TSJ Regiones - Decisión

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
TRIBUNAL NOVENO DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIONES DE CONTROL DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO LARA.

Barquisimeto, 06 de Octubre del 2005
Años: l95° y 146°

ASUNTO PRINCIPAL: KP01- P- 2005 -004425

AUTO DECIDIENDO LA ENTREGA DE VEHÍCULO.

Visto los anteriores escritos presentado por ante este tribunal, por el ciudadano EDWIN ALEXANDER OSPINO MORENO, quien es venezolano, mayor de edad, Titular de la Cedula de Identidad Numero V-9.828.048 , actuando en nombre propio, el cual solicita que se ordene hacerle entrega material de un vehículo de su propiedad, según consta en documento debidamente autenticado por ante Notaria Pública Primera de Barquisimeto, en fecha cinco (05) de Agosto del año dos mil cuatro (2004), quedando inserto bajo el Nº 07, tomo 72 de los libros de autenticaciones llevados por esa Notaria, el cual compró de buena fe a la ciudadana Gisela Pastora Aldasoro Contreras, Venezolana, mayor de edad, soltera, titular de la cedula de identidad Nº V-7.316.650, el vehiculo a la cual hace referencia posee las siguientes características: MARCA: FIAT; MODELO: 147 GLS; AÑO: 1981; COLOR: AZUL; CLASE: AUTOMÓVIL ; TIPO: SEDAN ; USO: PARTICULAR ; SERIAL DE CARROCERÍA: 0471024; SERIAL DE MOTOR: 1071405, PLACAS: ACN-81A, el cual le pertenece según el documento registrado en la notaria publica primera de Estado Lara, de fecha 05 de Agosto de 2004.

Cabe destacar que, en fecha 28 de Febrero del año 2005, fue retenido el referido vehículo por parte de Funcionarios, adscritos a la Brigada de Seguridad Urbana de las Fuerzas Armadas Policiales del Estado Lara, por presentar alteración de seriales.

Del estudio minucioso de las actuaciones que conforman este asunto, quien decide debe hacer las siguientes observaciones:
• Riela en los folios seis y siete (06 y 07) Documento Compra Venta emanado de la Notaria Publica Primera de este Estado, donde figuran como partes los ciudadanos EDWIN ALEXANDER OSPINO MORENO y GISELA PASTORA ALDASORO CONTRERAS, del vehiculo antes identificado.
• Riela al folio ocho (08) Certificado de Registro de Vehículo, debidamente expedido por Instituto Nacional de Transito y Transporte Terrestre, en fecha 20 de Diciembre del año 2000, a nombre de Gisela Pastora Aldasoro Contreras.
• Consta al folio treinta y uno (31) Acta de Retención, de fecha Veinticuatro (24) de Febrero del año 2005, debidamente suscrita por el Funcionario Agente Montes Carlos y Agente Pérez Arturo, adscritos a la Brigada de Seguridad Urbanas de las fuerzas Armadas Policial del Estado Lara, mediante la cual retuvo el vehículo objeto de la presente solicitud.
• Consta al folio cincuenta y ocho (58), acta de Negativa debidamente suscrita por la Fiscalia Quinta del Ministerio Publico de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, de fecha catorce (14) de Abril de 2005, mediante la cual NEGO la entrega del vehículo objeto de la presente solicitud, fundamentando la misma con la Experticia de Reconocimiento Legal y Restauración de Seriales, suscrita por el experto Sargento 2do Eugenio Antonio Catari, cuyo resultado es el siguiente: La chapa identificadora del Serial de Carrocería donde se lee 004/3510, es FALSA.
• Riela al folio (52 y 53) Acta de reconocimiento del Certificado de Registro de Vehiculo Nro 2980782 de fecha 06 de Abril de 2005, donde cuyo resultado fue el siguiente: AUTENTICO.
• Riela a los folios cincuenta y cuatro al cincuenta y siete (54 al 57) Oficio Nro 110/2005, de fecha 28-03-05, emanado de la Notaria Primera de Barquisimeto Estado Lara, remitiendo Certificación de Fostostato del documento compra venta, inserta bajo el Nro 07, tomo 72, de fecha 05-08-04, donde figuran como partes los ciudadanos EDWIN ALEXANDER OSPINO MORENO y GISELA PASTORA ALDASORO CONTRERAS, ampliamente identificados en el presente asunto.

