TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
CIRCUITO JUDICIAL PENAL
CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO LARA
CORTE DE APELACIONES
Sede Constitucional

Barquisimeto, 11 de Julio de 2006.
Años: 195º y 146º

PONENTE: DR. GABRIEL ERNESTO ESPAÑA G.
ASUNTO PRINCIPAL: KP01-O-2006-0093
ACCIONANTES: ABOG. JERMAN ESCALONA
PRESUNTO
AGRAVIADO: CARLOS RIERA
PRESUNTO AGRAVIANTE: Tribunal de Primera Instancia en Funciones de CONTROL N° 10 de éste Circuito Judicial Penal, Extensión Carora.
MOTIVO: AMPARO CONSTITUCIONAL POR LA PRESUNTA VIOLACION DEL DERECHO ACCESO A LA JUSTICIA, AL DEBIDO PROCESO, TUTELA JUDICIAL EFECTIVA, previsto en el Artículo 26, 49, ordinal 1 DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA(no se ha hecho la Aud. Preliminar) Y A-QUO NEGÓ SU SOLICITUD DE LIBERTAD.

En fecha 14 DE Mayo del 2006, el Abogado JERMAN ESCALONA, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 51.241, en su condición de Defensor Privado del ciudadano CARLOS RIERA, quien tienen cualidad de Acusado en el Asunto Principal signado bajo el Nº C10-6357-05 y se encuentra recluido en el Centro Penitenciario de la Región Centro Occidental, presentó Acción de AMPARO CONSTITUCIONAL contra la decisión dictada en fecha17 de Abril del 2006, mediante la cual la Jueza Décimo en Funciones de Control de este Circuito Judicial Penal NEGÓ POR IMPROCEDENTE la sustitución de la actual medida de privación judicial preventiva de libertad que pesa sobre su defendido por una cautelar menos gravosa, violándose, según el recurrente, el DERECHO A LA LIBERTAD, ACCESO A LA JUSTICIA, DEBIDO PROCESO establecido en los Artículos 26, 49, 44.1 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, recurso que interpone de conformidad con lo establecido en el artículo 26 y 27, de nuestra Carta Magna en concordancia con los artículos 1,2,7 y 13 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.

Recibidas las presentes actuaciones en esta Corte de Apelaciones, el día 15 de Mayo de 2006, se procedió a dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, correspondiéndole la ponencia a al Juez Profesional Dr. Amado Carrillo, y por cuanto en fecha 09 de Mayo del 2006 la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia, dejó sin efecto la designación del mismo, designando en su lugar, como suplente especial al ABG. GABRIEL ERNESTO ESPAÑA GUILLÉN, quien asumió el cargo en fecha 31 de Mayo del 2006, que con el carácter mencionado suscribe la presente decisión en los siguientes términos:

DE LA COMPETENCIA

La Corte de Apelaciones antes de entrar a emitir el pronunciamiento respectivo debe determinar su competencia para conocer de la decisión consultada, y a tal efecto observa:

Conforme a la doctrina vinculante de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, sustentada en la decisión del 20 de Enero del 2000; (Caso Emery Mata Millán), corresponde a la Corte de Apelaciones conocer de las apelaciones y consultas de las decisiones que dicten en materia de Amparo contra la libertad y seguridad personal, los Tribunales de Primera Instancia en funciones de Control y los Tribunales de Primera Instancia en funciones de Juicio, cuando conozcan de acciones de amparo, de acuerdo a la naturaleza del Derecho o Garantía Constitucional violado o amenazado de violación que sea a fin con su competencia.

Determinada como ha sido la competencia de la Corte para conocer de la presente Acción de Amparo, en vista de la presunta violación de Derechos y Garantías Constitucionales consagrados tal como lo establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en sus Artículos 26, 49 y 44.1 por parte del Tribunal de Primera Instancia en funciones de CONTROL N° 10 de éste Circuito Judicial Penal, en el Asunto Principal signado bajo el N° C10-6357-05, al declarar en fecha17 de Abril del 2006, IMPROCEDENTE su solicitud, de sustitución de la actual medida de privación judicial preventiva de libertad que pesa sobre su defendido, por una cautelar menos gravosa, para lo cual se observa:

DE LOS ALEGATOS DE LAS PARTES

El Accionante, Abg. JERMAN ESCALONA, interpuso su escrito de solicitud de Amparo Constitucional en fecha 11 de Mayo de 2006, dirigido a ésta Corte de Apelaciones, en el que textualmente señala entre otras cosas, lo siguiente:

