REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER JUDICIAL Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito de la Circunscripción Judicial del Estado Lara Barquisimeto, cinco de junio de dos mil ocho 198º y 149º ASUNTO: KP02-S-2008-006173 Vista la solicitud presentada por la ciudadana SOBEIDA DEL CARMEN JIMÉNEZ FIGUEROA, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° 12.248.889, de este domicilio, asistida de abogado, donde manifiesta se le conceda titulo supletorio sobre unas bienhechurías que adquirió a expensa propia con dinero de su propio peculio, ubicadas en Santa Isabel La Playa, calle 10 entre carreras 5 y 6, N° 5-67, Parroquia Juan de Villegas del Municipio Iribarren del Estado Lara, sobre un lote de terreno ejido, que mide seis (6) metros de frente por quince (15 Mts.) de fondo, para una superficie aproximada de NOVENTA METROS CON CERO CENTÍMETROS CUADRADOS (90 Mts.2); alinderadas de la siguiente manera NORTE: Con terreno ocupado por Ilda de Gómez; SUR: Con Carmen escalona; ESTE: Con Antonio Ventura; y OESTE: Con casa y terreno ocupado por Pedro Jiménez. Dichas bienhechurías consisten en una casa con paredes de bloques, trecho de platabanda, piso de cemento, construida por dos habitaciones, una sala—cocina, dos baños, árboles frutales y escalera de cemento, una cerca perimetral de bloque y rejas de metal. El valor invertido es la cantidad de DIEZ MILLONES DE BOLÍVARES (Bs. 10.000.000,00) [Bs. F. 10.000,00], y teniéndose presentes las declaraciones de los testigos: NEYDA JOSEFINA PERAZA y MARISOL JIMÉNEZ, éste Tribunal administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, especialmente por los artículos 936 y 937 del Código de Procedimiento Civil y dejando a salvo los derechos que terceras personas puedan tener aprueba la mencionada Justificación y le DECLARA TITULO SUPLETORIO DE POSESIÓN Y DOMINIO a favor de la ciudadana SOBEIDA DEL CARMEN JIMÉNEZ FIGUEROA, ya identificada, en las bienhechurías antes descritas en el presente decreto el cual no podrá ser registrado sin la debida autorización del propietario del terreno sea un ente público o privado, conforme al acuerdo del primero de abril de 1.970, dictado por la Corte Suprema de Justicia en la Sala Político Administrativa, devuélvanse las actuaciones a la parte interesada.- La Juez, Mariluz Josefina Pérez El Secretario Acc, Gustavo Emilio Posada MJP/dmg