Tribunal Superior Séptimo de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial de Área Metropolitana de Caracas Caracas, treinta de enero de dos mil seis 195º y 146º INTERLOCUTORIA N° 01/2006 ASUNTO: AP41-U-2005-000339 En fecha 30-08-2001, el ciudadano Felice de Stefano, venezolano, mayor de edad, domiciliado en el Estado Guárico, titular de la cédula de identidad N° 7.198.151, actuando en su carácter de Presidente de la contribuyente DETAL DE CARNES TRINACRIA II C.A., asistido en este acto por el abogado Miguel José Riani Armas, inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 21.400, interpuso Recurso Contencioso Tributario, contra el acto administrativo de contenido tributario identificado con las siglas y números MF-SENIAT-DFIF-F11-04-1106 de fecha 01-11-2000, notificado en fecha 19-02-2001 y su respectiva Planilla de Liquidación N° 00225001680, por la cantidad de TRECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS BOLÍVARES SIN CÉNTIMOS (Bs. 365.400,oo), por concepto de multa, emitido por la Gerencia Regional de Tributos Internos de la Región Los Llanos del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT). En fecha 16-03-2005, el recurso fue remitido por la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (URDD) de los Tribunales Superiores de lo Contencioso Tributarios de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. En fecha 18-03-2005, este Tribunal le dio entrada a la presente causa bajo el Asunto N° AP41-U-2005-000339, librándose las correspondientes Boletas de Notificación a los ciudadanos Procurador General de la República, Contralor General de la República, Fiscal General de la República, Gerencia Jurídico Tributaria del SENIAT y la contribuyente DETAL DE CARNES TRINACRIA II C.A. Así el Contralor General de la República fue notificado en fecha 12-04-2005, el Fiscal General de la República en fecha 14-04-2005, la Gerencia Jurídico Tributaria del SENIAT en fecha 22-04-2005 y el Procurador General de la República en fecha 27-04-2005, siendo las correspondientes Boletas de Notificación consignadas en el expediente judicial en fecha 15-07-2005. En fecha 21-11-2005 se recibió el Oficio N° 1.129-05 de fecha 16-09-2005, emanado del Juzgado Segundo de los Municipios Juan German Roscio y Ortiz de la Circunscripción Judicial del Estado Guárico, remitiendo la comisión enviada por este Tribunal, señalando al efecto que el Alguacil de ese Despacho se traslado al domicilio de la contribuyente en donde le informaron que el negocio fue vendido y que ya no se llama así. En virtud de no haber sido posible la notificación de la recurrente, el Tribunal dejó constancia de ello en el expediente y fijó conforme lo dispuesto en el artículo 264 del Código Orgánico Tributario de 2001, un Cartel en la puerta del Tribunal, otorgando un término de diez (10) días de despacho, vencidos los cuales se entendió que la recurrente está a derecho. II MOTIVA Encontrándonos en la oportunidad señalada por el Código Orgánico Tributario, en su artículo 267, para decidir acerca de la admisibilidad o inadmisibilidad del Recurso Contencioso Tributario interpuesto, este Tribunal procede a emitir su pronunciamiento con base en las siguientes consideraciones: El proceso contencioso tributario a diferencia del proceso civil ordinario se caracteriza por revestir un carácter inquisitivo, lo que significa que puede ser ampliamente encaminado por el juez y desempeñar un rol fundamental en el desevolvimiento de la instancia. Sobre la capacidad inquisitiva o potestades inquisitorias de los jueces contenciosos tributarios se ha pronunciado nuestro más Alto Tribunal, cuando afirma: “Como órganos encargados del control de la legalidad de los actos de la administración tributaria nacional, excepto por lo que respecta a la tributación aduanera, cierto es que a los órganos de la jurisdicción contencioso-tributaria corresponde revisar toda actuación administrativa y hacer que se corresponda con las pautas legales establecidas al efecto, facultad ésta que le compete cumplir aún de oficio cuando