TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL

Juzgado de Primera Instancia de Juicio de la Coordinación del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Lara
Barquisimeto, ocho de octubre de dos mil ocho
198º y 149º

N° DE EXPEDIENTE: KP02-L-2006-1212
PARTE ACTORA: JOSE ANTONIO COLMENAREZ PEÑA, titular de la cedula de identidad N° V- 11.502.294.
ABOGADOS APODERADOS DE LA PARTE DEMANDANTE: CARMEN MONTILLA DE ANZOLA, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nro. 67.784.
PARTE DEMANDADA: COCA COLA FEMSA DE VENEZUELA, S.A.
ABOGADO APODERADO DE LA PARTE DEMANDADA: MARIELA YANEZ, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nros. 26.835
MOTIVO: ENFERMEDAD PROFESIONAL.

Resumen del Procedimiento

Se inicia la presente causa con demanda interpuesta por el ciudadano JOSE ANTONIO COLMENAREZ PEÑA, titular de la cedula de identidad N° V- 11.502.294, en contra de COCA COLA FEMSA DE VENEZUELA, S.A, en fecha 09 de junio de 2006; tal y como se verifica en el sello húmedo de la URDD CIVIL, se dio por recibida la demanda en fecha 13 de junio de 2006, ante el Juzgado Quinto de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución de la Coordinación del Trabajo del Estado Lara, se admitió en la misma fecha se dio inicio a la celebración a la instalación de la celebración de la audiencia preliminar en fecha 06 de noviembre de 2006, prolongada la misma en varias oportunidades hasta el día 07 de marzo de 2007, donde la misma se dio por concluida y se ordeno su remisión a los tribunales de juicio a los fines de su tramitación, se recibió la causa en fecha 17 de mayo de 2007, admitiendo las pruebas del presente asunto en fecha 25 de mayo de 2007.-

Ahora bien, corre inserto al folio 203 del expediente, auto de fecha 08 de agosto del 2008, en la que se detalla que éste tribunal en aras de cuidar el debido proceso y el derecho a la defensa, ordenó la remisión del asunto a la Sala Social, dando cumplimiento al oficio CG/2007/146 emanado de la Coordinación General del Trabajo del Estado Lara, mediante el cual informan sobre comunicación N° 2283- A, de fecha 25 de mayo de 2007, emanado de la Presidencia de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, en la que se ordenó la inmediata remisión de las causas de Coca Cola FEMSA C.A, fuere parte, y de que en virtud de que el presente asunto no fue conciliado, éste tribunal en virtud de dar continuidad al presente proceso y en aras de garantizar a las partes el debido proceso como ya se índico ut supra y procedió a fijar audiencia de juicio oral y pública para el día martes 07 de octubre de 2008 a las 09:00 a.m, sin necesidad de notificar a las partes en razón de que las mismas se encuentran a derecho, todo en razón de lo establecido en el artículo 7 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, siendo ésta fijación de audiencia realizada con suficiente antelación mediante sistema Iuris 2000 y mediante auto expreso .-

En razón a lo anterior, se tiene que el día y hora estipulada para la llegada de la celebración de la audiencia de juicio y una vez constituido el tribunal con la presencia del juez y de la secretaria, se dejó expresa constancia que una vez efectuado el llamado por parte del alguacil Jean Leonardo Túa al anunció de la audiencia de juicio en el día y en la hora fijado, concurrió la accionada con su apoderado judicial Nelson Eri Torres Muñoz y Marlon Micael Meza Salas, abogados en ejercicio, inscritos en el Instituto de de Previsión Social bajo los números 5.328 y 44.729 respectivamente, titulares de las cédulas de identidad N° 7.329.317, 12.228.551 Y 11 141.647 respectivamente, dejando asimismo constancia de que la accionante del presente proceso no compareció a dicha celebración ni por si ni por medio de apoderado judicial alguno, en consecuencia se levanto acta, y se declaró DESISTIDA LA ACCIÓN, de acuerdo a lo establecido en las corrientes jurisprudenciales por nuestra Sala del Tribunal Supremo de Justicia. Así se decide.-

Quien sentencia procede a reproducir en forma escrita la decisión de éste asunto, ratificando lo determinado en la audiencia de juicio en los siguientes términos:

Motivación

Tal y como se estableció en la exposición de motivos de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo la audiencia de juicio constituye uno de los elementos centrales del proceso laboral, pues consiste en la realización oral del debate procesal entre las partes, entendiéndose que la misma debe desarrollarse con la presencia del Juez de Juicio y la participación obligatoria de las partes o sus representantes, en donde éstos expongan en forma oral los alegatos que consideren pertinentes, para la mayor defensa de sus derechos e intereses, para que en esa misma audiencia de juicio sean evacuadas de forma oral las pruebas, incluyendo la de testigos y expertos y la del interrogatorio por declaración de parte y pueda el Juez, una vez concluido el debate, el juez procede a pronunciar su sentencia inmediatamente en forma oral, la cual se reducirá por escrito dentro de los cinco días hábiles siguientes al pronunciamiento.-

