TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso-Administrativo de la Región Centro Occidental
Barquisimeto, treinta de abril de dos mil ocho
198º y 149º
ASUNTO: KE01-X-2008-000111
Parte demandante: Sociedad Mercantil ESTACIÓN DE SERVICIO VENEZUELA I, inscrita inicialmente bajo la denominación ESTACIÓN DE SERVICIOS LA GRAN AVENIDA en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Lara en fecha 23/10/1998, bajo el Nro 88 tomo 6-B.
Apoderados Judiciales de la parte demandante: HERNANDO JOSÉ RICO e YEISMAR GERARDO CARRERA, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad N° 14.826.580 y 15.306.763, Inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo matrículas Nros 117.631 y 104.199.
Parte demandada: INSPECTORIA DEL TRABAJO DEL ESTADO LARA SEDE CENTRO.
Motivo: MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSIÓN DE EFECTOS.
I
De los hechos
En fecha 13 de Febrero del 2008, fue recibido por este Tribunal recurso contencioso administrativo incoado por los ciudadanos HERNANDO JOSÉ RICO e YEISMAR GERARDO CARRERA, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad N° 14.826.580 y 15.306.763, abogados en ejercicios Inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nros 117.631 y 104.199, apoderados judiciales de la sociedad mercantil ESTACIÓN DE SERVICIO VENEZUELA I, inscrita inicialmente bajo la denominación ESTACIÓN DE SERVICIOS LA GRAN AVENIDA en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Lara en fecha 23/10/1998, bajo el Nro 88 tomo 6-B; en donde solicita la Nulidad del Acto Administrativo contenido en la Providencia Administrativa N° 0254 dictada en el expediente N° 005-2006-01-02792 de fecha 18/09/2007, emanado de la INSPECTORIA DEL TRABAJO DEL ESTADO LARA SEDE CENTRO, que declara con lugar la solicitud de reenganche y pago de salario caídos incoada por el ciudadano FELIPE ANDRES ARDILA BRAVO, titular de la cédula de identidad N° 19.801.424 y en donde además solicitan se declare medida cautelar de Suspensión de Efectos del acto recurrido.
Dicho recurso fue admitido por auto en fecha 17 de abril del 2008, en donde además se ordeno la apertura del cuaderno separado para el trámite de la Medida Cautelar solicitada y como efectivamente se hizo en fecha 23 de abril del 2008, este tribunal pasa a decidir sobre lo solicitado.
II
Consideraciones para decidir
Planteada la solicitud y una vez revisadas las actas procesales que conforman el presente expediente, este juzgador procede a pronunciarse sobre la suspensión de efectos requerida en los siguientes términos:
Piero Calamandrei , en su obra, establece que la ley no contiene una regulación general de las providencias cautelares, las cuales se hayan diseminadas en los diversos Códigos, como providencias conservatorias o interinas o como una categoría sistemática bajo el perfil de una acción asegurativa o cautelar, dirigida a la emanación de una de estas providencias o bien bajo el perfil de un proceso cautelar, a través del cual se construye una de estas providencias , o bien bajo el perfil de la providencia en sí misma que se distingue por sus propios caracteres de todas las otras providencias jurisdiccionales .
De los tres puntos de vista anteriores, Calamandrei sostiene el tercero, por cuanto en su opinión, no debe existir medida cautelar sin la existencia en forma autónoma de un juicio del cual, las cautelares son homogéneas pero no idénticas al petitorio de fondo, superando así la problemática que se genera al existir identidad entre el proceso cautelar y el proceso de cognición o de ejecución.
Sin embargo, como bien observa Alfredo Rocco, y profundiza Carnelutti, el criterio para distinguir las providencias de cognición de las de ejecución, es diverso del que sirve para diferenciar las providencias cautelares de cualquier otro tipo de providencias.
En este sentido, se considera que la providencia cautelar es provisoria, es decir, que la duración de sus efectos, está limitada en el tiempo, esto sin entrar a distinguir la provisoriedad de la temporalidad. Así, teniendo en mente este fenómeno, Calamandrei estableció igualmente que esa provisoriedad es un contrapeso y una atenuación de la sumariedad del proceso de formación de toda providencia cautelar y es así como se habla de un juicio de probabilidad y no de certeza, naciendo toda providencia cautelar de la existencia de un peligro de daño jurídico derivado del retardo de la resolución jurisdiccional definitiva (periculum in mora).
Este periculum in mora, constituye el fundamento básico de toda medida cautelar, pues no solo previene el peligro genérico del daño jurídico sino que además puede prevenir el ulterior daño marginal que, modernamente, se ha denominado periculum in damni, de manera tal, que la resolución de providencias cautelares nace “ de la relación que se establece entre dos términos: la necesidad de que la providencia, para ser prácticamente eficaz, se dicte sin retardo, y la falta de aptitud del proceso ordinario para crear sin retardo, una providencia definitiva”.