observe vicios, tanto en los procedimientos seguidos para la emisión de los actos administrativos, como en el cumplimiento de los requisitos para la validez y eficacia de aquéllos. Bien es cierto además, que la capacidad inquisitiva de los jueces tributarios obliga a descubrir la verdad de los hechos y demás elementos de juicio necesarios para el esclarecimiento del caso sometido a su consideración y decisión, lo cual se puede conseguir en el curso del proceso, analizando las actas que lo conforman y, si fuere necesario, requerir los datos pertinentes por medio de la figura del “auto para mejor proveer” que se consagraba en el artículo 185 del Código Orgánico Tributario, promulgado en 1982” (Sentencia de la Sala Político-Administrativa de fecha 23 de marzo de 1994, con ponencia de la magistrada Josefina Calcaño de Temeltas, caso: Deusche Texaco Aktiengellschaft, Exp. Nº 7.774) (Este mismo criterio fue acogido por la sentencia N° 215 de la Sala Político-Administrativa de fecha 27 de marzo de 1996, con ponencia de la magistrado Cecilia Sosa Gómez, caso: Sucesión Hereditaria de Pedro José Rangel, Exp. N° 8.881). Igualmente, sobre el mencionado principio se adujo en posterior fallo lo siguiente: “La jurisprudencia constante y reiterada de esta Sala, ha establecido que en la jurisdicción contencioso-administrativa no puede obviarse la labor inquisitiva que debe desarrollar el juez, lo cual le impone, principalmente, preservar la legalidad de la actuación de la administración pública y la búsqueda permanente de la verdad, en virtud de lo cual debe revisar siempre el acto administrativo originalmente impugnado, con la finalidad de establecer, no sólo su conformidad con el ordenamiento jurídico vigente, sino además calificar o valorar si dichas actuaciones inciden de alguna manera en derechos, valores y principios (sic) de oficio, y dentro de los poderes que la Ley le ha conferido, algún pronunciamiento que responda a la necesaria protección y defensa de los mismos. Así las cosas, en el caso bajo análisis resulta indiscutible que al haber apreciado el juez de la causa, presuntas violaciones de normas de orden público, como son todas aquellas que consagran garantías y derechos constitucionales, y que acarrean por ende la nulidad absoluta de las actuaciones administrativas que las transgreden, estaba no sólo habilitado, sino obligado, a declararla de oficio, aún (sic) en el supuesto de que las partes no lo hubiesen señalado y con preferencia a otras cuestiones alegadas. En atención a las consideraciones precedentemente expuestas, considera la Sala que habiendo fundamentado el a quo su decisión en presuntas violaciones de índole constitucional, podía haberlas apreciado de oficio y decidir conforme a las mismas, sin incurrir en extrapetita, ni viciar su decisión por incongruente, razón por la cual se desestima la denuncia que en ese sentido hiciera la parte apelante. Así se decide” (Negritas de la Sala)(Sentencia Nº 1070 de la Sala Político-Administrativa de fecha 10 de julio de 2003, con ponencia del magistrado Hadel Mostafá Paolini, caso: J.F. Mecánica Industrial C.A., Exp. Nº 2001-774). En fecha de más reciente data el Tribunal Supremo de Justicia sostuvo: “(…), debe esta Sala destacar, una vez más, que en el proceso contencioso-administrativo y específicamente el contencioso tributario, contrariamente a lo que sucede en el proceso civil ordinario regido por el principio dispositivo, el juez goza de plenos poderes de decisión que le permiten apartarse de lo alegado y probado por las partes, pudiendo incluso declarar la nulidad de los actos sometidos a su consideración cuando ellos estuvieren afectados de inconstitucionalidad o ilegalidad, no estando sujeto, por consiguiente, al señalado principio dispositivo regulado en el artículo 12 del Código de Procedimiento Civil”. (Sentencia Nº 429 de la Sala Político-Administrativa de fecha 11 de mayo de 2004, con ponencia del magistrado Levis Ignacio Zerpa, caso: Sílice Venezolanos, C.A., Exp. Nº 2002-1045). En efecto, el Código Orgánico Tributario