Sin embargo, en el caso in comento en la celebración de la audiencia de juicio, que se había fijada en fecha 08 de agosto de 2008, mediante auto que riela al folio 203, no se desarrolló, pues previo anuncio a viva voz a las puertas del tribunal el día 07 de octubre del 2008; en varias oportunidades, se constató que no compareció la parte actora ni por sí, ni por medio de apoderado judicial a la audiencia de juicio que fuere convocada con suficiente antelación mediante auto expreso y establecida a través del sistema Iuris 2000, el cual consta al expediente desde la fecha en la cual fue publicado, sobre este particular, la Sala de Casación Social en el caso RODOLFO JESÚS SALAZAR GONZÁLEZ y ROBERT SASSI GAMIO, contra la sociedad mercantil FEDERAL EXPRESS HOLDING S.A, ha establecido:

“…Así, tenemos que -tal y como ha sido establecido por la jurisprudencia- la regulación legal sobre la estructura y secuencia obligatoria del proceso, es impositiva, es decir, obligatoria en su sentido absoluto para las partes y el juez, pues tales formalismos que el legislador ha dispuesto en la ley procesal, son los que el Estado considera apropiados y convenientes para garantizar la tutela jurisdiccional de los ciudadanos, que es uno de sus objetivos básicos.

En razón de ello, y como derivado de la garantía del debido proceso, otro de los principios cardinales en materia adjetiva es el principio de la legalidad de las formas procesales, según el cual los actos procesales deben producirse de acuerdo con los mecanismos desarrollados por el ordenamiento jurídico, para producir así los efectos que la ley les atribuye.

En sintonía con esta orientación, el artículo 11 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, dispone que: “Los actos procesales se realizarán en la forma prevista en la ley (...)”. Por lo que haciendo una interpretación sistemática debe indicarse que, si bien del artículo 257 del texto constitucional deriva el principio antiformalista, según el cual no se sacrificará la justicia por formalidades no esenciales, no puede conducir ello a concluir que las formas procesales carecen de significación en la ordenación del proceso, pues no puede dejarse al libre albedrío del juez y mucho menos de las partes, su eficacia y alcance.

Con idéntica proyección se expresa el insigne procesalista colombiano Devis Echandía, cuando expone:

“…La ley nos señala cuáles son los procedimientos que se han de seguir para cada clase de proceso o para obtener determinadas declaraciones judiciales, sin que les sea permitido a los particulares, aún existiendo acuerdo entre todos los interesados en el caso, ni a las autoridades o a los jueces modificarlos o pretermitir sus trámites”.(Devis Echandía, Hernando. Compendio de Derecho Procesal. Tomo I, 10ª Edición. Pág. 39, Bogotá 1985).

Lo anteriormente expresado, es consecuente con el principio de la preclusión de los actos procesales, según el cual los mismos deben practicarse dentro de los lapsos establecidos por la ley para que produzcan sus efectos jurídicos, pues el proceso está dividido en etapas, y cada una de ellas implica la clausura de la anterior, sin posibilidad de renovarla.

La concepción de la nueva justicia laboral, confirió al jurisdicente amplísimas facultades o potestades que le permiten conducir el iter procesal para cumplir así con el desideratum constitucional de ofrecer una justicia eficaz, rápida, idónea, imparcial y expedita, sin embargo, esto no significa de manera alguna que por ello le sean permisadas tergiversaciones, transgresiones o arbitrariedades en la conducción del proceso que configuren abuso de poder o extralimitación en sus funciones, las cuales por demás, en ningún caso pueden ser toleradas por este Alto Tribunal.”

En este sentido, como bien lo ha planteado el texto aquí trascrito, si bien no debe sacrificarse la justicia por formalidades no esenciales, el incumplimiento del principio de legalidad de las formas procesales, en una forma absoluta llevaría al declive de la justicia en si, coadyuvando con la anarquía y el desorden procesal; Sobre este último particular, la Sala Constitucional de este Tribunal Supremo de Justicia, en Sentencia N° 2821 del 28-10-2003, estableció:

“En sentido estricto el desorden procesal, consiste en la subversión de los actos procesales, lo que produce la nulidad de las actuaciones, al desestabilizar el proceso, y que en sentido amplio es un tipo de anarquía procesal, que se subsume en la teoría de las nulidades procesales”.