Es aquí donde señala Calamandrei, que estas consideraciones “…permiten alcanzar lo que en mi concepto, es la nota verdaderamente típica de las providencias cautelares: las cuales nunca constituyen un fin por sí mismas, sino que están ineludiblemente preordenadas a la emanación de una ulterior providencia definitiva, el resultado práctico de la cual, aseguran preventivamente. Nacen por así decirlo, al servicio de una providencia definitiva, con el oficio de preparar el terreno y de aprontar los medios mas aptos para su éxito”.
Para Calamandrei, es la relación de instrumentalidad la que genera diversos tipos de medidas cautelares, estableciendo que el primer grupo está constituido por aquellas “…providencias instructorias anticipadas, con las cuales, en vista de un posible futuro proceso de cognición, se trata de fijar y de conservar ciertas resultancias probatorias, positivas o negativas que podrán ser utilizadas después, en aquel proceso, en el momento oportuno”.
En un segundo grupo, se pueden clasificar aquellas que “…sirven para facilitar el resultado práctico de una futura ejecución forzada, impidiendo la dispersión de los bienes que puedan ser objeto de la misma”, mientras que en un tercer grupo se ubican aquellas que “deciden interinamente en espera de que a través del proceso ordinario, se perfeccione la decisión definitiva controvertida en juicio, que en el supuesto de perdurar hasta dicho momento, podría derivar a una de las partes daños irreparables” o de difícil reparación por la definitiva (periculum in damni).
Igualmente, para el maestro Calamandrei, el cuarto grupo está constituido por aquellas medidas que se agrupan en el instituto de la “ejecución provisoria”, entendiendo que no toda ejecución provisoria deriva de una providencia jurisdiccional, existiendo casos en que la ley, en consideración a la naturaleza de ciertas relaciones, establece que todas las sentencias pronunciadas sean provisoriamente ejecutivas, cual sucede en nuestro medio con la sentencia de amparo o la sentencia interdictal.
Ahora bien, siendo claro que las medidas cautelares son otorgadas por el juez sobre la base de un juicio probabilístico y no de certeza mediante el análisis de los requisitos exigidos para su decreto, es menester señalar que en materia contencioso administrativa estos requisitos son, en primer término, el fumus bonis juris, es decir, la apariencia del buen derecho que debe derivar de la narrativa libelar y de las pruebas aportadas, las cuales deben ser apreciadas por el tribunal no mediante un juicio de certeza sino de probabilidad, en segundo lugar, el periculum in mora que procede en la forma antes señalada, en tercer término, el periculum in damni, que consiste en que el daño sea irreparable o de difícil reparación por la definitiva, y finalmente, la ponderación de los intereses particulares y los colectivos, porque de privar estos últimos, no podrá decretarse ninguna medida cautelar a favor de un particular.

Al respecto, José Antonio Muci Borjas ha sostenido lo siguiente:

i) En virtud del derecho a la tutela judicial efectiva, el juez contencioso-administrativo se halla "...habilitado para emitir todo tipo de medida cautelar...";
ii) Dicho en otras palabras, con base en un juicio de mera probabilidad o verosimilitud, el juez contencioso -administrativo "...puede decretar todo tipo de mandamientos...". A la (clásica) medida de suspensión se suman, pues, las "...medidas (cautelares) positivas e incluso anticipativas..." que resulten necesarias para brindar tutela provisional frente a la acción o inacción administrativa que dio lugar a la proposición de la demanda contencioso-administrativa; y,
iii) En síntesis, "...el Juez, por el hecho de tener la potestad de ejecutar o hacer ejecutar lo juzgado, ostenta un poder cautelar general que le permite tomar cualquier medida cautelar que resulte necesaria para la eficaz ejecución de lo juzgado". Para adoptar esas medidas y, por vía de consecuencia, "...garantizar el derecho constitucional a la tutela judicial efectiva...", "...el único criterio que debe ser siempre valorado por el juez contencioso... es la concurrencia del fumus bonis iuris y el periculum in mora".

En igual sentido, la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia Nº 00416, dictada en el expediente Nº 2003-0782, en fecha 04 de mayo de 2004, con ponencia del Magistrado Levis Ignacio Zerpa, estableció lo siguiente:
Las medidas cautelares, en general, se caracterizan porque tienden a prevenir algún riesgo o daño que una determinada situación pueda causar.
Para que las medidas cautelares sean decretadas por el órgano jurisdiccional debe verificarse, en forma concurrente, que la medida sea necesaria porque resulte presumible que la pretensión procesal principal será favorable (fumus boni iuris); y que, además, tenga por finalidad evitar perjuicios irreparables o de difícil reparación, o bien para impedir que el fallo quede ilusorio (periculum in mora).
Además de estas importantes características de prevención de las medidas cautelares, encontramos otras como la homogeneidad y la instrumentalidad.
La homogeneidad se refiere, a que si bien es cierto que la pretensión cautelar tiende a asegurar la futura ejecución de la sentencia, dicha pretensión cautelar no debe ser idéntica a la pretensión principal, ya que de evidenciarse la identificación con el derecho sustantivo reclamado, se incurriría en la ejecución adelantada de la sentencia de mérito y así la medida en vez de ser cautelar o preventiva sería una medida ejecutiva.
La instrumentalidad se refiere a que esa medida, la cual se dicta con ocasión a un proceso o juicio principal, está destinada a asegurar un resultado; por lo que sólo debe dictarse cuando exista riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo o para evitar perjuicios irreparables o de difícil reparación por la definitiva, teniendo en cuenta las circunstancias del caso.
En este orden de ideas, Devis Echandía nos explica que “... el proceso cautelar no tiene como fin declarar un hecho o una responsabilidad, ni la de constitución de una relación jurídica, ni de ejecutar un mandato y satisfacer el derecho que se tiene sin ser discutido, ni de dirimir un litigio, sino de prevenir los daños que el litigio pueda acarrear o puedan derivarse de una situación anormal” (Compendio de Derecho Procesal, Teoría General del Proceso, Tomo I, pág. 145 y ss.)

