TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL

Tribunal de Violencia contra la Mujer en Funciones de Control, Audiencia y Medidas
Barquisimeto, 24 de Noviembre de 2008
198º y 149º

ASUNTO PRINCIPAL: KP01-P-2007-003240

AUTO PARA FUNDAMENTAR LO DECIDIDO EN AUDIENCIA PRELIMINAR, CELEBRADA DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 104 DE LA LEY ORGÁNICA SOBRE EL DERECHO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA:
El día 17 de noviembre de 2008, siendo las 4:00 p.m., se constituyó el Tribunal Especial de Primera Instancia en lo Penal de Violencia Contra La Mujer en Funciones de Control, Audiencia y Medidas Nº 1 del Circuito Judicial Penal del Estado Lara, conformado por la JUEZA Abg. NATALY GONZÁLEZ PÁEZ, la SECRETARIA Abg. María Carolina D’Aquaro y el Alguacil José Marín, en la Sala de Audiencias Nº 9, ubicada en planta baja de este Circuito Judicial Penal, a los fines de celebrar audiencia preliminar de conformidad con el artículo 104 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para lo cual se encontraban presente todas las partes necesarias para la celebración de la misma.

ANTECEDENTES DEL CASO:
En fecha 25 de junio de 2007 la Fiscalía Quinta del Ministerio Público remite actuaciones en las cuales solicita se califique de conformidad con las normas adjetivas como flagrante la aprehensión del ciudadano: RAFAEL ANTONIO YEPEZ LINAREZ, titular de la cedula de identidad Nº V- 7.466.030, por la presunta comisión de los delitos de VIOLENCIA PSICOLÓGICA Y VIOLENCIA FÍSICA previstos y sancionados en el artículo 39 y 42 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en perjuicio de la ciudadana: NIEVES CECILIA VASQUEZ ALVAREZ, identificada en autos.

En fecha 26 de junio de 2008 fue celebrada Audiencia para calificar la Flagrancia, en la cual el Tribunal de Control Penal Ordinario Nro. 8 decretó: 1) Con lugar la aprehensión en flagrancia, por lo cual se acordó proseguir la causa por el procedimiento Especial contenido en el artículo 94 de la Ley especial. 2) Se acordaron las medidas de protección previstas en los articulo 87 numeral 3, 5 y 6 de la ley en referencia y medida cautelar innominada establecida en numeral 13 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, como lo es la evaluación psiquiatrica del presunto agresor.

En fecha 31 de octubre de 2007 la Fiscalía Quinta del Ministerio Público presenta escrito formal de Acusación en contra del ciudadano: RAFAEL ANTONIO YEPEZ LINAREZ, titular de la cedula de identidad Nº V- 7.466.030, por la presunta comisión de los delitos de VIOLENCIA PSICOLÓGICA Y VIOLENCIA FÍSICA previstos y sancionados en el artículo 39 y 42 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en perjuicio de la ciudadana: NIEVES CECILIA VASQUEZ ALVAREZ, identificada en autos.

En fecha 07 de noviembre de 2008 mediante auto el Tribunal de Control Nro. 8 de este Circuito Judicial Penal, fijó Audiencia para el día 11 de noviembre de 2007 de conformidad con el artículo 104 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la cual fue diferida en varias oportunidades por ausencia de las partes.

En fecha 17 de septiembre de 2008, en virtud de resolución Nº 2007-58, de fecha 12 de diciembre del 2007, dictada en Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, por la cual se crea los Tribunales especiales con competencia en Violencia Contra La Mujer, y de resolución Nº 01-08, emanada de la presidencia del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, en fecha 08-08-08, este Tribunal de Primera Instancia en Funciones de Control, Audiencias y Medidas Nº 01, se ABOCA al conocimiento de la presente causa.

En fecha 17 de noviembre de 2008 fue celebrada la Audiencia Preliminar de conformidad con el artículo 104 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, posterior a varios diferimientos.

DE LO EXPUESTO POR EL MINISTERIO PÚBLICO:
La Fiscalía Quinta YARITZA MARINA BERRIOS BAPTISTA del Ministerio Público expuso oralmente las razones de modo, tiempo y lugar en que ocurrieron los hechos en las que fundamenta su acto conclusivo que fuera presentado oportunamente contra el referido acusado a quien identifica como RAFAEL ANTONIO YEPEZ LINAREZ, titular de la cedula de identidad Nº V- 7.466.030, indica los elementos de convicción y ofrece los medios probatorios, encuadra el ilícito en el delito de VIOLENCIA PSICOLOGICA Y VIOLENCIA FÍSICA, previsto y sancionado en el artículo 39 y 42 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Solicita el enjuiciamiento del ciudadano RAFAEL ANTONIO YEPEZ LINAREZ, titular de la cedula de identidad Nº V- 7.466.030, mediante el respectivo auto de apertura a juicio oral y público y que se admita totalmente la acusación en virtud de que la misma cumple con todos los requisitos establecidos en el artículo 326 del Código Orgánico Procesal Penal, así como las pruebas ofrecidas cuya pertinencia y necesidad ha indicado. De igual manera la Fiscal se reservó el derecho de ampliar o modificar la presente acusación si en el transcurso del debate surgen nuevos elementos que así lo ameriten, ello de conformidad con el artículo 351 del Código Orgánico Procesal Penal. Es todo”.

