TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

EN SU NOMBRE
JUZGADO DÉCIMO CUARTO DE MUNICIPIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS

PARTE ACTORA
Ciudadano DANIEL FERNANDEZ GONZALEZ, venezolano, mayor de edad, de este domicilio y titular de la cédula de identidad V-6.151.536. APODERADOS JUDICIALES: ciudadanos PRISCA MALAVE, SUSANA DOMINGUEZ TABOADA y NENSOL FIGALLO, abogados en ejercicio, inscritos en el Inpre-abogado bajo los Nos. 21.555, 29.623 y 823, respectivamente.

PARTE DEMANDADA
Ciudadana BLANCA BEATRIZ ANDARA BARRIOS, venezolana, mayor de edad, de este domicilio y titular de la cédula de identidad No. V-5.104.907, (no consta en autos apoderado judicial).

MOTIVO
DESALOJO

OBJETO DE LA PRETENSIÓN: Un apartamento identificado con el No. 14, ubicado en el piso No. 4, Edificio Habana, situado en la Avenida España, Boulevard de Catia, entre Avenida Panamericana y Segunda Avenida, Urbanización Nueva Caracas, Catia, Parroquia Sucre del Municipio Libertador, de esta ciudad de Caracas.

Tipo de sentencia: Interlocutoria

Materia: Civil.

Expediente No. AP31-V-2009-001951.

- I -
DE LAS ACTUACIONES PROCESALES

Admitida como fue la demanda de DESALOJO intentada por el ciudadano DANIEL FERNANDEZ GONZALEZ, venezolano, mayor de edad, de este domicilio y titular de la cédula de identidad No. V-6.151.536, a través de su apoderada judicial ciudadana SUSANA DOMINGUEZ TABOADA, abogada e inscrita en el Inpreabogado bajo el No. 29.623, en contra de la ciudadana BLANCA BEATRIZ ANDARA BARRIOS, venezolana, mayor de edad, de este domicilio y titular de la cédula de identidad No. V-5.104.907, este Tribunal vista la medida de secuestro solicitada, en fecha 16 de julio de 2009 aperturó el presente cuaderno de medidas e instó a la parte actora a que consignara los fotostátos respectivos, a los fines de emitir el pronunciamiento sobre la cautelar peticionada en el libelo de demanda.
Por diligencia del 03 de agosto de 2009, presentada en el cuaderno principal por la apoderada judicial de la parte demandante, consignó los respectivos fotostátos, los cuales fueron debidamente certificados y agregados al presente cuaderno, por auto del día de hoy.

-II-
DE LA PETICIÓN CAUTELAR

De la diligencia presentada en fecha 16 de julio de 2009, se desprende que la parte actora solicitó el secuestro del inmueble de autos, aduciendo lo siguiente:
“De acuerdo a las previsiones contenidas en el ordinal 7° del artículo 599 del Código de Procedimiento Civil, solicito al Tribunal decrete medida preventiva de secuestro sobre el inmueble constituido por apartamento N° 14, ubicado en el piso cuatro del Edificio Habana, el cual se encuentra situado en la Avenida España, Boulevard de Catia, entre Avenida Panamericana y Segunda Avenida, Urbanización Nueva Caracas, Catia, Parroquia Sucre del Municipio Libertador, de esta ciudad de Caracas. Presento al Tribunal a los fines de la designación como depositaria judicial del inmueble a la representación de la parte actora, los siguientes documentos que acreditan la propiedad del inmueble: (A) Un 50% de los derechos de propiedad sobre la totalidad del edificio, los adquirió de los ciudadanos JOSE PEDRE BANCO y MANUEL FOJO LAGE, venezolano el primero, el segundo español, mayores de edad, el primero titular de la cédula de identidad V-2.089.997 y el según identificado con el Pasaporte Español N° 65395-79, según documento protocolizado por ante la Oficina Subalterna del Primer Circuito de Registro del Departamento Libertador del Distrito Federal en fecha 08 de marzo de 1982, bajo el N° 39, Tomo 23, Protocolo Primero el cual se acompaña en copia certificada. (B) El restante 50% de los derechos de propiedad sobre la totalidad del edificio, los adquiere DANIEL FERNANDE GONZALEZ del ciudadano MANUEL ANGENOR FERNANDEZ GONZALEZ, venezolano, mayor de edad, de este domicilio y titular de la cédula de identidad 6.045.175, según documento protocolizado por ante la Oficina Subalterna del Primer Circuito de Registro del Municipio Libertador del Distrito Federal en fecha 10 de enero de 1994, bajo el N° 43, Tomo 2, Protocolo Primero, el cual se acompaña en copia certificada…” (Negrillas de la parte actora)