III
Caso Bajo Examen

Efectuadas las consideraciones doctrinarias y jurisprudenciales anteriores, este juzgador observa que la parte recurrente en su libelo de demanda solicita la Nulidad conjuntamente con Medida Cautelar de Suspensión de Efectos contenido en la Providencia Administrativa N° 0254 dictada en el expediente N° 005-2006-01-02792 de fecha 18/09/2007, emanado de la INSPECTORIA DEL TRABAJO DEL ESTADO LARA SEDE CENTRO y al respecto alega el recurrente que la administración viola el derecho a la defensa y el debido proceso establecido en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en primer lugar: por cuanto la citación al procedimiento de reenganche se realizo como si el trabajador fuera el ciudadano JUAN PABLO MARÍN CORDERO y no el ciudadano FELIPE ANDRES ARDILA BRAVO, lo que hizo incurrir en un error a la recurrente, ya que fue citada para realizar la contestación como si fuese otro trabajador; En segundo lugar; por cuanto no se respeto los lapsos procesales establecidos en la ley para la evacuación de las pruebas y la fijación de informes para así pasar a dictar sentencia.

Llegado el momento de decidir este Juzgador observa la presunta falta cometida por parte de la administración en primer lugar: visto que la citación para la contestación del recurrente señalaba a otro trabajador distinto del solicitante del procedimiento de reenganche y pago de salarios caídos por lo que presuntamente hace incurrir en un error a la sociedad mercantil parte demandada del procedimiento en el momento de la contestación, violentando con ello su derecho a la defensa y en segundo lugar: observa también la presunta falta cometida al debido proceso en virtud de que supuestamente se irrespeto los lapsos procesales establecidos en la Ley Orgánica del Trabajo para el tramite del procedimiento de solicitud de Reenganche y Pago de Salarios Caídos y no se otorgo el lapso para los informes sino que presuntamente una vez finalizado el lapso de evacuación de pruebas se paso a sentencia. Y dado las inconsistencias alegadas y demostradas por el recurrente las cuales perfeccionan los requisitos exigidos por la ley y la jurisprudencia como lo son el Fomus Boni Iuris, el Periculum in Mora y el Periculum In Damni, este Tribunal se ve en la necesidad de decretar la suspensión de los efectos solicitada por la Sociedad Mercantil ESTACIÓN DE SERVICIO VENEZUELA I.

Decisión
En virtud de las consideraciones precedentemente expuestas, este Juzgado Superior Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental con sede en Barquisimeto, Administrando Justicia, en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley decide: declarar CON LUGAR la medida de suspensión de efectos solicitada por la Sociedad Mercantil ESTACIÓN DE SERVICIO VENEZUELA I, a través de los ciudadanos HERNANDO JOSÉ RICO e YEISMAR GERARDO CARRERA, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad N° 14.826.580 y 15.306.763, abogados en ejercicios Inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo matrículas Nros 117.631 y 104.199 y se ordena SUSPENDER LOS EFECTOS del acto administrativo contenido en la Providencia Administrativa N° 0254 dictada en el expediente N° 005-2006-01-02792 de fecha 18/09/2007, emanado de la INSPECTORIA DEL TRABAJO DEL ESTADO LARA SEDE CENTRO, hasta tanto se tenga sentencia definitiva en el presente recurso.
Se acuerda oficiar al Inspector del Trabajo del Estado Lara sede centro, y cumpla con lo ordenado en la presente decisión, al cual se le remitirá copias certificada de la presente decisión.
Publíquese, regístrese y déjese copia conforme lo establece el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil.
Dictada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental, en Barquisimeto a los treinta (30) días del mes de Abril del año dos mil ocho (2008). Años: 198º de la Independencia y 149º de la Federación.

El Juez Titular,
Dr. Freddy Duque Ramírez
La secretaria
Abg. Sarah Franco Castellanos

Publicada en su fecha, a las 10:50 a.m. Seguidamente se libró Oficio N° 864-08 al Inspector del Trabajo del Estado Lara sede centro junto copia certificada de la presente Decisión.

La secretaria
Abg. Sarah Franco Castellanos

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