REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER JUDICIAL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIONES DE CONTROL DEL CIRCUITO JUDICIAL DEL ESTADO LARA Barquisimeto, 03 de Marzo de 2006 AÑOS: 195° Y 146°. ASUNTO: KP01-P-2005-008368 Visto el escrito que antecede, en el que la profesional del derecho RAQUEL VIVAS DE PÉREZ, Defensora Privada de la imputada KARLA PASTORA GUERRERO, solicita la Sustitución de la Medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad que pesa sobre su defendida por una medida menos gravosa, quien decide observa: En fecha 25 de Junio de 2005, se realizó Audiencia de presentación donde se decreta la privación judicial preventiva de la libertad de la ciudadana antes citada, por la presunta comisión del delito de OCULTAMIENTO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTRÓPICAS, previsto y sancionado en el artículo 34 de la Ley Sobre Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas vigente para el momento en que ocurrieron los hechos. Que en el presente caso, la acusada es señalado de la comisión del Delito de OCULTAMIENTO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICAS, que es un delito grave y que prevé LA VIGENTE Ley Orgánica Contra el Tráfico Ilícito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas superior a los SEIS AÑOS en su limite máximo, toda vez que la norma precitada contiene el PRINCIPIO DE LA PROPORCIONALIDAD, palabra ésta definida en el diccionario Larousse, como relación en cuanto a la magnitud, cantidad o grado de una cosa con la otra, que en el principio penal, los números no son otros que los que corresponden a las penas en relación con la privación. Por lo que al ser los delitos graves, no se violenta la proporcionalidad contenida en el Código Orgánico Procesal Penal. Asimismo, el juez decreto al imputado la medida de privación judicial preventiva de libertad: “…se ha determinado la existencia de la comisión de un hecho punible que merece pena privativa de libertad y cuya acción no se encuentra evidentemente prescrita y fundados elementos de convicción para estimar que la imputada ha sido autora o participe en los hechos que se investigan, con las actuaciones que presenta la Fiscalía Undécima del Ministerio Público, como el acta policial, declaración de testigos, pruebas de orientación. Asimismo observa el Tribunal una vez oída la exposición fiscal que se trata del delito del Delito de Ocultamiento de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicos debiendo tomarse en cuenta lo establecido en el artículo 244 del plurimencionado Código referente a la proporcionalidad, considerando procedente decretar la medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad de conformidad con los artículos 250 y 251 del plurimencionado Código Orgánico Procesal Penal a la ciudadana KARLA PASTORA GUERRERO …”. Considera quien decide, que el delito que nos ocupa esta estimado dentro de los delitos de Lesa Humanidad. Cuando se somete a juicio un imputado por un hecho punible de esta naturaleza, el Ministerio Público debe advertir al tribunal de la causa que no procede ningún tipo de beneficio tanto en el proceso como en la ejecución de la sentencia condenatoria respectiva. Al respecto nuestra Carta Magna en su artículo 29 establece: “que el Estado esta obligado a investigar y sancionar los delitos contra los derechos humanos cometidos por sus autoridades. Imprescriptibilidad de las acciones para sancionar los delitos de Lesa Humanidad, violaciones graves de los Derechos Humanos y los Crímenes de Guerra. Las violaciones de los Derechos Humanos y los de Lesa Humanidad serán investigados y juzgados por los Tribunales Ordinarios dichos delitos quedan excluidos de los beneficios que pueda conllevar su impunidad incluido el indulto y la amnistía”. Al respecto la Sala Constitucional en ponencia del Magistrado Jesús Cabrera Romero de fecha 17 de Mayo de 2001 analiza los delitos de Lesa Humanidad. “…los delitos de lesa humanidad, se equiparan a los llamados crímenes majestatis, infracciones penales máximas, constituidas por crímenes contra la patria o el Estado y que, al referirse a la humanidad, se reputan que perjudican al género humano, motivo por el cual el trafico de sustancias psicotrópicas y estupefacientes ha sido objeto de diversas convenciones internacionales, entre otras, la Convención Internacional del Opio, suscrita en la Haya en 1912, ratificada por la República el 23 de junio de 1912; la Convención Única sobre Estupefacientes, suscritas por las Naciones Unidas, Nueva Cork, el 30 de marzo de 1961; y la Convención de Naciones Unidas contra el trafico ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas (Convención de Viena de 1988). En el preámbulo de esta última Convención las partes expresaron: “…profundamente preocupados por la magnitud y la tendencia creciente de la producción de la demanda y trafico de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, que presentan una grave amenaza para la salud y el bienestar de los seres humanos y menoscaban las bases económicas, culturales y políticas de la sociedad…”. Por otra parte, en el preámbulo de la Convención de Viena de 1961, las partes señalaron, sobre el mal de la narcodependencia. “…Considerando que para ser eficaces las medidas contra el uso indebido de estupefacientes se hace necesario una acción concertada y universal, estimando que esa acción universal exige una cooperación internacional orientada por principio idénticos y objetivos comunes…” En consecuencia, los delitos relativos al tráfico de estupefacientes los considera la Sala de LESA HUMANIDAD. Por lo que, a los fines de garantizar la efectividad y realización del proceso estando dentro de la Proporcionalidad y cumpliendo con los extremos establecidos en el artículo 250 y 251 del Código Orgánico Procesal Penal, este Tribunal mantiene la Medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad a la ciudadana KARLA PASTORA GUERRERO Así se decide. DECISIÓN En mérito a las consideraciones que anteceden este Tribunal administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, a tenor de lo dispuesto en el artículo 264 del Código Orgánico Procesal Penal, Niega la solicitud de Medida Cautelar Sustitutiva a la Privativa de Libertad, realizada por la defensora privada RAQUEL VIVAS DE PÉREZ, en representación de la imputada KARLA PASTORA GUERRERO. Todo en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 250, 251 y 244 del mencionado Código. Por último, se acuerda notificar a las partes de la presente decisión. Se mantiene la Medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad a la Imputada KARLA PASTORA GUERRERO. NOTIFÍQUESE. REGÍSTRESE Y CUMPLASE. LA JUEZA DE CONTROL N° 02 ABG. FRANCIS JOHANNA MENDOZA C LA SECRETARIA