REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER JUDICIAL Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito de la Circunscripción Judicial del Estado Lara Barquisimeto, dos de abril de dos mil nueve 198º y 150º ASUNTO : KP02-S-2009-001207 LA SUSCRITA JUEZ TITULAR MARILUZ JOSEFINA PEREZ, SE AVOCA AL CONOCIMIENTO DE LA PRESENTE CAUSA. Vista la solicitud presentada por la ciudadana DILIA ALEJOS, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de Identidad N° 7.588.781, de este domicilio, asistida de abogado, donde manifiesta se le conceda titulo supletorio de posesión y dominio sobre unas bienhechurías que fomentó a expensas propias con dinero de su propio peculio, ubicadas en la calle Miranda, entre la vía principal y calle Lara, Barrio Cerro Gordo, Parroquia Unión, Municipio Iribarren del Estado Lara, sobre un lote de terreno ejido; con una superficie de 9,47 mts de frente por 33 mts de fondo, para un total de 312,51 Mts.2; alinderadas de la siguiente manera: NORTE: Con la calle Miranda, que es su frente; SUR: Con montes incultos; ESTE: Con bienhechurías de José Perozo; OESTE: Con bienhechurías de Ramón Arenas. Dichas bienhechurías están constituidas por una casa de paredes de bloques, piso de cemento, techo de zinc, distribuidas de la siguiente manera: dos habitaciones, una sala, una cocina – comedor, un baño, cercada con alambre de púas sobre estantillos de madera y 17 años de ocupación. El valor invertido es la cantidad de TREINTA MIL BOLIVARES FUERTES (Bs.F 30.000,oo) y teniéndose presentes las declaraciones de los testigos ANA DURAN y DOMINGO PERDOMO, éste Tribunal administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, especialmente por los artículos 936 y 937 del Código de Procedimiento Civil y dejando a salvo los derechos que terceras personas puedan tener aprueba la mencionada Justificación y DECLARA TITULO SUPLETORIO DE POSESIÓN Y DE DOMINIO a favor de la ciudadana DILIA ALEJOS, ya identificada, en las bienhechurías antes descritas en el presente decreto, el cual no podrá ser registrado sin la autorización del propietario del terreno, sea un ente público o privado, conforme al acuerdo del primero de Abril de 1.970, dictado por la Corte Suprema de Justicia, en la Sala Político Administrativa, devuélvanse las actuaciones a la parte interesada.- La Juez MARILUZ JOSEFINA PÉREZ La Secretaria ELIANA HERNANDEZ SILVA MJP/Mónica