EXPOSICIÓN DEL PRESUNTO AGRESOR:
RAFAEL ANTONIO YEPEZ LINAREZ, titular de la cedula de identidad Nº V- 7.466.030, de 49 años de edad, grado de instrucción 3º año, Concubino, de oficio Operador de Equipo Móvil, hijo de Eutoquio Yépez y María Dolores de Yépez, nació en fecha 06-10-1960, natural del Tocuyo, Estado Lara, residenciado en la Urbanización el Bosque Sector I, calle 5, casa Nº 6, al frente de la Fabrica Café Cardenal, en el Tocuyo, Estado; a quien este Tribunal le impuso con todas las formalidades de Ley del precepto Constitucional de conformidad con lo establecido en el artículo 49 y las normas que rigen en el Código Orgánico Procesal para su declaración; el Tribunal también le impuso de la advertencia preliminar de conformidad con el artículo 131 del Código Orgánico Procesal Penal.

Se le explicó al imputado el significado de la Audiencia Preliminar, asimismo se le informó que el Código Orgánico Procesal Penal prevé unas alternativas a la prosecución del proceso, que consisten en el Principio de Oportunidad, Suspensión Condicional del Proceso, Acuerdos Reparatorios y asimismo respecto del Procedimiento Especial de Admisión de los Hechos, previsto en el artículo 376 del Código Orgánico Procesal Penal, indicándoles que la oportunidad para hacer uso de tales instituciones de composición procesal es la audiencia preliminar, se le informó sobre los hechos por los cuales el Ministerio Público lo acusa y se le explicaron las circunstancias que influyeron en la calificación jurídica, asimismo se le hizo lectura del precepto jurídico aplicable y se le preguntó seguidamente si estaba dispuesto a declarar, a lo que libre de todo juramento, coacción o apremio respondió lo siguiente: “Me acojo al precepto constitucional”.

EXPOSICIÓN DE LA DEFENSA PÚBLICA:
La defensa pública Abogada YAJAIRA SALAZAR, en la Audiencia expone: La defensa verifica el escrito consignado en fecha 04-11-2008 del presente año donde de la revisión del asunto verifica que la acusación presentada adolece de formalidades por lo que opone la excepción contenida en el artículo 28 del Código Orgánico Procesal Penal, es decir que la acción esta promovida ilegalmente por el incumplimiento de los requisitos de procedibilidad para intentar la acción, ya que la acusación debe contener los medios de prueba que se presentaran en el juicio oral y publico con indicación de su necesidad y pertinencia y se evidencia que en la acusación no consta la evaluación médica que determine la lesiones ocasionadas a la victima y que determine el tiempo de recuperación y no consta el examen psiquiátrico que determine el grado de perturbación, por lo ante expuesto de conformidad con el artículo 33 ordinal 4° del Código Orgánico Procesal Penal solicito que se decrete el sobreseimiento de la causa, por ser este el efecto jurídico a la excepción planteada. Es todo”.

CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL PARA DECIDIR:
El Tribunal de conformidad con el artículo 330 del Código Orgánico Procesal pasa a resolver en presencia de las partes, por cuanto la Audiencia Preliminar constituye un acto fundamental de la fase intermedia, el cual tiene como objeto:
1. Depuración del procedimiento
2. Comunicar al imputado sobre la acusación en su contra
3. Control formal y material de la Acusación

