REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER JUDICIAL Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito de la Circunscripción Judicial del Estado Lara Barquisimeto, 10 de Julio de dos mil seis 194º y 146º ASUNTO : KP02-S-2006-7629 Vista la solicitud presentada por el ciudadano Pedro José Garrido Orellana, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No.2.195.489 y de este domicilio, asistido por el Abogado German Enriquez Guevara Graterol, de este domicilio e inscrita en el Inpreabogado bajo el Nro.108.895, donde manifiesta se le conceda titulo supletorio de dominio sobre unas bienhechurías que construyó a expensas propias con dinero de su propio peculio, ubicadas en la calle Guayamure Barrio Sibucara, Río Claro de la Parroquia Juarez del Municipio Iribarren del Estado Lara, sobre un terreno ejido que tiene un área de trescientos sesenta y ocho metros cuadrados (362 mts.2) de la siguiente manera: NORTE: Callejón Sibucara; SUR:Con terrenos ocupados por Rafael López: ESTE: Vía principal calle Guayamure y OESTE: Propiedad de Maria Garrido Dichas bienhechurías están constituidas por un vivienda construida con paredes de bloques y bahareque, piso de cemento y tierra, techo de zinc, dividida internamente de la siguiente manera: Una sala, una cocina, cuatro habitaciones, y un baño, un comedor, rodeada con cerca de alambre de púas. El valor invertido es la cantidad de SEIS MILLONES DE BOLIVARES (Bs.6.000.000,oo ) y teniéndose presentes las declaraciones de los testigos Sorangel Garcia y Carmen Sequera, identificados, éste Tribunal Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, especialmente por los artículos 936 y 937 del Código de Procedimiento Civil y dejando a salvo los derechos que terceras personas puedan tener aprueba la mencionada Justificación y le DECLARA TITULO SUPLETORIO DE POSESION Y DOMINIO a favor del ciudadano Pedro José Garrido Orellana, ya identificado en las bienhechurías antes descritas en el presente decreto, el cual no podrá ser registrado sin la autorización del propietario del terreno sea un ente público o privado, conforme al acuerdo del primero de abril de 1970, dictado por la Corte Suprema de Justicia en la Sala Político Administrativa, devuélvanse las actuaciones a la parte interesada. La Juez Suplente Especial Abg. Mariluz Josefina Pérez La Secretaria María Fernanda Alviarez MJP/merysa