vigente prevé diversas formas de actuación de oficio del juez contencioso tributario, siendo una de ellas, la posibilidad de examinar la admisibilidad de la acción contencioso tributaria interpuesta. De manera pues, que independientemente de que haya sido o no alegada alguna de las causales de inadmisibilidad, el juez debe entrar a analizar oficiosamente y detectar si en el asunto sometido a su consideración alguna de dichas causales llega a configurarse, evitando así las sentencias absolutorias de la instancia, después de un tiempo excesivamente prolongado. El juez puede en cualquier estado y grado de la causa, conforme a su amplio poder de apreciación revisar las causales de admisibilidad, por ser las mismas de evidente orden público. Literalmente ha señalado la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia: “(...) La doctrina de esta Sala ha sido insistente en afirmar que las causales de inadmisibilidad constituyen norma de eminente orden público; siendo ello así, el juzgador cuenta con un amplio poder de apreciación, incluso para examinar elementos que no hayan sido observados por las partes, o bien que aún (sic) siéndolo, hayan podido escapar del análisis previamente realizado por el propio tribunal”. (Sentencia N° 472 de la Sala Político-Administrativa de fecha 25 de marzo de 2003, con ponencia del magistrado Levis Ignacio Zerpa, caso: Edgar Márquez Castro, Exp. N° 2001-0689)”. Aclarado lo anterior tenemos que el Código Orgánico Tributario vigente, establece en su artículo 267: “Artículo 267. Al quinto día de despacho siguiente a que conste en autos la última de las notificaciones de ley, el Tribunal se pronunciará sobre la admisibilidad del recurso”. Siendo una de las causales de inadmisibilidad del recurso, conforme lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 266 del texto legal in commento: La falta de cualidad o interés del recurrente, lo cual vendría a ser la cuestión previa señalada en el ordinal 6º del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil: “El defecto de forma de la demanda, por no haberse llenado en el libelo los requisitos que indica el artículo 340,(…)”. Conforme lo dispuesto en el artículo 260 del Código Orgánico Tributario “El recurso se interpondrá mediante escrito en el cual se expresarán las razones de hecho y de derecho en que se funda, debiendo reunir los requisitos establecidos en el artículo 340 del Código de Procedimiento Civil”. (Subrayado del Tribunal). Así el ordinal 6° del artículo 340 de la ley adjetiva in commento señala: “Artículo 340. El libelo de la demanda deberá expresar: (…) 6° Los instrumentos en que se fundamente la pretensión, esto es, aquéllos de los cuales se derive inmediatamente el derecho deducido, los cuales deberán producirse con el libelo.”. (Subrayado del Tribunal) Como se observa, el Código Orgánico Tributario exige que el recurrente tenga interés legítimo en la anulación del acto impugnado, que no es otro que el interés personal, legítimo y directo previsto en los artículos 22 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos y artículo 21 aparte 8° de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, para la impugnación de los actos administrativos de efectos particulares y el interés jurídico actual consagrado en el artículo 16 del Código de Procedimiento Civil. Esta noción de legitimación activa ya ha sido delineada por la jurisdicción contencioso-administrativa antes de la entrada en vigor de la Constitución de 1999, como la situación jurídica subjetiva que resulta del vínculo jurídico previamente establecido entre un sujeto de derecho y la Administración o también -ha señalado la jurisprudencia- por hallarse el administrado en una especial situación de hecho frente a la infracción del ordenamiento jurídico, y por tal razón, lo hace más sensible que el resto de los administrados. En este sentido sostiene la doctrina patria: “(…) En cuanto a la legitimación activa en el recurso contra actos administrativos de efectos particulares, como ha quedado dicho, la ley exige un interés