REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito de la Circunscripción Judicial del Estado Lara
Barquisimeto, 01 de julio de dos mil ocho
198º y 149º
ASUNTO : KP02-M-2008-000147
PARTE ACTORA: RESGUARDO Y VIGILANCIA TOTAL C.A., sociedad mercantil domiciliada en la ciudad de Barquisimeto, e inscrita en la Oficina de Registro Mercantil Segundo de esta Circunscripción Judicial, en 13/03/2003, bajo el No. 20, Tomo 8-A.
APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE ACTORA: CESAR AUGUSTO GUERRERO, inscrito en el Inpreabogado bajo el No. 119.695.
PARTE DEMANDADA: INDUSTRIAS DEL PLASTICO TEREPAIMAS INTERPLAST C.A. inscrita en el Registro Mercantil Primero del Estado Lara, bajo el No. 19, Tomo 9-A, de fecha 02/03/1999, domiciliada en Cabudare, Estado Lara, representada por su Presidente ciudadano JULIO CESAR MILITO LOPEZ, domiciliado en Cabudare, Estado Lara.
APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE DEMANDADA: No constituyó.
SENTENCIA: INTERLOCUTORIA. PERENCIÓN BREVE EN JUICIO DE COBRO DE BOLIVARES (VIA INTIMATORIA).
Se inició el presente juicio de Cobro de Bolívares (vía intimatoria), intentado por el abogado CESAR AUGUSTO GUERRERO, inscrito en el Inpreabogado bajo el No. 119.695, en su carácter de apoderado judicial de la sociedad mercantil RESGUARDO Y VIGILANCIA TOTAL C.A., sociedad mercantil domiciliada en la ciudad de Barquisimeto, e inscrita en la Oficina de Registro Mercantil Segundo de esta Circunscripción Judicial, en 13/03/2003, bajo el No. 20, Tomo 8-A, en fecha 28/03/2008. En fecha 23/04/2008 el Tribunal dictó auto admitiendo la presente demanda. En fecha 02/05/2007 la actora consignó compulsa para la citación de la parte demandada. En fecha 07/05/2008 se libró boleta de intimación. En fecha 02/06/2008 la parte actora solicitó se decretara medida cautelar. En fecha 09/06/2008 el Alguacil del Tribunal diligenció informando que no se le hizo entrega de los emolumentos para tramitar la intimación.
De lo antes expuesto este Tribunal trae a colación lo siguiente.
El artículo 267 en su ordinal 1º del Código de Procedimiento Civil establece:
SIC: “… (omisis), También se extingue la instancia:
1° Cuando transcurridos treinta días a contar desde la fecha de admisión de la demanda, el demandante no hubiese cumplido con las obligaciones que le impone la ley para que sea practicada la citación del demandado.”
La norma transcrita consagra la perención breve o especial, que extingue el proceso, ya no por acto de parte sino por la inactividad de ellas prolongada por un cierto tiempo, luego de ser admitida la demanda. Por lo tanto, la inactividad procesal y el transcurso del lapso legal, hacen verificar de pleno derecho esta figura.
La perención requiere de la concurrencia de tres elementos o condiciones, a saber: uno objetivo, la inactividad, que se reduce a la falta de realización de actos procesales; otro subjetivo, que se refiere a la actitud omisiva de las partes y no del Juez; y uno temporal, que es la prolongación de la inactividad de las partes por el lapso de treinta días.
En efecto, es menester traer a colación sentencia dictada por el Magistrado Carlos Oberto Veliz de la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia de fecha 6 de Julio del 2004 entre otras cosas, establece lo siguiente:
“…Entonces, siendo claro que se trata de obligaciones impuestas por la ley (Ley de Arancel Judicial), tal como lo exige el ordinal 1° del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, no queda duda alguna de que al encontrarse el sitio o lugar donde haya de practicarse la citación o mas de 500 metros de la sede del Tribunal, el demandante deberá cumplir con tales cargas u obligaciones independientemente de la gratuidad contemplada en la constitución, ya que ésta ( la gratuidad) hace sólo referencia al arancel judicial o ingreso público tributario. El estado está facultado para establecer exenciones o exoneraciones tributarias, pero no para obligar a los particulares (transportistas, hoteleros o prestadores de servicio de manutención etc.) a soportar la gratuidad de los juicios. De manera, pues que tales sumas de dinero para pagar transporte, hospedaje o manutención no responden a la definición de ingreso público ni de tributo a que se contrae el artículo 2 de la Ley de Arancel Judicial, ni al de renta ordinaria previsto en el ordinal 4° del artículo 42 de la ley Orgánica de Hacienda Pública Nacional ni al concepto doctrinario de tasa, lo que por vía de consecuencia, no vulnera la gratuidad de la justicia consagrada en el vigente texto Constitucional.