También es necesario dejar claro que, una vez analizado detenidamente el contenido de las actuaciones que integran la causa, y en cumplimiento a lo previsto en los artículos 26 y 51 de la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela, que garantizan el derecho que tiene toda persona de obtener en forma pronta, gratuita, imparcial, transparente, responsable y equitativa una Tutela Judicial Efectiva de sus derechos constitucionales, y concatenado estrechamente con lo preceptuado en el artículo 30 Ejusdem que regula el deber del Estado de proteger a las victimas de delitos comunes mediante una justicia gratuita, imparcial, idónea y responsable, se puede observar claramente que:
1- El referido vehículo fue adquirido por el ciudadano EDWIN ALEXANDER OSPINO MORENO, mediante compra que le hizo a la ciudadana GISELA PASTORA ALDASORO CONTRERAS, según consta en el documento Compra Venta, autenticado por la Notaria Primera de Barquisimeto Municipio Irribarren, inserto bajo los Nros 07, tomo 72, de fecha 05 de Agosto de 2004.
2- Certicado de Registro de Vehiculo, a nombre de la ciudadana GISELA PASTORA ALDASORO CONTRERAS, titular de la cédula de Identidad Nro V- 7.316.650, debidamente emitido por el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, signado con el Nº 2980782, de fecha 20-12-2000, del vehiculo antes descrito, el cual resulto AUTENTICO.
3- No existe en las actuaciones que, corren insertas a la presenta causa NINGUNA OTRA SOLICITUD de entrega o elemento de convicción que nos permita presumir fundadamente que el mencionado vehículo pertenece a otra persona diferente al solicitante o que condujere a pensar que existen varias personas que se arrogan al mismo tiempo la propiedad sobre el mismo, a pesar de que éste se encuentra retenido desde el día 24-02-2004, a las ordenes de este Tribunal.

Así mismo, es oportuno y necesario tener en cuenta que el solicitante procede en este caso con evidente LEGITIMACION ACTIVA para requerir la entrega del vehículo, por cuanto fundamenta su requerimiento en su documento Compra Venta, debidamente notariado por ante la Notaria Primera de este Estado. En este sentido debe tenerse presente la obligación legal que tienen los órganos de administración de justicia del cual constitucionalmente formamos partes los Jueces, Fiscales, Abogados, etc.; de velar por los intereses de la victima en el proceso, garantizando la vigencia de sus derechos así como la protección y reparación del daño causado a la misma, de acuerdo a lo previsto expresamente en lo Artículos 118 y 119 del Código Orgánico procesal Penal, lo cual guarda estrecha relación con lo consagrado expresamente en el Artículo 30 segundo aparte de la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela, que establece la obligación que tiene el Estado de proteger a las victimas de delitos comunes, además resulta necesario y obligatorio hacer respetar y garantizar el Derecho a la Propiedad que tiene todo ciudadano, el cual se encuentra consagrado en el Artículo 115 de la Constitución de la Republica, de igual forma, en todos aquellos casos en los cuales el solicitante demuestre por cualquier medio licito su derecho sobre el vehículo requerido, tal como lo exige expresamente el Artículo 10 de la Ley Sobre Hurto y Robo de Vehículos, donde se establece que los vehículos se entregarán al propietario por orden del Juez de Control o del Ministerio Público en cualquier estado del proceso una vez comprobada su condición de propietario lo que tiene relación directa con lo preceptuado en el Artículo 311 del Código Orgánico Procesal Penal, según el cual las partes o los terceros interesados podrán acudir ante el Juez de Control solicitando la devolución de los objetos incautados en caso de retraso injustificado del Ministerio Público, lo cual tiene su justificación en lo previsto en el Artículo 11 de la Ley de Transito Terrestre, según el cual se considera como propietario a quién figure en el Registro Nacional de Vehículos como adquirente, normal legal que viene a complementarse con lo consagrado en el Artículo 9 Ejusdem, donde se establece que el Registro Nacional de Vehículos será público y los actos inscritos en él tendrán efectos contra terceros, y si a esto le agregamos el contenido de la disposición legal establecida en el Artículo 312 Primera Aparte del Código Adjetivo Penal, que establece la facultad que tiene el Tribunal de devolver los objetos incautados o recuperados, salvo que estime indispensable su conservación, los cuales se entregarán al propietario una vez comprobada su condición por cualquier medio; resulta obligatorio y ajustado a derecho concluir que en el presente caso se encuentra demostrada de manera fehaciente hasta la presente fecha, salvo mejor prueba en contrario la propiedad legal en buena fe sobre el vehículo automotor requerido dado que la solicitante demostró poseer Certificado de Registro de Vehículo que la acredita como propietaria del vehículo retenido.