- II -
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

Vista la solicitud cautelar formulada por la representación judicial de la parte actora, este Tribunal se adentra al análisis de la misma y al subsecuente pronunciamiento.
Revisada la solicitud de la parte actora, se desprende que la misma contiene el pedimento de una medida de secuestro sobre el inmueble que la parte actora identificó en su escrito libelar, fundamentada en el artículo 599 ordinal 7° del Código de Procedimiento Civil.
En ese sentido, a los fines de fundamentar su pretensión y el decreto de la cautelar peticionada, la parte actora consignó los siguientes recaudos:

Con el libelo de demanda produjo los siguientes documentos:
1.) Instrumento poder otorgado por ante la Notaria Pública Cuadragésima Cuarta del Municipio Libertador, en fecha 13 de Octubre de 2008, anotado bajo el No. 14, Tomo 60 de los Libros de Autenticaciones llevados por dicha Notaria, que en copia simple cursa a los folios 8 al 10.
2.) Documento otorgado por los ciudadanos JOSE PEBRE BLANCO y MANUEL FOJO LAGE como vendedores y los ciudadanos DANIEL FERNÁNDEZ GONZÁLEZ MANUEL ANGENOR FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, como compradores, otorgado ante la Oficina Subalterna del Primer Circuito de Registro del Municipio Libertador del Distrito federal en fecha 08 de marzo de 1982, bajo el No. 39, Tomo 23, Protocolo Primero, que en copia simple cursa a los folios 11 al 16.
3.) Documento de compra venta del 50% de la propiedad del inmueble de autos, donde funge como vendedor el ciudadano MANUEL ANGENOR FERNÁNDEZ GONZÁLEZ y como comprador el ciudadano DANIEL FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, otorgado ante la Oficina Subalterna del Primer Circuito de Registro del Municipio Libertador del Distrito federal en fecha 10 de enero de 1994, bajo el No. 43, Tomo 2, Protocolo Primero, que en copia simple cursa a los folios 17 al 21.
4.) Cédula Catastral, emanada por la Alcaldía del Municipio Libertador, Dirección de Documentación e Información Catastral, identificada con el No. 15-20-24-09-0-00-00, que en copia simple cursa al folio 22.
5.) Resolución de fecha 26 de febrero de 1979, emanada de la Dirección de Inquilinato, Expediente No. 35.204, que en copia simple cursa a los folios 23 y 24.

Con la diligencia mediante la cual solicita la medida cautelar, trajo a los autos la siguiente documentación:
6.) Copia certificada emanada del Juzgado Vigésimo de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, del documento otorgado por los ciudadanos JOSE PEBRE BLANCO y MANUEL FOJO LAGE como vendedores y los ciudadanos DANIEL FERNÁNDEZ GONZÁLEZ MANUEL ANGENOR FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, como compradores, otorgado ante la Oficina Subalterna del Primer Circuito de Registro del Municipio Libertador del Distrito federal en fecha 08 de marzo de 1982, bajo el No. 39, Tomo 23, Protocolo Primero (folios 33 al 39).
7.) Copia certificada emanada del Juzgado Vigésimo de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, del documento de compra venta del 50% de la propiedad del inmueble de autos, donde funge como vendedor el ciudadano MANUEL ANGENOR FERNÁNDEZ GONZÁLEZ y como comprador el ciudadano DANIEL FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, otorgado ante la Oficina Subalterna del Primer Circuito de Registro del Municipio Libertador del Distrito federal en fecha 10 de enero de 1994, bajo el No. 43, Tomo 2, Protocolo Primero (folios 40 al 46).

