REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA EN SU NOMBRE JUZGADO CUARTO DE JUICIO CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO LARA Barquisimeto, 28 de Noviembre de 2005 Años: 195° y 146° ASUNTO PRINCIPAL: KPO1-P-2005-10009- Vista la solicitud de Revisión de Medida Cautelar de Privación Judicial Preventiva de Libertad decretada en fecha 09 de Agosto de 2.005, en contra del ciudadano DAVID EUGENIO PERDOMO GALINDEZ a tenor de lo dispuesto en los artículos 250, 251 y 252 del Código Orgánico Procesal Penal, efectuada por la Defensa Técnica del mismo, este Tribunal observa: Al precitado encausado le fue decretada Medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad a tenor de lo dispuesto en los artículos 250, 251 y 252 del Código Orgánico Procesal Penal, como presunto autor de los punibles de Porte Ilícito de Arma de Fuego y Aprovechamiento de Vehículo Proveniente de Hurto o Robo, previstos y sancionados en los artículos 277 del Código Penal y artículo 9 de la Ley Sobre el Hurto y Robo de Vehículos, quedando el mismo a la orden de este Juzgado una vez ingresada la presente causa luego de haberse pronunciado auto de apertura a juicio. Alega la Defensa del imputado en escrito presentado al Tribunal recibido por ésta Juzgadora el día de 21/11/05, que no opera en contra de su defendido los presupuestos establecidos en el artículo 251 del Código Orgánico Procesal Penal, máxime cuando la posible pena a imponer no encuadra en las previsiones a que se contrae el parágrafo primero del citado artículo, que existe violación por parte del Ministerio Público y del Juez de Control de los Derechos Constitucionales que consagran el debido proceso, al no haberse realizado entrevista a todas las personas que se encontraban en la residencia al momento de practicarse el allanamiento, y que al dictar el Juez Sexto de Control la Medida de Privación de Libertad violentó no solo lo establecido en el ordinal 1° del artículo 49 de la Constitución Nacional, sino también la del ordinal 2° del artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal, por considerar como evidencia para decretar la medida de coerción personal contra su defendido, únicamente la versión ofrecida por los Guardias Nacionales que realizaron un procedimiento de allanamiento revestido de ilegalidad, el cual debe ser declarado nulo por violentar derechos y garantías constitucionales. Ahora bien, esta Juzgadora tomando en consideración los alegatos de la Defensa Técnica considera: 1.- Efectivamente, nuestro Código Orgánico Procesal Penal consagra como uno de los Principios y Garantías Procesales del sistema penal venezolano, la Afirmación de Libertad, según el cual las disposiciones que autorizan preventivamente la privación o restricción de la libertad o de otros derechos del imputado o su ejercicio, tienen carácter excepcional, solo podrán ser interpretadas restrictivamente, y su aplicación debe ser proporcional a la pena o medida de seguridad que pueda ser impuesta en la definitiva, principio éste que debe necesariamente concatenarse con el Estado de Libertad y Proporcionalidad señalados en los artículos 243 y 244 de la citada norma adjetiva vigente, en los que se indica la excepcionalidad de la privación de libertad y su procedibilidad cuando las demás medidas cautelares sean insuficientes para asegurar las finalidades del proceso, así como las circunstancias que deben tomar en cuenta los operadores de justicia para decretarla y las cuales no pueden sobrepasar la pena mínima prevista para cada delito, ni exceder del plazo de dos años. En tal sentido, estima esta Juzgadora que durante el proceso no se ha verificado la violación de derechos fundamentales que asisten al imputado, por cuanto la Medida Cautelar decretada en su oportunidad por el Juzgado de Control, observó las máximas de afirmación de libertad, estado de libertad y proporcionalidad, tomando en consideración que la misma se basó en la presunción razonable de peligro de fuga y de obstaculización determinada por el quantum de la posible pena a imponer y la probabilidad de que el mismo influyese para que testigos y expertos se comporten de manera reticente o desleal. Aunado a ello, estima esta operadora de justicia que de los alegatos esgrimidos por la defensa no se deriva la variación de las circunstancias fácticas señaladas por el Tribunal de Control para la permanencia de la medida cuestionada, además de que los mismos responden a cuestionamientos propios del recurso de apelación de autos que no puede esta Juzgadora decidir por no ser Tribunal Superior al Juzgado Sexto de Control. Con base a lo anteriormente expuesto, considera ésta Juzgadora que la medida sometida a revisión debe mantenerse a fin de garantizar las resultas del proceso penal incoado, al no verificarse variación de las circunstancias tomadas en cuenta por la Juez de Control N° 6 de este Circuito Judicial Penal, ya que se encuentran satisfechos los extremos a que se contare el artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal y así se decide. DECISION En mérito a las consideraciones que anteceden, este Juzgado Cuarto de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Lara, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, NIEGA POR IMPROCEDENTE la sustitución de la medida de coerción personal decretada en fecha 09/08/05, en contra del ciudadano DAVID EUGENIO PERDOMO GALINDEZ, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° 11.882.737 y acuerda MANTENER LA MISMA CON TODOS SUS EFECTOS, a tenor de lo dispuesto en los artículos 250, 251 y 252 del Código Orgánico Procesal Penal, como presunto autor de los punibles de Porte Ilícito de Arma de Fuego y Aprovechamiento de Vehículo Proveniente de Hurto o Robo, previstos y sancionados en los artículos 277 del Código Penal y artículo 9 de la Ley Sobre el Hurto y Robo de Vehículos, conforme a lo establecido en el artículo 264 del Código Orgánico Procesal Penal. Notifíquese a las partes de la presente decisión. Regístrese. Cúmplase. LA JUEZA CUARTA DE JUICIO, ABG. CARMEN TERESA BOLIVAR PORTILLA. LA SECRETARIA, ABG. BEATRIZ PEREZ SOLARES.