REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA EN SU NOMBRE: EL JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS Años: 196º y 147º PARTE DEMANDANTE: SILVERIO PÉREZ ROJAS, venezolano, mayor de edad, de este domicilio, titular de la cédula de identidad Nro 2.096.602. APODERADOS JUDICIALES DE LA PARTE DEMANDANTE: Abogado RAUL TRUJILLO ROJAS, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nro. 21.798. PARTE DEMANDADA: BANCO DE VENEZUELA S.A., BANCO UNIVERSAL inscrito originalmente por ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, del Distrito Federal, en el tercer trimestre del año 1980, bajo el Nro 33, folio 36, vto, del Libro Protocolo Duplicado, inscrito en el Registro de Comercio del Distrito Federal el 29 de Septiembre de 1980, bajo el nro 56.- COMPAÑÍA ASEGURADORA NACIONAL UNIDA UNISEGUROS S.A, Inscrita inicialmente en el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda bajo el Nro 18, Tomo A-176, en fecha 08 de julio de 1997 y al ciudadano LEÓN GEORGE BARBAR, Venezolano, mayor de edad, de este domicilio y titular de la cédula de identidad Nro 13.274.001.- MOTIVO: DAÑO MATERIAL (TRANSITO) EXPEDIENTE Nº: 04 7358 PRIMERO: Este proceso se inició por demanda admitida el día 04 de Noviembre de dos mil Tres (2003), por ante el Juzgado Undécimo de Primera Instancia, en lo Civil, Mercantil y del Transito de la Circunscripción Judicial del área Metropolitana de Caracas, en fecha 30 de abril de 2004, la ciudadana FRANCIS MARY CELTA ALFARO, en su carácter de Juez Titula del Juzgado Undécimo de Primera Instancia se Inhibe de seguir conociendo la presente causa, en fecha 19 de mayo de 2004, previa distribución nos correspondió seguir conociendo de la causa, en fecha 21 de mayo se le dio entrada y el curso de Ley Correspondiente, en fecha 20 de mayo de 2005 se acordó librar cartel de citación, el cual se libró en la misma fecha, siendo que no hay constancia en autos de la publicación del cartel.- Luego de lo anterior, no puede dejar de observar este Juzgador que desde esta última actuación procesal estampada en este expediente, hasta la presente fecha, ha transcurrido más de un (1) año, sin que la parte actora haya dado impulso procesal a la causa, lo que denota una evidente pérdida del interés procesal. SEGUNDO: Habida cuenta de las indicadas circunstancias, debe procederse a una breve revisión del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, que literalmente dispone lo siguiente: “Artículo 267.- Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes. La inactividad del Juez después de vista la causa, no producirá perención. (…)”. De la simple lectura del anterior dispositivo legal se pueden apreciar los dos elementos constitutivos de la norma, a saber: a) Un supuesto de hecho: El transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes; y, b) Una consecuencia jurídica: La extinción de la instancia por obra de la perención. Ahora bien, siendo que en este caso no se ha producido inactividad del Juez luego de vista la causa y toda vez que los hechos sucedidos en este proceso guardan perfecta relación de identidad respecto del supuesto de hecho abstractamente consagrado en la norma anteriormente transcrita, necesariamente debe producirse la consecuencia jurídica establecida en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, es decir, debe concluirse que en este juicio ha operado la perención de la instancia, y así se declara expresamente. Es menester destacar que por disposición del artículo 269 del Código de Procedimiento Civil, el instituto procesal de la perención de la instancia es declarable aún de oficio. En efecto, textualmente establece la indicada norma adjetiva: “Artículo 269.- La perención se verifica de derecho y no es renunciable por las partes. Puede declararse de oficio, por el Tribunal y la sentencia que la declare, en cualquiera de los casos del Artículo 267, es apelable libremente.” TERCERO: Como consecuencia de lo expuesto y con fundamento en las razones de hecho y de derecho precedentemente expuestas, este Tribunal administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara PERIMIDA LA INSTANCIA. De conformidad con lo previsto en el artículo 283 del citado Código, no hay condenatoria en costas en esta decisión. Regístrese, publíquese y déjese copia. Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en Caracas, a los Dieciocho (18) días del mes de Septiembre de dos mil Seis (2006). EL JUEZ, Abog. LUIS RODOLFO HERRERA GONZÁLEZ LA SECRETARIA, MARIA GABRIELA HERNANDEZ En la misma fecha se registró y publicó la anterior sentencia siendo las 12:00 m.- LA SECRETARIA, MARIA GABRIELA HERNANDEZ LRHG/Osmary Exp. Nro 04-7358