REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA




EN SU NOMBRE:
EL JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL
Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL
ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS

Años: 196º y 147º

SOLICITANTES: FANIOLGA MARCELA RODRIGUEZ LEAL y RUBEN DARIO LINARES RANGEL, titulares de las Cédulas de Identidad Nros. V-3.414.770 y 2.810.663, respectivamente.-
ABOGADO ASISTENTE: LUIS JOSE RODRIGUEZ, inscrito en el I.P.S.A., Nº 1.501.-
MOTIVO: DIVORCIO (Art. 185-A del Código Civil).-
PRIMERO: Este procedimiento se inició por distribución, según Libelo presentado el día 06 de abril de 2005, ante el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de esta Circunscripción Judicial, luego el 14 de abril del año 2005, los solicitantes, debidamente asistidos de Abogado consignaron los documentos fundamentales que acompañan el documento de solicitud. En fecha 18 de abril de 2005, se admite la presente solicitud y se ordena la notificación a la Representación Fiscal del Ministerio Público. El 05 de mayo de 2005, se libró Boleta de Notificación al Ministerio Público. En fecha 17 de mayo de ese mismo año, el Alguacil de este Juzgado, deja constancia ene l Expediente de haber realizado la referida notificación ante la Fiscalía Centésima Sexta Ministerio Público del Area Metropolitana de Caracas. Posteriormente, el 25 de mayo del mismo año, la Dra. ANA MARINA LOVERA, en su carácter de Fiscalía 106º del Ministerio Público del Area Metropolitana de Caracas, se pronuncia respecto a la solicitud in comento y solicita a este Juzgado a que inste a los solicitantes a consignar copia legalizada del Acta de Matrimonio. En fecha 13 de junio de 2005, este Tribunal vista la diligencia del Ministerio Público, insta a cualquiera de los solicitantes a consignar el referido documento, de conformidad con el artículo 103 del Código Civil.-

Luego de lo anterior, no puede dejar de observar este Juzgador que desde esta última actuación procesal estampada por los solicitantes en este expediente, para impulsar el proceso hasta la presente fecha, han transcurrido más de un (1) año, lo que denota una absoluta pérdida de interés procesal de los accionantes.-
SEGUNDO: Habida cuenta de las indicadas circunstancias, debe procederse a una breve revisión del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, que literalmente dispone lo siguiente:
“Artículo 267.- Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes. La inactividad del Juez después de vista la causa, no producirá perención. (…)”.
De la simple lectura del anterior dispositivo legal se pueden apreciar los dos elementos constitutivos de la norma, a saber:
a) Un supuesto de hecho: El transcurso de un (1) año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes; y,
b) Una consecuencia jurídica: La extinción de la instancia por obra de la perención.-
Ahora bien, siendo que en este caso no se ha producido inactividad del Juez luego de vista la causa y toda vez que los hechos sucedidos en este proceso guardan perfecta relación de identidad respecto del supuesto de hecho abstractamente consagrado en la norma anteriormente transcrita, necesariamente debe producirse la consecuencia jurídica establecida en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, es decir, debe concluirse que en este juicio ha operado la perención de la instancia, y así se declara expresamente. Es menester destacar que por disposición del artículo 269 del Código de Procedimiento Civil, el instituto procesal de la perención de la instancia es declarable aún de oficio. En efecto, textualmente establece la indicada norma adjetiva:

“Artículo 269.- La perención se verifica de derecho y no es renunciable por las partes.
Puede declararse de oficio, por el Tribunal y la sentencia que la declare, en cualquiera de los casos del Artículo 267, es apelable libremente.”
TERCERO: Como consecuencia de lo expuesto y con fundamento en las razones de hecho y de derecho precedentemente expuestas, este Tribunal administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara PERIMIDA LA INSTANCIA.-
De conformidad con lo previsto en el artículo 283 del citado Código, no hay condenatoria en costas en esta decisión.-
Regístrese, publíquese y déjese copia.-
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en Caracas, a los dieciocho (18) días del mes de septiembre de dos mil seis (2006).-

EL JUEZ,

LUIS RODOLFO HERRERA GONZÁLEZ

LA SECRETARIA,

MARIA GABRIELA HERNANDEZ RUZ

En la misma fecha se registró y publicó la anterior Sentencia siendo las 2:40 p.m.-

LA SECRETARIA,
MARIA GABRIELA HERNANDEZ RUZ

Exp. N° F05-3221
LRHG/MGHR/R@chel.*