En la Audiencia Preliminar celebrada, la Defensa Pública expone solicitud de Sobreseimiento de conformidad con el artículo 33 ordinal 4 del Código Orgánico Procesal Penal motivado a la excepción planteada ya que la acción penal fue intentada legalmente en virtud de que no constan las pruebas fundamentales para comprobar los delitos calificados por la Fiscalía Quinta, por lo que no existe expectativa probatoria para llevar a juicio a su representado; por otro lado el Ministerio Público ratifica su escrito Acusatorio por considerar que cumple con los requisitos establecidos en el artículo 326 del Código Orgánico Procesal Penal a los fines de solicitar el enjuiciamiento del imputado: RAFAEL ANTONIO YEPEZ LINAREZ, titular de la cedula de identidad Nº V- 7.466.030, por la presunta comisión del delito de VIOLENCIA PSICOLOGICA Y VIOLENCIA FÍSICA, previsto y sancionado en el artículo 39 y 42 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Ahora bien, este Tribunal considera que de la lectura efectuada al escrito de Acusación Fiscal no se determina cual es la actividad probatoria que podría comprobar los presuntos delitos cometidos por el imputado y por el cual el Ministerio Público podría solicitar su enjuiciamiento. Al respecto se debe señalar que el debido proceso es de naturaleza compleja y encierra dentro de sí un conjunto de garantías que se traducen en una diversidad de derechos para el procesado, entre los que figuran, el derecho a acceder a la justicia, el derecho a ser oído, el derecho a la articulación de un proceso debido, derecho de acceso a los recursos legalmente establecidos, derecho a un tribunal competente, independiente e imparcial, derecho a obtener una resolución de fondo fundada en derecho, derecho a un proceso sin dilaciones indebidas, derecho a la ejecución de las sentencias, entre otros, que se vienen configurando a través de la jurisprudencia. Todos estos derechos se desprenden de la interpretación de los ocho ordinales que consagra el artículo 49 de la Carta Fundamental.

En efecto, en el procedimiento preliminar tal y como lo afirma Gómez Colomer, se pretende poner de manifiesto, en primer lugar, la existencia objetiva del hecho; en segundo lugar, la toma en consideración por el Derecho Penal de ese hecho, es decir, si se trata de un hecho punible o no; y por último, desde el punto de vista subjetivo, si ese hecho puede ser imputado razonablemente a una persona (Idem, p 104).

En este aspecto, cabe destacar la opinión de Montero Aroca, en el sentido de que: “… realmente, el proceso penal comienza de verdad cuando se formula una acusación contra una persona determinada por un hecho criminal concreto…” (Ob. Cit. p 118).

En el caso que nos ocupa el Ministerio Público presentó una acusación ofreciendo como medios de pruebas el testimonio de la victima, testimonio de los funcionarios actuantes y de los expertos que realizaron según el escrito acusatorio los exámenes médicos forense; asimismo, como prueba documental denuncia de fecha 22 de junio de 2007, acta policial donde consta la aprehensión del imputado, constancias médicas y resultado de los reconocimientos legales tanto de las lesiones físicas como de la valoración psiquiatrica. Ahora bien, es el caso que la Fiscalía en el presente asunto no consignó anexo a su escrito de acusación los reconocimientos médicos legales que menciona en su libelo acusatorio y tal omisión no puede ser subsanada en virtud de que la victima no se realizó ninguno de los reconocimientos médico mencionados y así quedo evidenciado en la Audiencia celebrada. Siendo así podemos observar que la acusación no contiene los medios de pruebas por excelencia debido a la naturaleza del delito de Violencia Física y Violencia Psicológica como lo es la valoración médica suscrita por un especialista forense; al respecto sólo se presentan constancias médicas que aún cuando tengan carácter referencial se hacen insuficientes para comprobar los delitos por los cuales se pretende acusar al ciudadano: RAFAEL ANTONIO YEPEZ LINAREZ, titular de la cedula de identidad Nº V- 7.466.030, ya que las pruebas presentadas tales como las referidas constancias médicas, la denuncia y el acta policial carecen de requisitos legales de conformidad con el artículo 339 del Código Orgánico Procesal Penal para su consideración de prueba documental, por lo que contrarían los principios procesales que rigen nuestro sistema acusatorio como los son el principio de la prueba objetiva, la oralidad y la inmediación.

Es por ello que se tiene que hacer una revisión de los requisitos materiales o esenciales para el ejercicio de la acción penal, que comprende el análisis de cumplimiento de los presupuestos procesales para el ejercicio de la acción penal, la correcta finalización de la fase de investigación y el análisis de la expectativa de la actividad probatoria. Estos últimos a su vez comprenden una serie de aspectos específicos que deben ser analizados por el Juez de Control, a los fines de que no se ordene la celebración de un juicio de manera inadecuada, por el ejercicio arbitrario o defectuoso de la acción penal, que pudiera devenir en la celebración de un juicio innecesario que por una parte afecte al procesado con la denominada por la doctrina como la “pena del banquillo” y por otra parte en la generación de impunidad por la no realización de un control efectivo y eficaz del ejercicio de la acción penal.