Igualmente, es oportuno traer a colación el criterio sostenido por la SALA CONSTITUCIONAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA, en fecha 13-08-2001, expediente Nº 01-0575, con ponencia del Magistrado: ANTONIO J. GARCIA, en la cual afirma entre otras cosas que: “… Ahora bien, observa esta Sala que en atención a lo dispuesto en el artículo 319 del Código Orgánico Procesal Penal, el Ministerio Público debe devolver los objetos recogidos o que se incautaron y que no sean indispensables para la investigación, a quienes habiendo acudido ante el Juez de Control a solicitar su devolución, demuestre PRIME FACIE ser propietario o poseedores legítimos de los mismos. En los casos de los vehículos automotores, resulta obligatoria su devolución a quienes exhiban la documentación expedida por las autoridades administrativas de transito o que puedan probar sus derechos por cualquier medio licito y valorable conforme a las reglas del criterio racional. Por ello, considera ésta Sala que una vez comprobada, sin que medie duda alguna, la titularidad del derecho de propiedad que posea un ciudadano sobre el objeto que se reclama en el proceso penal, el Juez deberá ordenar la entrega del vehículo correspondiente.” En igual sentido continua diciendo la misma sentencia que: “… De los artículos precedentemente citados, se observa que el legislador considera a un ciudadano propietario de un vehículo, frente a las autoridades y ante terceros, cuando aparezca como titular de ese derecho real en el registro Nacional de Vehículos… Por consiguiente ésta Sala concluye prueba fehaciente de la propiedad del vehículo reclamado, por lo que negar su devolución no resultaba ajustado a derecho.”

En virtud de todas las argumentaciones de hecho y de derecho antes expuestas, es obligatorio concluir que el presente caso es legalmente procedente la devolución del vehículo solicitado, pero únicamente, en Calidad de Depósito, de conformidad con lo establecido en el Artículo 10 de la Ley Sobre Hurto y Robo de Vehículos en concordancia con el Artículo 311 del Código Orgánico Procesal Penal, y en armonía con los Artículos 26 y 51 de la Constitución de la Republica, con la expresa e ineludible obligación de no venderlo ni enajenarlo bajo ninguna forma o modalidad y además presentarlo por ante la Fiscalía del Ministerio Público o este Tribunal de Control las veces que sea requerido a objeto de determinar lo conducente conforme a la ley. Así se decide y declara.

DISPOSITIVA.

Con fundamentos a lo anteriormente expuesto, este Tribunal Sexto de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial penal del Estado Lara, Administrando Justicia en Nombre de la República y por Autoridad de la Ley, ACUERDA: La Devolución inmediata en Calidad de Depósito del vehículo solicitado cuyas características y determinaciones legales son las siguientes: MARCA: FIAT; MODELO: 147 GLS; AÑO: 1981; COLOR: AZUL; CLASE: AUTOMÓVIL ; TIPO: SEDAN ; USO: PARTICULAR ; SERIAL DE CARROCERÍA: 0471024 ; SERIAL DE MOTOR: 1071405, PLACAS: ACN-81ª, a el ciudadano EDWIN ALEXANDER OSPINO MORENO, quien es venezolano, mayor de edad, Titular de la Cedula de Identidad Numero V-9.828.048, actuando en nombre propio; con la expresa obligación de No Venderlo, Ni Enajenarlo bajo Ninguna Modalidad o Condición y además comprometiéndose a presentarlo por ante la Fiscalía del Ministerio Público o éste Tribunal de Control las veces que se requerido, de conformidad con lo establecido en el artículo 311 del Código Orgánico Procesal Penal, para lo cual se acuerda oficiar al Estacionamiento “Concordia” de ésta ciudad de Barquisimeto, Estado Lara con la finalidad de que procedan a la entrega del mismo.

Asimismo, se ordena a todas las autoridades de la Republica, el acatamiento de la presente decisión en toda su extensión, evitando cualquier perturbación en la posesión aquí otorgada a la Ciudadano EDWIN ALEXANDER OSPINO MORENO actuando en su carácter de propietario; y en caso de desacato, el tribunal tomará las medidas y acciones que considere necesarias, conforme a la Ley, para hacer respetar y cumplir sus decisiones, respetando el debido proceso, tal y como de manera expresa, lo prevé el articulo 5 del Código Orgánico Procesal Penal. Regístrese. Cúmplase y Notifíquese a las partes de la presente decisión.

JUEZ DE CONTROL Nº 9

DRA. MAGALY ESTHER LÓPEZ

LA SECRETARIA