REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER JUDICIAL Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Lara Barquisimeto, tres de marzo de dos mil cinco 194º y 146º ASUNTO : KP02-S-2005-001358 Vista la solicitud presentada por el Ciudadano SALVADOR OROPEZA, Venezolano, mayor de edad, soltero, agricultor, titular de la cédula de identidad No. 7.377.100, domiciliado en la Parroquia Aguedo Felipe Alvarado, Municipio Iribarren, Estado Lara, asistido del abogado Elías I. Valera V. IPSA No. 102.099, donde manifiesta se le conceda titulo supletorio de dominio sobre unas bienhechurías que construyó a expensas propias con dinero de su propio peculio, ubicadas en el Caserío Matatere, Sector El Cují, Parroquia Aguedo Felipe Alvarado, Municipio Iribarren, Estado Lara, sobre un lote de terreno de Posesión Comunero con una extensión de cuatro hectáreas ( 4 Has. ) ; alinderadas de la siguiente manera NORTE: Terreno ocupado por HUMBERTO VARGAS ; SUR: Terreno ocupado por ESTEBAN OROPEZA ; ESTE: Parcela ocupada por ALEJANDRO GARCIA Y OESTE: Por un pozo muerto. Dichas bienhechurías consisten en un tanque para agua, una casa de adobes con techo de zinc, piso de cemento, árboles frutales, cercadas con alambre de púas y estantillos de madera. El valor invertido es la cantidad de QUINCE MILLONES DE BOLIVARES ( Bs. 15.000.000,oo ), y teniéndose presentes las declaraciones de los testigos FRANCISCO PEREIRA Y GERARDO VASQUEZ, Titulares de las cédulas de identidad Nos. 7.313.539 y 2.537.995 respectivamente, éste Tribunal administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, especialmente por los artículos 936 y 937 del Código de Procedimiento Civil y dejando a salvo los derechos que terceras personas puedan tener aprueba la mencionada Justificación y le DECLARA TITULO SUPLETORIO DE POSESION Y DOMINIO a favor del Ciudadano SALVADOR OROPEZA ya identificado, en las bienhechurías antes descritas en el presente decreto, el cual no podrá ser registrado sin la autorización del propietario del terreno sea un ente público o privado, conforme al acuerdo del primero de abril de 1970, dictado por la Corte Suprema de Justicia en la Sala Político Administrativa, devuélvanse las actuaciones a la parte interesada.- La Juez Tamar Granados Izarra La Secretaria María Fernanda Alviárez TGI/AMV