República Bolivariana de Venezuela Poder Judicial En su nombre Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso-Administrativo de la Región Centro Occidental Barquisimeto, doce (12) de enero de dos mil seis (2006) Asunto Nº: KP02-O-2005-000348 Parte presuntamente agraviada: Martín Eduardo Páez Alvarado, venezolano, mayor de edad, cédula de identidad Nº V-7.432.024, de este domicilio. Apoderado judicial de la parte presuntamente agraviada: José Agustín Ibarra, abogado en ejercicio, inscrito en el I.P.S.A. bajo el Nº 56.464. Parte presuntamente agraviante: Dell’Acqua, C.A., inscrita originalmente por ante el Registro de Comercio llevado por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil del Primer Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, en fecha 29 de diciembre de 1960, bajo el Nº 205 del Libro de Registro Nº 60, folios 81 vuelto al 85, reformada por última vez en Acta de Asamblea Extraordinaria de fecha 20 de diciembre de 1996, cuya sede se encuentra ubicada en la Vía Cubiro, Kilómetro 1, entre Avenida Florencio Jiménez y Rotaria, diagonal al Monumento de La Tinaja, Quíbor, Estado Lara. Apoderado judicial de la parte presuntamente agraviante: Raúl Arturo Giménez Carrero, abogado en ejercicio, inscrito en el I.P.S.A. bajo el Nº 84.426, con domicilio procesal en la carrera 18 entre calles 24 y 25, Edificio Jospas, PH-3, Escritorio Jurídico Pasceri y Asociados, Barquisimeto, Estado Lara. Motivo: Sentencia definitiva de amparo I Reseña de los hechos Se inicia el presente procedimiento en virtud de acción de amparo constitucional interpuesta en fecha 15 de noviembre de 2005 por el abogado José Agustín Ibarra, en su carácter de apoderado judicial del ciudadano Martín Eduardo Páez Alvarado, en contra de Dell’Acqua, C.A., mediante la cual solicita que se de cumplimiento a la providencia administrativa signada con el Nº 187 dictada por la Inspectoría del Trabajo del Estado Lara en fecha 18 de octubre de 2005, en donde se ordena el reenganche del accionante al cargo que ocupaba en la empresa demandada y el correspondiente pago de salarios caídos. Recibido el presente asunto por este Tribunal en fecha 16 de noviembre de 2005, éste fue admitido el día 21 de noviembre de 2005, oportunidad en la cual se ordenó la notificación del ciudadano Rómulo Rivas, en su condición de representante de la empresa accionada, así como del Fiscal Decimosegundo del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Lara y una vez practicadas las notificaciones acordadas, se fijó oportunidad para la realización de la audiencia constitucional, que tuvo lugar el 12 de enero de 2005, a las once de la mañana (11:00 A.M.), donde se dejó constancia de que estuvo presente el ciudadano Martín Eduardo Páez Alvarado, asistido por el abogado José Agustín Ibarra, inscrito en el I.P.S.A. bajo el Nº 56.464, en su condición de parte presuntamente agraviada y por la parte presuntamente agraviante, compareció a este acto el apoderado judicial de la empresa Dell’Acqua, C.A., abogado Raúl Arturo Giménez Carrero, inscrito en el I.P.S.A. bajo el Nº 84.426, quien presentó copia simple de instrumento poder otorgado por ante la Notaría Pública Segunda de Barquisimeto, en fecha 19 de agosto de 2005, anotado bajo el Nº 50, Tomo 112 de los Libros de Autenticaciones llevados por esa oficina, constante de dos (2) folios útiles, cuyo original cursa en el asunto Nº KP02-N-2005-438 llevado por este Tribunal. Llegado el momento de dictar el fallo, este Tribunal procede a hacerlo en los siguientes términos: II Consideraciones para decidir Cambio de criterio Antes de pronunciarse al fondo del presente asunto, este Tribunal debe efectuar una serie de consideraciones sobre la admisibilidad de la presente acción de amparo constitucional, respecto a lo cual, advierte este Juzgador que la acción de amparo constitucional es un mecanismo extraordinario destinado a restablecer los derechos y garantías de rango constitucional vulnerados o amenazados, constituyendo una vía sumaria, breve y eficaz, cuyo empleo no está permitido si el quejoso dispone de otros medios ordinarios idóneos para proteger sus derechos. En efecto, para que la acción de amparo pueda ser admitida, es necesario examinar una serie de condiciones imprescindibles, cuales son las causales de inadmisibilidad previstas en el artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre derechos y garantías constitucionales, a los fines de poder dictaminar sobre este aspecto. Así pues, en lo que respecta a las causales de inadmisibilidad de la acción de amparo previstas en el artículo 6 antes señalado, ha sido criterio pacífico del Tribunal Supremo de Justicia el considerar impertinente el empleo de la acción de amparo para el logro de un propósito que puede ser alcanzado mediante la implementación de otros recursos procesales, por cuanto tal proceder implica la subversión del orden legal establecido y la consecuente esterilidad del resto de herramientas procedimentales previstas en la ley para tales efectos. En esta tesitura, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia del 13 de agosto de 2001 (caso Gloria Rangel Ramos), estableció: “… El amparo constitucional opera bajo las siguientes condiciones: “a) Una vez que los medios