En este sentido conforme a lo indicado por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, ello constituye una falta de requisito de procedibilidad, y como tal debe ser considerado atendiendo al contenido del artículo 28 numeral 4 literal “e” del Código Orgánico Procesal Penal, criterio asentado en la sentencia Nº 256 del 14 de febrero de 2002, con ponencia del Magistrado Jesús Eduardo Cabrera Romero, en la cual se indicó al respecto lo siguiente:

“Por considerar que algunas transgresiones constitucionales pueden incidir sobre el fundamento del derecho de acción, si ocurren, ellas infringirían requisitos de procedibilidad de la misma, y la Sala en el caso concreto de autos concluye que la petición de nulidad opuesta en el proceso penal por los accionantes de este amparo, concuerda en la actualidad con la excepción del literal “e” del artículo 28 del Código Orgánico Procesal Penal, a pesar que no fue opuesta como excepción, ya que el artículo 28 surge en fecha posterior a la petición. Tal excepción no existía en el ordenamiento procesal penal, cuando fue opuesta; pero, luego de la reforma, la nulidad pedida, de ser cierta sus razones, no sería más que una actitud ilícita del acusador que elimina la acción en quien comete las ilicitudes (en esta caso inconstitucionalidades), y por ello la Sala considera que la “nulidad” invocada en la fase intermedia y con las transformaciones habidas en el proceso penal, debido a la reforma del Código Orgánico Procesal Penal, equivale a una excepción y, como tal, debe ser resuelta, como toda excepción, en la audiencia preliminar.
…omisis…
Establecido lo anterior, la Sala observa que, la nulidad solicitada equivale en el presente caso, ya que ataca la acusación fiscal, a un incumplimiento de los requisitos de procedibilidad para intentar la acción, ya que conforme al artículo 190 del Código Orgánico Procesal Penal, no podrían ser apreciados para fundar una decisión judicial, ni utilizados como presupuestos de ella, los actos cumplidos, en contravención o con inobservancia de las formas y condiciones previstas tanto en el Código Orgánico Procesal Penal como en la Constitución.

En consecuencia, los vicios de inconstitucionalidad que afecten a los actos procesales los anulan, y considera esta Sala que la acusación, como actuación que da lugar a la fase intermedia, debe reunir las condiciones señaladas, no sólo en el artículo 326 del Código Orgánico Procesal Penal, sino haber cumplido previamente para su elaboración, con los pasos procesales ceñidos a la Constitución; por lo que la acción no procede si en la formación de la acusación no se han cumplido los derechos y garantías constitucionales. Así como no procede una acción para instrumentar un fraude, igualmente, no debe proceder una acción que se funda en la indefensión del imputado, y los alegatos en ese sentido deben ser resueltos por el Juez de Control antes de admitir o negar la acusación.

En virtud de los razonamientos anteriormente expuestos, este Tribunal estima que en la presente causa procede declarar con lugar la excepción presentada por la Defensa Pública en virtud de la existencia de un obstáculo para el ejercicio de la acción penal como lo es “LA FALTA DE REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD PARA INTENTAR LA ACCIÓN”, conforme al artículo 28 numeral 4 literal “e” del Código Orgánico Procesal Penal, por lo que en consecuencia se decreta el SOBRESEIMIENTO FORMAL de la presente causa penal conforme a lo dispuesto en el artículo 33 numeral 4 esjudem. Y ASI SE DECIDE.

DISPOSITIVA:
Este Tribunal una vez oídas las exposiciones de las partes, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley decide en los siguientes términos: PRIMERO: Se declara con lugar la excepción presentada por la defensa pública Abg. Yajaira Salazar, de conformidad con el artículo 330 ordinal 3° del Código Orgánico Procesal Penal, al verificarse la falta de expectativa probatoria en la acusación presentada por la Fiscalía Quinta del Ministerio Público, careciendo en consecuencia de uno de los requisitos de procedibilidad, es por lo que de conformidad con el artículo 28 numeral 4 literal “e” de la misma norma adjetiva, al no ser subsanable tal obstáculo el Tribunal decreta el sobreseimiento de la presente causa de conformidad con el artículo 33 del Código Orgánico Procesal Penal a favor del ciudadano RAFAEL ANTONIO YEPEZ LINAREZ, titular de la cedula de identidad Nº V- 7.466.030. SEGUNDO: Se decreta el cese de cualquier medida que haya sido impuesta al ciudadano RAFAEL ANTONIO YEPEZ LINAREZ, titular de la cédula de identidad Nº V- 7.466.030. Provéase lo conducente. Regístrese, Publíquese y Notifíquese.
LA JUEZA DEL TRIBUNAL DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER EN FUNCIONES DE CONTROL, AUDIENCIA Y MEDIDAS Nº 1

ABG. NATALY GONZÁLEZ PÁEZ

LA SECRETARIA,

ABG. MARIA CAROLINA D QUARO