“…….interpongo el presente RECURSO DE AMPARO CONSTITUCIONAL fundamentado en los artículos 1,2, 7 y 13 de la LEY ORGANICA DE AMPARO SOBRE DERECHOS Y GARANTIAS CONSTITUCIONALES y con los artículos 2,19, 26, 27, 49 y 49.3 de nuestra carta Magna en concordancia con el artículo 7 inciso 5° de la CONVENCION AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS, contra la decisión emanada del tribunal Décimo de Control del Circuito Judicial penal del estado Lara, de fecha 17 de abril del 2006 en el Asunto N° C10-6357-05 donde declara improcedente la REVISION DE MEDIDA solicitada por esta defensa Técnica…./…Todo lo cual lo hago por cuanto he sido agraviado con la flagrante violación de los derechos y garantías consagrados en los artículos 26, 49 y 49.1 de la CONSTIT UCION DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.
CAPTIULO I. DE LOS HECHOS
…../…..Se fijó audiencia preliminar para el día 21 de Febrero del 2006, siendo diferida la misma, por inasistencia del Ministerio Público …./……Nuevamente se fija como fecha para la realización de la Audiencia preliminar el día 24-04-06 siendo diferida la misma en virtud de que en esta extensión del Circuito judicial penal del Estado Lara, solo existe una sala de audiencia y en la misma se estaban llevando a cabo otras audiencias se decidió diferir la audiencia en cuestión, siendo imputable le este hecho al Circuito judicial penal del estado Lara, Extensión Carora. Es el caso ciudadano juez que a mi defendido se le ha suspendido en mas de dos (2) oportunidades la audiencia preliminar, siendo no imputables al mismo, lo que constituye una violación inminente de lo que establece nuestra Carta Magna en sus artículos 26 y 49.3, así mismo hago de su conocimiento que el mismos e encuentra privado de libertad y recluido en el centro penitenciario de la Región Centro Occidental de esta ciudad desde hace más de cinco (5) meses, por lo que considera esta Defensa Técnica que estos diferimientos constituyen una evidente PRIVACION ILEGITIMA DE LA libertad Y MUCHAS VECES LA DENEGACIÓN DE JUSTICIA. …./…..CAPITULO III. NORMAS COSNTITUCIONALES VIOLADAS.
Mi defendido esta privado de su libertad sin que hasta la fecha por causas imputables al Ministerio Público y al Circuito judicial penal del Estado Lara, Extensión Carora, no se haya llevado a cabo la audiencia Preliminar en un plazo razonable como lo ordena la ley y los Convenios Internacionales Queda así suficientemente clara en la anterior narrativa la forma en que se violó el derecho a la libertad al no realizarse la audiencia en un plazo razonable, siendo este una garantía constitucional y base fundamental del debido proceso…./…..Por lo antes expuesto y de conformidad con el artículo 264 del Código orgánico procesal Penal solicito sea revocada la medida privativa de libertad y en su lugar sea decretada medida cautelar sustitutiva de libertad y en su lugar sea decretada medida cautelar sustitutiva de las establecidas en el artículo 256, numeral 1° del Código Orgánico procesal Penal equiparable a la privativa de libertad tal como lo ha ratificado el tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional en sentencias reiteradas y en especial la de fecha 14 días del mes de junio de 2.005, Expediente N° 04-2275, con ponencia del Magistrado Francisco Carrasqueño……”(negrillas de esta Alzada).

Determinada la competencia, pasa la Corte de Apelaciones a pronunciarse sobre la admisibilidad de la acción de amparo propuesta, y a tal fin, observa:

Antes de entrar a conocer la presente Acción de Amparo, es necesario que esta Alzada se pronuncie con respecto a la admisibilidad del mismo, siendo necesario que los Jueces que conocen en Sede Constitucional, verifiquen si persiste la presunta violación a derechos o garantías constitucionales de conformidad con lo establecido en el numeral 5 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales, el cual dispone lo siguiente:

”Artículo 6. No se admitirá la acción de amparo:
5) Cuando el agraviado haya optado por recurrir a las vías judiciales ordinarias o hecho uso de los medios judiciales preexistentes. En tal caso, al alegarse la violación o amenaza de violación de un derecho o garantía constitucionales, el Juez deberá acogerse al procedimiento y a los lapsos establecidos en los artículos 23, 24 y 26 de la presente Ley, a fin de ordenar la suspensión provisional de los efectos del acto cuestionado…”
(Subrayado nuestro)