Ahora bien, respecto a los requisitos de procedencia para el decreto de las medidas cautelares, el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil establece lo siguiente:
“…Las medidas preventivas establecidas en este Título las decretará el Juez, sólo cuando exista riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo y siempre que se acompañe un medio de prueba que constituya presunción grave de esta circunstancia y del derecho que se reclama….”.
(Subrayado del Tribunal).

Del contenido de la mencionada norma, se deriva que las medidas a que alude el Título I del Libro Tercero del Código de Procedimiento Civil, serán decretadas sólo cuando exista peligro en la ejecución de la sentencia del juicio que se trate, además de que se anexe alguna prueba que arroje la posibilidad y circunstancia que atente contra el derecho que se pretende hacer valer.
El decreto de medidas cautelares debe basarse en ciertas condiciones, las cuales deben concurrir copulativamente, ellas son: la prueba de la presunción grave del derecho que se reclama (fumus boni iuris) y la que constituye el riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo (periculum in mora).
Ahora bien, corresponde a este Órgano jurisdiccional determinar si en el presente caso se encuentran llenos los extremos necesarios para la procedencia de la cautelar peticionada: fumus boni iuris y periculum in mora, recayendo en la parte actora solicitante de la medida, la carga de la prueba en ese sentido.
En este orden de ideas, respecto al fumus boni iuris, de las actas que conforman el expediente principal, específicamente del contrato de arrendamiento consignado junto al libelo, observa este Tribunal, la existencia de la presunción del derecho que se reclama, independientemente de la procedencia de la acción incoada.
De ahí que, en el presente caso se encuentra demostrada la presunción del derecho que se reclama, primer requisito exigido en la ley adjetiva Civil, para la procedencia de la medida.
De manera que, habiéndose constatado el primero de los requisitos exigidos para el decreto de la cautelar peticionada, corresponde a este Tribunal analizar si de los instrumentos cursantes en autos se ha verificado el periculum in mora.
En ese sentido, la Sala de Casación Civil del Máximo Tribunal de la República en sentencia publicada en fecha 30 de Enero de 2008, expediente No. 06-457, con ponencia del Magistrado Antonio Ramírez Jiménez, en aplicación del artículo 585 del Código de Procedimiento Civil, señaló lo siguiente:
“…De la anterior transcripción se infiere, que el juzgador ad quem confirmó la decisión apelada por considerar que la parte solicitante de la medida cautelar no logró demostrar de manera objetiva, con el material probatorio relativo a los balances y las actas de asambleas de las empresas co-demandadas Danimex, C.A. e Industrias Danatec, C.A., que éstas estuvieren realizando actos que pudieren hacer peligrar la ejecución del fallo definitivo que se dicte en la presente causa. Y ello, está acorde con las jurisprudencias antes transcritas, en las que se señala la manera correcta de interpretar el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil, haciendo hincapié en que el solicitante debe probar la necesidad de que en el proceso se decrete la aspirada cautela y debe convencer de ello al juez; y éste, con fundamento en su prudente arbitrio, verificará la certeza del gravamen o perjuicio alegado por el peticionario de la medida, para resolver si, efectivamente, quedó demostrada o no la necesidad o urgencia de la protección cautelar que se pretende…”. (Subrayado del Tribunal)