De igual forma, en la sentencia emanada de la Sala de Casación Social ut supra indicada, establece:

“…Por lo tanto, si la parte obligada a comparecer no se apersona el día y a la hora exacta fijada por el Tribunal, en la sede de éste destinada para la realización de la audiencia en la oportunidad fijada para tal efecto, la consecuencia jurídica será la declaratoria de desistimiento del procedimiento o de admisión de los hechos por incomparencia a la audiencia preliminar (artículos 130 y 131 L.O.P.T), la declaratoria de desistimiento de la acción o de admisión de los hechos por incomparencia a la audiencia de juicio (artículo 151 L.O.P.T), desistimiento del recurso de apelación (artículo 164 L.O.P.T), desistimiento del recurso de casación (artículo 173 L.O.P.T) y del recurso de control de la legalidad (artículo 178 L.O.P.T), sin que sea permisible alterar las consecuencias previstas ante el incumplimiento de estas formalidades.

Conforme con el referido principio procesal de legalidad de los actos procesales a que se hizo referencia anteriormente, y sin perjuicio del criterio flexibilizador del patrón de causa extraña no imputable adoptado por esta Sala, quiere apuntar la misma que la realización en las audiencias (preliminares, de juicio, de apelación, de casación o de control de la legalidad) deben cumplir con las condiciones de modo, lugar y tiempo establecidas por la ley, y su inobservancia comporta la efectividad de las consecuencias establecidas en la ley, por lo que el requisito de la puntualidad en las audiencias es una obligación procesal de las partes, y particularmente de los abogados que las representan, constituyendo un imperativo de conducta que las partes deben satisfacer, en virtud de ser fundamental para la consecución de los fines para los cuales están concebidas las respectivas audiencias que integran la estructura del juicio del trabajo.”

Efectivamente, siendo una obligación de las partes el comparecer de forma puntual a las audiencias a celebrarse en cualquier instancia, y verificado como ha sido la incomparecencia de la actora a la audiencia central del proceso laboral, se debe declarar desistida la acción de conformidad con el Articulo 151 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo que textualmente señala:

Artículo 151: En el día y hora fijados para la realización de la audiencia de juicio deberán concurrir las partes o sus apoderados, quienes expondrán oralmente los alegatos contenidos en la demanda y en su contestación, y no podrá ya admitirse la alegación de hechos nuevos.

Si no compareciere la parte demandante se entenderá que desiste de la acción; en este caso, el juez de juicio dictara un auto en forma oral, reduciéndolo a un acta que se agregara al expediente. Contra esta decisión podrá el demandante apelar en ambos efectos por ante el Tribunal Superior del Trabajo competente, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes.

Si fuere el demandado quien no compareciere a la audiencia de juicio, se tendrá por confeso con relación a los hechos planteados por la parte demandante, en cuanto sea procedente en derecho la petición del demandante, sentenciando la causa en forma oral con base a dicha confesión; sentencia que será reducida en forma escrita, en la misma audiencia de juicio. El demandado podrá apelar la decisión en ambos efectos, dentro del lapso de cinco (5) días hábiles, contados a partir de la publicación del fallo.

En las situaciones anteriormente referidas serán consideradas como causas justificativas de la incomparecencia de las partes el caso fortuito o fuerza mayor, comprobable a criterio del tribunal.

En los casos de apelación, el Tribunal Superior del Trabajo respectivo decidirá sobre la misma, en forma oral e inmediata, previa audiencia de parte, en un lapso no mayor de cinco (5) días hábiles siguientes a partir del recibo del expediente. Siempre será admisible recurso de casación contra dichas decisiones, si la cuantía excediere del monto establecido en el artículo 167 de esta Ley.

Si ninguna de las partes compareciere a la audiencia, el proceso se extinguirá y así lo hará constar el juez, en acta que inmediatamente levantara al efecto.

Analizando la norma transcrita, es preciso destacar que la incomparecencia de la parte actora a la audiencia de juicio trae como consecuencia procesal la aplicación del efecto jurídico del desistimiento de la acción intentada por la misma, de conformidad con lo que establece la norma transcrita up supra. En consecuencia debe este tribunal declarar desistida la acción. Así se establece.-

Por lo expuesto, resulta forzoso para quien sentencia declarar desistida la acción. Así se decide.
Dispositiva

Por todos los razonamientos de hecho y de Derecho que han quedado expresados en la presente decisión; el Juez Segundo de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por la autoridad que le confieren la Ley y el Derecho, decide:

PRIMERO: Desistida la acción por enfermedad profesional incoada por el ciudadano JOSE ANTONIO COLMENAREZ PEÑA, titular de la cedula de identidad N° V- 11.502.294 en contra de COCA COLA FEMSA DE VENEZUELA S.A.-

No hay condenatoria debido a la naturaleza del fallo.-

En Barquisimeto, 08 de octubre de 2008. Años 198° de Independencia y 149° de la Federación.

Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Segundo de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Lara. En Barquisimeto, 08 de octubre de 2008 Años: 198° de la Independencia y 149° de la Federación.

Abg. Rubén de Jesús Medina Aldana
Juez

Abg. Joanny José García
Secretario