En atención a la norma supra transcrita y a la doctrina de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia al precisar el carácter de orden público de las causales de Inadmisibilidad de la Acción de Amparo que en Sentencia N° 41 de fecha 26 de Enero de 2001, en Ponencia del Magistrado Iván Rincón Urdaneta, en el expediente N° 00-1011-1012, dejó establecido:

“Al respecto debe señalarse que la jurisprudencia de este alto tribunal ha establecido que las causales de inadmisibilidad de acción de amparo son de orden público, razón por la cual el juzgador puede declarar la admisibilidad o inadmisibilidad de dicha solicitud en cualquier estado del proceso ya que posee un amplio poder para modificar, confirmar o revocar lo apreciado, aún cuando la acción de amparo se haya admitido…”

Respecto al numeral 5 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Sentencia Nº 778 de fecha 25 de Julio de 2000, con Ponencia del Magistrado Dr. Iván Rincón Urdaneta, consideró:
“…la causal de inadmisibilidad prevista en el numeral 5 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, sólo procede cuando fue el mismo accionante quien con anterioridad a la acción de amparo ejerció un medio procesal ordinario contra la decisión accionada, y no cuando quien ejerció ese medio procesal fue un sujeto procesal distinto, como la contraparte o un tercero coadyuvante con interés en el proceso…”
(Negrilla y subrayado nuestro)

Además, respecto al mismo numeral, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Sentencia Nº 2369 de fecha 23 de Noviembre de 2001, con Ponencia del Magistrado Dr. José Delgado Ocando, consideró:
“…la Sala estima pertinente señalar que la norma prevista en el artículo 6, numeral 5 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, consagra simultáneamente el supuesto de admisibilidad e inadmisibilidad de la acción de amparo.
Así, en primer término, se consagra claramente la inadmisión de la acción cuando el agraviado haya optado por recurrir a la vías ordinarias o a los medios judiciales preexistentes, sobre el fundamento de que todo juez de la República es constitucional y, a través del ejercicio de los recursos que ofrece la jurisdicción ordinaria, se pueda alcanzar la tutela judicial efectiva de derechos o garantías constitucionales.
No obstante, la misma norma es inconsistente, cuando consagra que, en el caso de la opción por la vía ordinaria, si se alega violación o amenaza de violación de un derecho o garantía constitucionales, la acción de amparo será admisible, caso en el cual el juez deberá acogerse al procedimiento y a los lapsos previstos en los artículos 23, 24 y 26 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, y su decisión versará exclusivamente sobre la suspensión o no, de manera provisional, sobre el acto cuestionado de inconstitucionalidad.
En otras palabras, la acción de amparo es inadmisible cuando el agraviado haya optado por recurrir a vías ordinarias o hecho uso de los medios judiciales preexistentes; por argumento a contrario es admisible, entonces, si el agraviado alega injuria constitucional, en cuyo caso el juez debe acogerse al procedimiento y a los lapsos establecidos en los artículos 23, 24 y 26 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, a fin de ordenar la suspensión provisional de los efectos del acto cuestionado. Ahora bien, para que el artículo 6.5 no sea inconsistente es necesario, no sólo admitir el amparo en caso de injuria inconstitucional, aun en el supuesto de que el agraviado haya optado por la jurisdicción ordinaria, sino, también, inadmitirlo si éste pudo disponer de recursos ordinarios que no ejerció previamente. De otro modo, la antinomia interna de dicho artículo autorizaría al juez a resolver el conflicto de acuerdo con las técnicas integrativas de que dispone el intérprete (H. Kelsen, Teoría Pura del Derecho, Buenos Aires, Eudeba, 1953, trad, de Moisés Nilve)…”
(Negrilla y subrayado nuestro)

El autor Rafael J. Chavero Gazdik, en su obra “El Nuevo Régimen del Amparo Constitucional en Venezuela”, en su edición del año 2001, en sus páginas 249 y 250, se refiere en parte al numeral 5 arriba señalado, de la siguiente manera:

“...Ante esta deficiencia, la jurisprudencia ha tenido que romper con los esquemas tradicionales y consolidados de interpretación jurídica, al punto de tener que interpretar en forma extensiva una causal de Inadmisibilidad (la prevista en el numeral 5° del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo). En efecto, en este ordinal se dispone como causal de inadmisibilidad de la acción de amparo cuando “el agraviado haya optado por recurrir a las vías judiciales ordinarias o hecho uso de los medios judiciales preexistentes”. Como puede observarse, la mencionada causal está referida, en principio, a los casos que en el particular primero acude a una vía ordinaria y luego pretende intentar la acción de amparo constitucional. Sin embargo, la jurisprudencia ha entendido, para tratar de rescatar el principio elemental del carácter extraordinario del amparo, que no sólo es inadmisible el amparo constitucional cuando se ha acudido primero a la vía judicial ordinaria, sino también cuando teniendo abierta la posibilidad de acudir a dicha vía no sea hace, sino que se utiliza el remedio extraordinario.
Es decir, se ha tenido que interpretar extensivamente una causal de Inadmisibilidad, en contra de los principios jurídicos más elementales, para dar cabida al requisito indispensable de equilibrio y subsistencia entre el amparo y los demás remedios judiciales. Sin duda alguna, una futura reforma de la Ley Orgánica de Amparo debe tratar de precisar con más detalle este principio elemental del amparo constitucional.
Hoy en día, el análisis del carácter extraordinario de la acción de amparo constitucional suele hacerse junto con el resto de las causales de Inadmisibilidad, es decir, que el juez constitucional puede desechar in limine litis una acción de amparo constitucional cuando en su criterio no existen dudas de que se disponen de otros mecanismos ordinarios lo suficientemente eficaces e idóneos para dilucidar dicha pretensión. Ahora bien, nos interesa subrayar que en caso de que existan dudas sobre la eficacia o no de los otros mecanismos judiciales, el juez debe pronunciarse sobre la admisibilidad del amparo y, en todo caso, volver sobre este asunto a la hora de pronunciarse por la sentencia definitiva, contando en esa oportunidad con los argumentos que la parte contraria (en este caso el agraviante) pueda aportarle…”
(Negrilla y subrayado nuestro)

En virtud de los razonamientos anteriormente expuestos, luego de haber examinado las jurisprudencias y referencias antes señaladas, así como el escrito presentado por el Accionante, considera que lo procedente y más ajustado a derecho es DECLARAR INADMISIBLE, la presente Acción de Amparo de conformidad con lo establecido en el numeral 5 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, por cuanto contra la decisión del Tribunal de Primera Instancia en funciones de Control N° 10 de este Circuito Judicial Penal, Extensión Carora, existen las vías ordinarios del proceso al cual se encuentra sometido, como es solicitar nuevamente el otorgamiento de la medida, por lo que del estudio realizado a la presente Acción de Amparo, se ha determinado que la vía ordinaria no ha sido agotada y es el medio idóneo por el cual puede resolver su solicitud y no recurrir al procedimiento especial de Acción de Amparo. Y ASÍ FINALMENTE SE DECIDE.

DECISIÓN

Por las razones expuestas, esta Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, actuando en Sede Constitucional, en primera instancia, administrando justicia, en nombre de la República y por autoridad de la Ley, resuelve: DECLARAR INADMISIBLE la Acción de Amparo Constitucional interpuesta en fecha 11 de Mayo del 2006, por el Abg. JERMAN ESCALONA, actuando en su condición de Defensor Privado, deL ciudadano CARLOS RIERA, quien tiene cualidad de imputado el Asunto Principal signado bajo el Nº C10-6357-05, contra el Juzgado de Primera Instancia en funciones de Control N° 10 de éste Circuito Judicial Penal, Extensión Carora. Inadmisibilidad prevista en el numeral 5 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparos sobre Derechos y Garantías Constitucionales.

No se ordena remitir las presentes actuaciones a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, ya que la Consulta Obligatoria QUEDÓ SIN EFECTO en virtud de la Sentencia Vinculante dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, N° 1307 de fecha 22 de Junio de 2005, Expediente N° 03-3267, con Ponencia del Magistrado Pedro Rondón Haaz.

Remítanse las presentes actuaciones al ARCHIVO JUDICIAL, una vez que quede definitivamente firme la presente Decisión.

Dada, firmada y sellada, en la Sala de Despacho de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Lara. Barquisimeto, a los _____días del mes de Junio de 2006. Años: 195° y 146°.

POR LA CORTE DE APELACIONES DEL ESTADO LARA

La Jueza Profesional y Presidente,

Dra. Yanina Karabin Marin.

El Juez Profesional; El Juez Profesional;

Dr. Gabriel E. España G. Dr. José R. Guillén C.

(Ponente)

La Secretaria,

Abg. Marjorie Pargas
:

GE/2005-093/a.c.