judiciales ordinarios han sido agotados y la situación jurídico constitucional no ha sido satisfecha; o b) Ante la evidencia de que el uso de los medios judiciales ordinarios, en el caso concreto y en virtud de su urgencia, no dará satisfacción a la pretensión deducida”. En atención a la sentencia en comentario, puede afirmarse que ante la interposición de una acción de amparo constitucional, los tribunales deberán examinar previamente si fue agotada la vía ordinaria o fueron ejercidos los recursos pertinentes, pues de no constar tales circunstancias, la consecuencia será la inadmisión de la pretensión, sin entrar a analizar la idoneidad del medio procedente. Por lo tanto, sólo puede proponerse inmediatamente la pretensión de amparo sin agotar los medios o recursos adjetivos disponibles, cuando se desprenda de las circunstancias fácticas o jurídicas que rodean la pretensión, que el uso de los medios procesales ordinarios resulta insuficiente para el restablecimiento de los derechos lesionados. Conforme con lo antes expuesto, observa quien juzga que en el caso bajo examen la parte accionante pretende –por vía de amparo- que se ordene a Dell’Acqua, C.A. el cumplimiento de la orden de reenganche y pago de salarios caídos emanada de la Inspectoría del Trabajo y contenida en providencia administrativa Nº 187 en fecha 18 de octubre de 2005, con la finalidad de solicitar el restablecimiento inmediato de su situación jurídica infringida por la violación del derecho al trabajo y a la estabilidad laboral. Al respecto, este Tribunal anuncia una modificación del criterio que tradicionalmente había venido sosteniendo en estos casos, fundamentándose en la sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia del 20 de noviembre de 2002 (caso: Ricardo Baroni Uzcátegui), habida consideración del cambio de criterio establecido en la sentencia N° 3569 dictada por la Sala Constitucional en fecha 6 de diciembre de 2005, bajo ponencia del Magistrado Jesús Eduardo Cabrera Romero, en la que se dejó asentado lo siguiente: “Ello así, considera la Sala que es necesario indicar que en las sentencias de esta Sala Constitucional N° 2122 del 2-11-2001 y 2569 del 11 de diciembre de 2001(caso: Regalos Coccinelle C.A.), se estableció que el acto administrativo tiene que ser ejecutado forzosamente por el órgano emisor, esto es, a través de sus funcionarios o valiéndose de la colaboración de los funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado, si lo considerara necesario, por tratarse de la ejecución de un acto administrativo de desalojo, cuya posibilidad de ejecución forzosa por parte de la Administración es posible, ayudándose de ser necesario, con funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado. (iii) Pero el caso sub-examine, la orden contenida en el acto administrativo del Inspector del Trabajo, es la de proceder al reenganche de los trabajadores antes mencionados, que según se desprende de autos, están amparados por inamovilidad laboral. Por tanto la Sala reitera su criterio al considerar que las Providencias Administrativas deben ser ejecutadas por la autoridad que las dictó, sin intervención judicial, por lo que el amparo no es la vía idónea para ejecutar el acto que ordenó el reenganche. En este sentido, la Sala modifica lo señalado en la sentencia del 20 de noviembre de 2002 (caso: Ricardo Baroni Uzcátegui), respecto a que el amparo sea una vía idónea para lograr el cumplimiento de las Providencias Administrativas provenientes de la Inspectoría del Trabajo. …omissis… En consecuencia, considera esta Sala Constitucional, que el presente acto administrativo, debió ser ejecutado por la Administración Pública y de esta manera dar cumplimiento a la Providencia Administrativa antes mencionada, razón por la cual se declara ha lugar a la solicitud de revisión formulada y visto que el fallo impugnado obvió el criterio sostenido por esta Sala, se anula la sentencia dictada por la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo y se declara inadmisible el amparo ejercido de conformidad con el artículo 6 numeral 5 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, y así se decide.” (Negrillas del Tribunal) Planteado lo anterior y en estricto acatamiento del criterio jurisprudencial supra trascrito, este Juzgador debe declarar inadmisible la acción de amparo constitucional propuesta, de conformidad con lo establecido en el artículo 6.5 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, por existir otra vía ordinaria idónea para el restablecimiento de la situación que se denuncia como infringida, todo ello, en aras de adecuar el trámite procedimental a la esencia de la pretensión deducida y de no desvirtuar la naturaleza especial y extraordinaria del amparo. Así se decide, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley. Publicada en su fecha, a las 11:30 A.M. Es todo, terminó, se leyó y conformes firman: El juez, Fiscal 12º del Ministerio Público Dr. Horacio González Hernández Abog. Rainer Vergara Riera Parte presuntamente agraviada Abogado de la parte agraviada Martín Eduardo Páez Alvarado Abog. José Agustín Ibarra Apoderado judicial de la parte presuntamente agraviante Abog. Raúl Arturo Giménez Carrero La secretaria, Abog. Sarah Franco Castellanos