Igualmente, respecto al Periculum in mora, el profesor Ricardo Henríquez La Roche señala:
“…Fumus Periculum in mora.- La otra condición de procedibilidad inserida en este articulo bajo comento –sea, el peligro en el retardo- concierne a la presunción de existencia de las circunstancias de hecho que, si el derecho existiera, serían tales que harían verdaderamente temible el daño inherente a la no satisfacción del mismo. No establece la ley supuestos de peligro de daño, tipificados en varios ordinales, como ocurría en los supuestos de embargo y prohibición de enajenar y gravar del Código derogado. Esta condición de la medida ha quedado comprendida genéricamente en la frase <> . El peligro en la mora tiene dos causas motivas: una constante y notoria que no necesita ser probada, cual es la inexcusable tardanza del juicio de conocimiento, el arco de tiempo que necesariamente transcurre desde la deducción de la demanda hasta la sentencia ejecutoriada; otra causa es los hechos del demandado para burlar o desmejorar la efectividad de la sentencia esperada. A este supuesto se refiere la presunción hominis exigida por este artículo en comento. (Código de Procedimiento Civil, Tomo IV, Caracas- 1995, págs. 299 y 300). Subrayado del Tribunal.

De manera que, en apego a lo acogido por el Alto Tribunal de la República y del análisis de la doctrina ya referida al periculum in mora, se observa que de acuerdo a la naturaleza de la cautelar solicitada el sentenciador deberá apreciar, no sólo el hecho de la tardanza del juicio que no es imputable a las partes, sino todas aquellas circunstancias que pongan de manifiesto que en virtud de ese retardo no podría satisfacerse la pretensión del actor, lo que dicho con otras palabras, significa que en cada caso el juez deberá ponderar si se desprenden hechos o actitudes de contra quien recaiga la medida, que estén dirigidos a evitar u obstaculizar la ejecución de un posible fallo a favor de la pretensión del accionante, valiéndose de la demora de la tramitación del juicio.
En consecuencia, para que proceda el decreto de la medida cautelar no soló debe evaluarse la apariencia de certeza o credibilidad del derecho invocado, sino que tiene que determinarse si de las argumentaciones y recaudos acompañados por el solicitante de la cautelar, se deduce el peligro de infructuosidad de ese derecho, no solo en virtud del posible retardo de la actividad del juez, sino también de los hechos que pudieran resultar atribuibles a la parte contra cuyos bienes recae la medida, si así fuere alegado por el peticionante, todo lo cual debe ser apreciado en conjunto.
Ahora bien, en el presente caso el solicitante no aportó medio de prueba alguno que hiciera surgir en este Órgano Jurisdiccional la presunción grave de que pueda quedar ilusoria la ejecución del fallo, aunado a que dada la brevedad de la tramitación del presente procedimiento, no observa este Tribunal que pudiera incurrirse en un retardo.
De ahí que, no habiendo demostrado la parte solicitante, la existencia de hechos desplegados por la demandada dirigidos a hacer nugatoria la posible ejecución de un fallo a favor del actor, resulta forzoso para este Juzgado negar la medida cautelar solicitada, de conformidad con el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil y en apego a la doctrina del Máximo Tribunal de la República. Así se decide.

- III -
DE LA DECISIÓN

Por las motivaciones antes expuestas, este Juzgado Décimo Cuarto de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, NIEGA LA MEDIDA DE SECUESTRO peticionada por el ciudadano DANIEL FERNANDEZ GONZALEZ, parte actora en la presente causa.

Publíquese, regístrese y déjese copia certificada.

Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Décimo Cuarto de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en la Ciudad Capital, a los trece (13) días del mes de Agosto de Dos Mil Nueve (2009). Años 199º y 150º.
LA JUEZ PROVISORIA,

DAYANA ORTÍZ RUBIO

LA SECRETARIA ACCIDENTAL,

GLORIA MARINA CASTRO A.

En esta misma fecha, previo el anuncio de Ley, se publicó y registro la anterior decisión, siendo las doce del medio día (12:00 m.).
LA SECRETARIA ACCIDENTAL,

GLORIA MARINA CASTRO A.

DOR/GMCA/rymg
Exp. No. AP31-V-2009-01951