REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER JUDICIAL Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito de la Circunscripción Judicial del Estado Lara Barquisimeto, treinta de junio de dos mil ocho 198º y 149º ASUNTO : KP02-S-2008-002440 Vista la solicitud presentada por el ciudadano EDGAR RAMÓN DAZA MENDOZA, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-7.425.286 de este domicilio, asistida de abogada, donde manifiestan se le conceda titulo supletorio de dominio sobre unas bienhechurías que adquirió a expensa propias con dinero de su propio peculio, ubicado en el sector La Laguna, Caserío Guayamure, Parroquia Juárez, Municipio Autónomo Iribarren del Estado Lara, sobre un lote de terreno ejido, con una superficie aproximada de DOS HÉCTARIAS (2 HAS); alinderadas de la siguiente manera: NORTE: con Zanjón Las Guacharacas; SUR: con terrenos ocupados por familia Montes que es su frente; ESTE: con Cumbres La Guayamure Y OESTE: con terrenos ocupados por Familia Perdomo. Dichas bienhechurías consiste en un (1) sembradío de ciento cincuenta (150) matas de aguacates, un pozo para almacenar diez mil (10.000) litros de agua que mide siete (7mts) metros por seis (6) metros; quinientos (500 mts) metros de mangueras de riego y una (1) cerca de alambres de púas y estantillos de maderas, por los linderos Este y Oeste. El valor invertido es la cantidad de CUATRO MIL BOLÍVARES FUERTES (Bs. F. 4.000,00), y teniéndose presentes las declaraciones de los testigos: ELIZABETH GARCIA Y ANTONIO MENDOZA, éste Tribunal administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, especialmente por los artículos 936 y 937 del Código de Procedimiento Civil y dejando a salvo los derechos que terceras personas puedan tener aprueba la mencionada Justificación y le DECLARA TITULO SUPLETORIO DE POSESIÓN Y DOMINIO a favor de el ciudadano, EDGAR RAMÓN DAZA MENDOZA, ya identificados, en las bienhechurías antes descritas en el presente decreto el cual no podrá ser registrado sin la debida autorización del propietario del terreno sea un ente público o privado, conforme al acuerdo del primero de abril de 1.970, dictado por la Corte Suprema de Justicia en la Sala Político Administrativa, devuélvanse las actuaciones a la parte interesada.- La Juez, Mariluz Josefina Pérez La Secretaria Acc, Eliana Hernández Silva MJP/Mildred