REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA JUZGADO NOVENO DE CONTROL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO LARA Barquisimeto, 09 de octubre de 2008 Años: 198° y 149° ASUNTO KP01-P-2008-005795 Vista la solicitud de revisión de medida cautelar sustitutiva a la privación de libertad, incoada por la defensa técnica de los procesados JORGE ARTURO FIGUEROA VARGAS Y ANGEL ALBERTO FELIPE GARCIA, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 264 del Código Orgánico Procesal Penal, este Tribunal pasa a decidir la presente solicitud en los siguientes términos: A los precitados encausados les fue decretada en fecha 22 de mayo de 2008, por el Tribunal Noveno de Control del Estado Lara, Medida Cautelar Sustitutiva a la Privación de Libertad, por la presunta comisión del delito de ROBO AGRAVADO DE VEHÍCULO AUTOMOTOR previsto y sancionado en el artículo 5 de la Ley Sobre el Hurto y Robo de Vehículo y PORTE ILICITO DE ARMA DE FUEGO, previsto y sancionado en el artículo 277 del Código Penal, consistente de Detención Domiciliaria. La Defensa Técnica del procesado de autos solicitó con fundamento en lo dispuesto en el artículo 264 del Código Orgánico Procesal Penal, la revisión de la Medida de Detención Domiciliaria por una que crea conveniente este tribunal. Este Juzgador tomando en consideración la revisión efectuada a las actas que constituyen la presente causa, para decidir observa: Nuestro Código Orgánico Procesal Penal consagra como uno de los Principios y Garantías Procesales del sistema penal venezolano, la Afirmación de Libertad, según el cual las disposiciones que autorizan preventivamente la privación o restricción de la libertad o de otros derechos del imputado, o su ejercicio, tienen carácter excepcional, solo podrán ser interpretadas restrictivamente, y su aplicación debe ser proporcional a la pena o medida de seguridad que pueda ser impuesta en la definitiva, principio éste que debe necesariamente concatenarse con el Estado de Libertad y Proporcionalidad señalados en los artículos 243 y 244 de la citada norma adjetiva vigente, con base a los cuales se ordenó la aplicación de Medida Cautelar por este Juzgado en su debida oportunidad. Igualmente indica el principio de proporcionalidad de las medidas de coerción personal (privativas y menos gravosas), que las mismas no pueden sobrepasar la pena mínima prevista para el delito, ni exceder del plazo de dos años (cuando la pena sea igual o inferior a este lapso), además contempla la posibilidad de prorrogar su vigencia cuando de manera excepcional concurran circunstancias graves que a juicio del tribunal las justifiquen. Considera este Tribunal para decidir sobre la revisión de la medida de Detención Domiciliaria, que como Medida Cautelar Sustitutiva a la Privación de Libertad fue impuesta a los justiciables, se evidencia que han trascurrido mas de tres meses desde que les fue impuesta a los imputados JORGE ARTURO FIGUEROA VARGAS Y ANGEL ALBERTO FELIPE GARCIA, la medida de coerción personal sin que el Ministerio Público presentase el respectivo acto conclusivo, asimismo que de la revisión efectuada a las actas que conforman el presente asunto, se evidencia que los procesados no han incurrido en nuevos hechos punibles, en atención a lo cual se verifica que los mismos han demostrado su voluntad de someterse al proceso penal, haciéndose procedente la revisión de la medida cautelar de Detención Domiciliaria por presentaciones periódicas cada QUINCE (15) DÍAS ante la taquilla de presentaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Lara y la PROHIBICIÓN DE SALIDA DEL ESTADO LARA SIN AUTORIZACIÓN DEL TRIBUNAL, y así se decide.- DECISION En mérito a las consideraciones que anteceden, este Juzgado Noveno de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Lara, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 264 del Código Orgánico Procesal Penal, declara PROCEDENTE la revisión de la medida cautelar sustitutiva a la privación de libertad, decretada en contra del procesado JORGE ARTURO FIGUEROA VARGAS Y ANGEL ALBERTO FELIPE GARCIA, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Nros. 18.897.451 y 18.688.160, respectivamente, revisando la medida dictado en su oportunidad como parte de la medida de coerción personal impuesta, quedando obligados a presentarse una vez cada QUINCE (15) DÍAS ante la taquilla de presentaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Lara y la PROHIBICIÓN DE SALIDA DEL ESTADO LARA SIN AUTORIZACIÓN DEL TRIBUNAL, a tenor de los dispuesto en los ordinales 3° y 4º del artículo 256 del Código Orgánico Procesal Penal. Notifíquese a las partes de la presente decisión. Ofíciese a la Comandancia General de las Fuerzas Armadas Policiales del Estado Lara, informando sobre lo decidido. Regístrese. Cúmplase. ABG. ADELMO ATILIO LEAL ARRIETA. JUEZ NOVENO EN FUNCIONES DE CONTROL EL SECRETARIO.