Siendo así esta Sala establece que la obligación arancelaria que previó la Ley de Arancel Judicial perdió vigencia ante la manifiesta gratuidad constitucional, quedando con plena aplicación las contenidas en el precitado artículo 12 de dicha ley y que igualmente deben ser estrictas y oportunamente satisfechas por los demandantes dentro de los 30 días siguientes a la admisión de la demanda, mediante la presentación de diligencias en la que ponga a la orden del alguacil los medios y recursos necesarios para el logro de la citación del demandado, cuando está haya de practicarse en un sitio o lugar que diste mas de 500 metros de la sede del Tribunal; de otro modo su omisión o incumplimiento, acarreará la perención de la instancia, siendo obligación del Alguacil dejar constancia en el expediente de que la parte demandante le proporcionó lo exigió en la Ley a los fines de realizar las diligencia pertinentes a la consecución de la citación.
La jurisprudencia nacional señala que la perención tiene su fundamento en la negligencia de las partes y en la presunción de que la inactividad de éstas entrañan una renuncia a continuar la instancia. Y así se decide.
Así mismo el Artículo 269 del Código de Procedimiento Civil establece.” La perención se verifica de derecho y no es renunciable por las partes. Puede declararse de oficio por el Tribunal y la sentencia que la declare, en cualquiera de los casos del Artículo 267 es apelable Libremente”.
Las obligaciones han quedado determinadas por el Tribunal Supremo de Justicia, en la Jurisprudencia citada. De allí se tiene que a partir del auto de admisión de la reforma de la demanda, el actor tiene la obligación de cumplir las actividades y obligaciones que le impone la ley, para que fuese practicada la intimación de la parte demandada, cuales son las de cancelar los emolumentos previstos en la Ley de Arancel Judicial (hoy derogada por imperativo de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela) y posteriormente aquellos pagos que impliquen la forma de emplazamiento que hayan de producirse, sanción que procede de pleno derecho por omisión en la falta de gestión procesal por parte del demandante para la citación o intimación en forma personal del demandado.
De la revisión de las actas procesales que conforman el presente expediente se pudo observar que desde el auto de admisión de la demanda en fecha 23/04/2008, la parte demandante consigno las copias del libelo de demanda a los efectos que fueran libradas las compulsas en fecha 02/05/2008 (folio 11), las cuales fueron libradas por el Tribunal en fecha 07/05/2008 y en fecha 09/06/2.008 el alguacil de este Tribunal, informó al Tribunal que la parte actora no consigno los emolumentos para la citación de la parte demandada, y no consta en autos diligencia alguna que permita evidenciar que la parte actora consigno dichos emolumentos. Por lo que observa esta juzgadora que entre el auto de admisión de la demanda y la fecha en que el Alguacil diligenció que no se le hizo entrega de los emolumento transcurrió más de 30 días, establecidos por el legislador para que opere la perención breve y no consta en autos que la parte actora haya consignó los recursos necesarios para el logro de la intimación de la parte demandada cuando ésta haya de practicarse en un sitio o lugar que diste mas de 500 metros de la sede del Tribunal, en cuyo caso el Alguacil debe dejar constancia en el expediente que la parte actora le proporcionó lo exigido en el lapso previsto para ello es decir en el lapso de los treinta (30) días, obligaciones éstas establecidas por la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia.
En virtud de todo lo antes expuesto, este Tribunal declara de oficio la perención de la instancia en el presente caso y así se decide.
DECISIÓN
En virtud de las anteriores consideraciones este Juzgado, de conformidad con los artículos 267 y 269 del Código de Procedimiento Civil ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, DECLARA LA PERENCIÓN DE LA INSTANCIA, en el presente juicio de COBRO DE BOLÍVARES (vía intimatoria), intentado por la sociedad mercantil RESGUARDO Y VIGILANCIA TOTAL C.A. contra INDUSTRIAS DEL PLASTICO TEREPAIMAS INTERPLAST C.A. todos identificados suficientemente en autos.
No se ordena notificar a la parte demandante por encontrarse esta a derecho.
No hay condenatoria en costas de conformidad con el artículo 283 del Código de Procedimiento Civil.
REGÍSTRESE Y PUBLÍQUESE. DÉJESE COPIA CERTIFICADA de la presente decisión de conformidad con el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil.
Dado, sellado y firmado en la Sala de Despacho del Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito del Estado Lara. En Barquisimeto al primer día del mes de Julio de dos mil Ocho. AÑOS: 198º y 149º.
La Juez
Abg. Mariluz Josefina Pérez
La Secretaria Acc.
Eliana Gisela Hernández Silva
En la misma fecha se publicó y se dejo copia.
La Secretaria Acc.
MJP/merysa
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