REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER JUDICIAL Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito de la Circunscripción Judicial del Estado Lara Barquisimeto, quince de mayo de dos mil ocho 198º y 149º ASUNTO: KP02-S-2008-004423 Vista la solicitud presentada por el ciudadano PEDRO RAMÓN GUARECUCO CALLES, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° 1.274.781, de este domicilio, asistido de abogado, donde manifiesta se le conceda titulo supletorio sobre unas bienhechurías que adquirió a expensa propia con dinero de su propio peculio, ubicadas en el Caserío Potrero de Bobare, Sector Cañolimpio, Via Matatere, Parroquia Aguedo Felipe Alvarado, Municipio Iribarren del Estado Lara, sobre un lote de terreno ejido, el cual tiene una superficie de NOVECIENTOS METROS CUADRADOS (900 Mts.2); alinderadas de la siguiente manera NORTE: Con la familia Tovar Noguera; SUR: Con carretera vía Matatere; ESTE: Con vía de penetración; y OESTE: Con Casa de La Familia Perozo Arrieche. Dichas bienhechurías consisten en una casa de paredes de bloque, techo de zinc, piso de cemento, puertas de metal y ventanas de metal con vidrio, constante de cuatro habitaciones, una ala, un comedor, una cocina, un baño, un porche y un garaje, instalaciones eléctricas y aguas de blancas, pozo séptico. El valor invertido es la cantidad de OCHENTA MILLONES DE BOLÍVARES (Bs. 80.000.000,00) [Bs. F. 80.000,00], y teniéndose presentes las declaraciones de los testigos: NELLY VÁSQUEZ y CRISÁLIDA RODRÍGUEZ, éste Tribunal administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, especialmente por los artículos 936 y 937 del Código de Procedimiento Civil y dejando a salvo los derechos que terceras personas puedan tener aprueba la mencionada Justificación y le DECLARA TITULO SUPLETORIO DE POSESIÓN Y DOMINIO a favor del ciudadano PEDRO RAMÓN GUARECUCO CALLES, ya identificado, en las bienhechurías antes descritas en el presente decreto el cual no podrá ser registrado sin la debida autorización del propietario del terreno sea un ente público o privado, conforme al acuerdo del primero de abril de 1.970, dictado por la Corte Suprema de Justicia en la Sala Político Administrativa, devuélvanse las actuaciones a la parte interesada.- La Juez, Mariluz Josefina Pérez La Secretaria Acc, Eliana Hernández Silva MJP/dmg