personal, legítimo y directo lesionado por el acto recurrido. Este interés no es vago, impreciso o etéreo, sino actual, personal o concreto. Por ello, la Corte Suprema de Justicia en Sala Político-Administrativa ha sostenido que 'por muy amplio que sea el sentido que quiera darse al concepto de interés para los efectos de la legitimación activa en materia contencioso administrativa resulta indudable que no puede entenderse que exista tal legitimación por el hecho de que cualquier ciudadano quiera que la Administración Pública obre con arreglo a la Ley…' por lo que concluye la Corte señalando que sólo podrían hacerse parte en juicio contencioso-administrativo de anulación contra una decisión administrativa 'las personas directamente afectadas por ella, vale decir, las que tuvieren un interés legítimo en su anulación o mantenimiento'. En este orden de ideas la Corte Suprema de Justicia ha señalado que 'este interés es el que en el recurso contencioso de anulación ostentan las partes, entendiéndose por tales las que han establecido una relación jurídica con la Administración Pública, o todo aquel a quien la decisión administrativa perjudica en su derecho o en su interés legítimo”. (Cfr. BREWER-CARÍAS, Allan, Contencioso Administrativo en Venezuela, Editorial Jurídica Venezolana, Caracas, 1981, p. 147). En el caso sub examine, el ciudadano Felice De Stefano, titular de la cédula de identidad N° 7.198.151, señala en su escrito recursorio que actúa en su carácter de Presidente de la sociedad mercantil DETAL DE CARNES TRINACRIA II, C.A., RIF N° 30708087-6 (folio 9), pero no cursa en autos el Acta Constitutiva de la empresa de la cual se pueda evidenciar el referido carácter y por ende, su titularidad o el interés legítimo para actuar ante un órgano jurisdiccional, en virtud de la lesión que le ocasiona los efectos del acto que impugna. De manera que al no cumplir la recurrente con la obligación taxativa que impone el numeral 2 del artículo 266 del Código Orgánico Tributario, en concordancia con el artículo 260 eiusdem y ordinal 6° del artículo 340 del Código de Procedimiento Civil, como lo es demostrar su titularidad o el interés legítimo para ejercer la presente acción, es forzoso para esta Juzgadora declarar su inadmisibilidad. En consecuencia, el acto administrativo recurrido identificado con las siglas y números MF-SENIAT-DFIF-F11-04-1106 de fecha 01-11-2000, adquirió el carácter de “definitivamente firme” y por tanto “irrecurrible” e “irrevocable”. III DECISIÓN Por las razones precedentemente expuestas, este Tribunal Superior Séptimo de lo Contencioso Tributario, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara INADMISIBLE por falta de cualidad o interés del recurrente, el Recurso Contencioso Tributario interpuesto en fecha 30-08-2001, por el ciudadano Felice de Stefano, titular de la cédula de identidad 7.198.151, actuando en su carácter de Presidente de la contribuyente DETAL DE CARNES TRINACRIA II C.A., asistida por el abogado Miguel José Riani Armas, Inpreabogado N° 21.400, contra el acto administrativo identificado con las siglas y números MF-SENIAT-DFIF-F11-04-1106 de fecha 01-11-2000, notificado en fecha 19-02-2001, y su respectiva Planilla de Liquidación N° 00225001680, por la cantidad de TRECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS BOLÍVARES SIN CENTIMOS (Bs. 365.400,oo), por concepto de multa, emitido por la Gerencia Regional de Tributos Internos de la Región Los Llanos del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT). Este Tribunal no ordena notificar a las partes, por cuanto las mismas se encuentran a derecho y la sentencia interlocutoria recaída en esta causa fue dictada en su oportunidad. Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Tribunal Superior Séptimo de lo Contencioso Tributario, en Caracas, a los treinta (30) días de mes de enero de dos mil cinco (2005). Años 195° de la Independencia y 146° de la Federación. La Jueza Suplente Lilia María Casado Balbás El Secretario José Luis Gómez Rodríguez ASUNTO NUEVO: AP41-U-2005-000339 LMCB/ymb.