REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER JUDICIAL Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito de la Circunscripción Judicial del Estado Lara Barquisimeto, dieciséis de octubre de dos mil ocho 198º y 149º ASUNTO : KP02-M-2008-000330 PARTE DEMANDANTE: ASOCIACION CIVIL PROVIVIENDA HABITUNAS (ASOHABITUNAS), según se evidencia en Instrumento Poder debidamente otorgado ante la Notaria Pública Segunda de Barquisimeto del Estado Lara, en fecha 09 de Abril de 2008, anotado bajo el Nº 33 Tomo 68 de los Libros de Autenticaciones. ABOGADO DE LA PARTE DEMANDANTE: VICTOR G. CARIDAD ZAVARCE, abogado en ejercicio, inscrito en el Inpreabogado bajo I.P.S.A 20.068. PARTE DEMANDADA: NELIDA FALCON, venezolana, titular de la cédula de identidad Nº 7.420.360. ABOGADO DE LA PARTE DEMANDADA: MILEXA SANCHEZ BELLO, abogada en ejercicio, inscrita en el Inpreabogado bajo el Nº 90.089. MOTIVO: SENTENCIA INTERLOCUTORIA EN JUICIO POR CUMPLIMIENTO DE CONTRATO Se pronuncia este tribunal en relación a la solicitud formulada por la ciudadana NELIDA HENEDINA FALCON, asistida de la abogada MILEXA SANCHEZ, en escrito de fecha 10 de septiembre del 2008, mediante la cual solicita entre otras cosas, se declare la perención de la instancia, alegando “que el actor no le dio el impulso procesal para la practica de la citación de la demandada”, siendo esto así, este Tribunal observa: En fecha 07 de Julio del 2008, se admitió la demanda aquí intentada ordenándose la citación de la demandada, ciudadana NELIDA HENEDINA FALCON, para que compareciera ante este tribunal a dar contestación a la misma dentro de los veinte (20) días de despacho siguientes a su citación. En fecha 17 de septiembre del año 2008, consta auto donde se acuerda agregar las resultas de la comisión que le conferida al Juzgado Ejecutor de Medidas de los Municipios Palavecino y Simón Planas de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, de la cual se desprende que en fecha 11 de agosto del 2008, el referido Juzgado Ejecutor cumplió con la comisión librada, así mismo se desprende que en la practica de dicha medida se encontraba presente la demanda. PARTE MOTIVA El Tribunal para decidir observa: Toda instancia se extingue conforme lo previsto en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, ya que específicamente el ordinal 1º del artículo 267 ejusdem, establece: “…1º. Cuando transcurridos treinta días a contar desde la fecha de admisión de la demanda, el demandante no hubiese cumplido con las obligaciones que le impone la ley para que sea practicada la citación del demandado”.- Al respecto el artículo 269 del Código de Procedimiento Civil establece: “La perención se verifica de derecho y no es renunciable por las partes. Puede declararse de oficio por el Tribunal y la sentencia que la declare, en cualquiera de los casos del articulo 267, es apelable libremente.” Las normas parcialmente transcritas consagran la denominada institución de la “perención breve o especial”, que extingue el proceso, ya no por acto de parte sino por la inactividad de ellas prolongada por un cierto tiempo, por lo la cual la inactividad procesal y el transcurso del lapso legal, hacen verificar de pleno derecho esta figura. La perención de instancia es la extinción de un proceso que se produce por su paralización, en el que no se realiza acto de impulso procesal alguno. La perención es el correctivo legal a la crisis de actividad que supone la detención del proceso. Toda paralización contiene el germen de la extinción de la instancia, que puede llegar o no a producirse según se den o no las condiciones legales que la determinan.- La perención requiere de la concurrencia de tres elementos o condiciones, a saber: uno objetivo, la inactividad, que se reduce a la falta de realización de actos procesales; otro subjetivo, que se refiere a la actitud omisiva de las partes y no del Juez; y uno temporal, que es la prolongación de la inactividad de las partes por el lapso de treinta días continuos. La jurisprudencia nacional señala que la perención tiene su fundamento en la negligencia de las partes y en la presunción de que la inactividad de éstas entraña una renuncia a continuar la instancia. Del contenido de la disposición del articulo 267 numeral 1° ejusdem, se desprende que es carga del actor cumplir con las obligaciones de ley para lograr la citación del demandado, cuales son: el pago de los derechos por concepto de arancel judicial y timbres fiscales. Sin embargo, hoy día toda la normativa referida a la cancelación de tales derechos es inconstitucional, ello en atención al principio de gratuidad establecido en el aparte único del artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que dice: “El Estado garantizará una justicia gratuita…(omissis)”. – No obstante ello, cabe resaltar la sentencia dictada por la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia en fecha 06-07-2004, en el expediente N° AA20-C-2001-000436, estableció