En nombre de: P O D E R J U D I C I A L JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA DE JUICIO DEL TRABAJO CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO LARA MOTIVO: AMPARO CONSTITUCIONAL ASUNTO: KP02-O-2005-000044 PARTE QUERELLANTE: ELY MARY SABATINO NORIEGA, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° 12.704.412. ABOGADO ASISTENTE DEL QUERELLANTE: KARINA BARRIOS URBINA, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No. V-9.619.414, inscrita en el Inpreabogado bajo el No. 55.245. PARTE QUERELLADA: TELECOMUNICACIONES BUTLER C.A..; firma inscrita por ante el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y estado Miranda, en fecha 02 de junio de 1992, en la persona de LUIS FIDHEL, en su carácter de apoderado judicial. _______________________________________________________________ RESUMEN DEL PROCEDIMIENTO Se inicia éste proceso por solicitud presentada por la parte querellante en fecha 03 de marzo de 2005, en la cual denuncia la violación de su derecho constitucional al trabajo. Recibida en la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (URDD), se distribuyó entre los Juzgados de juicio de esta coordinación del trabajo, asignando a quien suscribe su conocimiento, tal y como consta en auto de fecha 04 de marzo de 2005 por el cual se le dio por recibido. Estando en la oportunidad de admitir la solicitud presentada, el Juzgador, tomando en consideración lo previsto en la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales, el Código de Procedimiento Civil, la jurisprudencia y las sentencias de nuestro máximo tribunal se pronuncia en los siguientes términos: PUNTO PREVIO DE PRONUNCIAMIENTO La parte querellante expresa que en fecha 02 de febrero de 2004 la querellada convino en el procedimiento de reenganche que cursó por la Inspectoría del Trabajo del Estado Lara, según consta en acta No. 100 de esa misma fecha, igualmente alega, que la parte querellada se ha negado a cumplir con lo establecido en dicho acuerdo y que por lo tanto, previa apertura de un procedimiento sancionatorio en la Inspectoría del Trabajo que cursa con el No. 005-04-06-0094 ha acudido a la vía de amparo constitucional para restablecer los derechos constitucionales conculcados. En el presente asunto, pretende la parte querellante que por vía de amparo constitucional éste Juzgado ordene la ejecución de un acuerdo suscrito en sede administrativa y que tiene efectos particulares. No es nueva la discusión sobre la competencia de estos Juzgados para proceder a la ejecución de actos administrativos de efectos particulares. Se han suscitado numerosos conflictos de competencia, inclusive entre las salas Social y Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia. El Artículo 253 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela sujeta a los órganos del Poder Judicial al Principio de la Legalidad, fundamento esencial del Estado de Derecho, al establecer que sólo pueden conocer las causas y asuntos de su competencia (material), mediante los procedimientos que determinen las leyes (adjetiva). Cualquier violación de tales preceptos constitucionales implica la nulidad de las actuaciones realizadas. La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, recientemente en revisión decidió en fecha 20 de noviembre de 2002, caso R. BARONI, Expediente N° 02-2241, sentencia N° 2862, con ponencia del magistrado PEDRO RONDÓN, que la competencia en amparos constitucionales autónomos para el cumplimiento de actos o acuerdos administrativos de efectos particulares corresponde a la Corte Primera en lo Contencioso Administrativo en la capital de la República; y a los Tribunales Superiores en lo Civil y Contencioso administrativos regionales en el resto del país, como es el caso que nos ocupa. Por otra parte, la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales establece que son competentes para conocer de la acción de amparo los tribunales de la materia afín con la naturaleza del derecho o de las garantías constitucionales violadas o amenazadas de violación (Artículo 7). Si en el presente asunto se solicita amparo para la ejecución de un acuerdo suscrito en sede administrativa, conforme al criterio de la Sala Constitucional, la competencia corresponde a los tribunales de lo contencioso administrativo, y no a los tribunales del trabajo. Por otra parte, la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales establece que en casos como éste, el Juez debe remitir las actuaciones inmediatamente al Juez o Tribunal que tenga competencia (Artículo 7 LOASDGC); y esto es congruente con lo previsto en el Artículo 60 del Código de Procedimiento Civil, que establece que en cualquier estado y grado de la causa el Juez, de oficio, puede declinar la competencia, y compatible con el Artículo 48 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales y el Artículo 11 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Por todo lo expuesto, se declina el conocimiento del presente asunto en el Tribunal Superior Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental, a quien corresponde conocer en primera instancia de de amparos presentados relacionados con actos administrativos de efectos particulares emanados de las inspectorías del trabajo en protección de la inamovilidad. Así se establece.- DISPOSITIVO Por todos los razonamientos de hecho y de Derecho que han quedado expresados en esta decisión; el Juez Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por la autoridad que le confieren la Ley y el Derecho: PRIMERO: Declina el conocimiento de la presente causa en el Tribunal Superior Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental. SEGUNDO: Remítase inmediatamente el expediente al Juzgado competente, conforme a lo previsto en el Artículo 7 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales. TERCERO: No hay condena en costas por tratarse de una decisión que no se pronunció sobre el fondo de la controversia y se ha tomado de oficio. PUBLÍQUESE, REGÍSTRESE Y DÉJESE COPIA CERTIFICADA. En Barquisimeto, a los 09 días del mes de marzo de 2005. Años 194° de la Independencia y 146° de la Federación. Abog. José Manuel Arráiz Cabrices Juez Abog. Lorely Pineda Secretaria Esta sentencia se publicó en la misma fecha, a las 3:20 p.m. y se libró oficio de remisión. Secretaria JMAC/njav