcar el contenido del artículo 94 de la Ley del Estatuto de la Función Publica, el cual establece: “Articulo 94: Todo recurso con fundamento en esta Ley sólo podrá ser ejercido válidamente dentro de un lapso de tres meses contado a partir del día en que se produjo el hecho que dio lugar a él, o desde el día en que el interesado fue notificado del acto.”. (Negrillas de Tribunal) En relación a este particular, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia de fecha 03 de octubre de 2006, sentencia Nº 1.643, bajo ponencia de la Magistrada LUISA ESTELLA MORALES LAMUÑO, dejó establecido lo siguiente: “…Del artículo transcrito se desprende que toda acción intentada con fundamento en la Ley del Estatuto de la Función Pública deberá ser interpuesta ante los órganos jurisdiccionales en el lapso que allí se establece, aplicable en los casos, donde exista una relación jurídico administrativa funcionarial que vincule a la parte con el órgano administrativo respectivo. Dicho artículo establece un lapso de tres meses para incoar la querella a partir del día en que se produce el hecho que da lugar al recurso. Tanto la doctrina como la jurisprudencia han reiterado de manera pacífica, que la disposición antes transcrita, establece un lapso de caducidad, lo cual indica, necesariamente, que estamos en presencia de un término que no admite paralización, detención, interrupción ni suspensión, sino que el mismo transcurre fatalmente, y su vencimiento ocasiona la extinción del derecho que se pretende hacer valer, por ende, la acción ha de ser interpuesta antes de su vencimiento. Así pues, se fija un término para el ejercicio de la acción, con el propósito de dar estabilidad al acto administrativo no impugnado dentro de ese término, y afianzar la seguridad jurídica tanto de las partes como de la propia Administración. …omisis… En consecuencia, siendo que en el caso de autos, el hecho que dio lugar a la querella por cobro de diferencia de prestaciones sociales, se produjo el 16 de septiembre de 2004, y que el actor interpuso la misma ante el tribunal respectivo el 8 de marzo de 2005, es evidente que transcurrió sobradamente el lapso de tres meses previsto en el tantas veces nombrado artículo 94 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, lo que ocasiona forzosamente la caducidad de la acción y, por ende, su inadmisibilidad; circunstancia esta que demuestra que la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, actuó ajustada a derecho aplicando la norma correspondiente a casos como el de autos, esto es la Ley del Estatuto de la Función Pública, por tratarse (según se desprende del expediente) de un funcionario público sujeto a la misma. Asimismo, debe indicarse que si bien el derecho al trabajo, puede señalarse sin duda alguna como un “derecho fundamental”, y que además todo lo que se desprenda y desarrolle de tal derecho (como las prestaciones sociales por ejemplo), debe ser respetado y garantizado por los operadores de justicia tal como lo ordena el artículo 19 de la Carta Fundamental; dicho derecho por ser tal, no puede interpretarse como absoluto y no sometido a límite alguno, estableciendo la inexistencia de lapsos para los reclamos en razón de ellos o aplicando lapsos consagrados en otras disposiciones normativas ajenas a la especialidad de la materia y a la ley respectiva, ya que los lapsos procesales son materia de orden público; y ello supondría una violación al principio de legalidad y especialización –funcionario público-, que podría derivar en una situación de anarquía jurídica….” En el caso de marras, se observa que en fecha 22 de julio de 2009 este Tribunal acordó un despacho saneador de conformidad con el artículo 340 del Código de Procedimiento Civil a los efectos que la querellante consignara la documental que demuestre el último pago realizado a la misma por sus prestaciones sociales; no obstante, ha transcurrido dicho lapso de cinco (05) días de despacho sin que la querellante consigne lo solicitado por medio del despacho saneador. En consecuencia, no habiéndose consignado lo solicitado, este Tribunal debe tomar la fecha señalada por la querellante como adelanto de sus prestaciones sociales a los efectos del cómputo de la caducidad del caso bajo estudio. En tal sentido, se evidencia que la querellante aduce que recibió un adelanto de prestaciones sociales el 31 de diciembre de 2006 (folio 15) e interpone su querella en fecha 29 de junio de 2009 tal como consta en el oficio expedido por la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Trujillo, anexo al folio 56; con lo cual se constata que transcurrió con creces el lapso de tres (03) meses establecido por la Ley para interponer la presente querella funcionarial, debiendo declararse inadmisible la presente acción por haber operado la caducidad y así se decide. En base a lo anterior, y acogiendo el criterio supra señalado en concordancia con lo establecido en el artículo 94 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, este Tribunal debe Negar la Admisión in limine litis, de la presente Querella Funcionarial por Cobro de Prestaciones Sociales aquí interpuesta y así decide. III Decisión Por las razones precedentemente expuestas este Juzgado Superior Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental, con sede en Barquisimeto, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara INADMISIBLE la presente querella funcionarial por cobro de diferencia de prestaciones sociales interpuesta por la ciudadana MARÍA ISIDRA BASTIDAS en contra la ALCALDÍA DEL MUNICIPIO TRUJILLO DEL ESTADO TRUJILLO, por haber operado la caducidad, de conformidad con lo establecido en el Artículo 94 de la Ley del Estatuto de la Función Pública. Publíquese, regístrese y déjese copia conforme lo establece el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil. Dictada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental, en Barquisimeto, a los cinco (05) días del mes de agosto del año dos mil nueve (2009). Años: 199º de la Independencia y 150º de la Federación. El Juez Titular, Dr. Freddy Duque Ramírez La Secretaria, Abogada Sarah Franco Castellanos Publicada en su fecha a las 12:44 a.m. La Secretaria, L.S. Juez Titular (fdo) Dr. Freddy Duque Ramírez. La Secretaria (fdo) abogada Sarah Franco Castellano. Publicada en su fecha a las 12:44 pm La Secretaria (fdo). La suscrita Secretaria del Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental, certifica que la presente copia es un traslado fiel y exacto de su original y se expide por mandato judicial, en Barquisimeto a los cinco (05) días del mes de agosto del año dos mil nueve (2009) Años 199° y 150°. La Secretaria, Abogado, Sarah Franco Castellanos.