que: “…(omissis) la obligación arancelaria que previó la Ley de Arancel Judicial perdió vigencia ante la manifiesta gratuidad constitucional, quedando con plena aplicación las contenidas en el precitado artículo 12 de dicha ley y que igualmente debe ser estricta y oportunamente satisfechas por los demandantes dentro de los 30 días siguientes a la admisión de la demanda, mediante la presentación de diligencias en la que ponga a la orden del alguacil los medios y recursos necesarios para el logro de la citación del demandado, cuando ésta haya de practicarse en un sitio o lugar que diste más de 500 metros de la sede del Tribunal; de otro modo su omisión o incumplimiento, acarreará la perención de la instancia, siendo la obligación del Alguacil dejar constancia en el expediente de que la parte demandante le proporcionó lo exigido en la ley a los fines de realizar las diligencias pertinentes a la consecución de la citación…(sic)”. Es por ello que, los actos que debe efectuar el actor tendiente a que el órgano jurisdiccional pueda citar al demandado no son deberes u obligaciones procesales, sino que constituyen cargas procesales. Aceptar lo contrario conllevaría, tácitamente a la aceptación de que no existe interés en la propia pretensión deducida o en convenir acerca de que pueden deducirse pretensiones carentes de fundamentación, lo cual desnaturaliza el proceso. Entre los casos previstos en los cuales operaria la perención como consecuencia del comportamiento negligente de la o de las partes, se encuentra pautado por la Ley, una sanción a la inactividad del actor, en el sentido de ser él, el interesado en que se perfeccione la citación del demandado, a los fines de poder entablar la relación jurídica procesal, la falta de manifestación de ese interés propio es sancionado con la perención. Por tanto siendo que, la demanda debidamente admitida es el acto que da inicio al proceso, que ella contiene la pretensión cuya satisfacción pide el actor al órgano jurisdiccional, que de conformidad con el Artículo 215 del Código de Procedimiento Civil, la citación es una formalidad necesaria para la validez del juicio y del establecimiento de la relación jurídico procesal. En el presente caso, en el auto de admisión de la demanda dictado en fecha 07 de Julio del dos mil ocho, se ordenó librar la compulsa una vez que la parte actora consignara las copias del libelo de demanda, y por cuanto de las actas procesales que integran el presente expediente no consta actuación alguna de la cual se evidencie que la parte actora haya satisfecho o cumplido con la obligación legal establecida en el auto de admisión, para impulsar la citación dentro del lapso de treinta (30) días, ya que los mismos vencieron el seis (06) de agosto del 2008, siendo pues que la demandada fue citada tácitamente en fecha 11 de agosto del 2008, fecha de la practica de la medida y en la cual estuvo presente la demanda, por lo que en estricto apego a las mencionadas jurisprudencias de casación, cuyos contenidos comparte quien aquí juzga, resulta forzoso declarar que se ha producido en consecuencia la perención de la instancia; Y ASI SE DECIDE. D E C I S I Ó N Por las consideraciones anteriormente hechas, este JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO LARA, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: Se declara la PERENCIÓN BREVE DE INSTANCIA de este proceso, conforme lo establecido en el ordinal 1° del artículo 267 y del articulo 269, del Código de Procedimiento Civil, por negligencia de la parte actora al no haberle dado impulso procesal a la citación de las partes demandadas, ya que no cumplió con las obligaciones que le impone la ley para que se hubiesen practicado las citaciones de las partes demandadas. Y ASÍ SE DECIDE.- SEGUNDO: No se hace pronunciamiento alguno de costas, por la índole de este fallo. Y ASÍ SE DECIDE.- TERCERO: No se ordena notificar a las partes y/o a sus apoderados judiciales de esta decisión, por encontrarse a derecho. PUBLÍQUESE Y REGÍSTRESE. Déjese copia certificada por Secretaría del presente fallo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 1.384 del Código Civil y a los fines legales previstos en los ordinales 3 y 9 del artículo 72 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Dada, firmada y sellada en la Sala del Despacho del JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y TRANSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO LARA, en Barquisimeto, a los dieciséis (16) días del mes de Octubre de Dos Mil Ocho (2.008). Años 198° de la Independencia y 149° de la Federación. El Juez, Abg. Harold Paredes Bracamonte. La Secretaria. Abg. Luisa A. Agüero. E. En la misma fecha se dictó y publicó el fallo que antecede, siendo las 2:15 de la tarde. La Secretaria. HRPB/LAA/nancy La suscrita secretaria accidental certifica la exactitud de la copia que antecede la cual es traslado fiel de su original inserto en autos. LA SECRETARIA ABG. LUISA A. AGÜERO E.