REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER JUDICIAL Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito de la Circunscripción Judicial del Estado Lara Barquisimeto, dieciséis de marzo de dos mil cinco 194º y 146º ASUNTO : KP02-S-2005-002037 Vista la solicitud presentada por el ciudadano Javier Antonio Ruiz Rodríguez, Venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° 9.613.817, de este domicilio, asistida por la abogada Evelyn Palacios, inscrita en el inpreabogado N° 63.083, donde manifiesta se le conceda titulo supletorio de dominio sobre unas bienhechurías que fomentó a expensas propias con dinero de su propio peculio, ubicadas en la vía el Ujano, Uribana Centro, calle las Margaritas N° 61, Parroquia Santa Rosa, Municipio Iribarren del Estado Lara, sobre un lote de terreno ejido, que mide aproximadamente Doscientos Cuarenta y Tres Metros Cuadrados con Sesenta y Cinco Centímetros (243,65M2), comprendida dentro de los siguientes linderos NORTE: En línea de 9,50 metros con calle las Margaritas que es su frente; SUR: En línea de 9,55 metros con Mary Castillo; ESTE: En línea de 25,61 metros con Yoleida Pérez; y OESTE: En línea de 25,55 metros con parcela de Eddí Heredia. Dichas bienhechurías consisten en una casa de paredes de bloques, dos habitaciones, un baño, sala, cocina, comedor, garaje y porche, cerca de bloques. El valor invertido es la cantidad de Diez Millones de Bolívares (Bs. 10.000.000,00), y teniéndose presentes las declaraciones de los testigos Yulmi Ramirez y Ana Fuentes, éste Tribunal administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, especialmente por los artículos 936 y 937 del Código de Procedimiento Civil y dejando a salvo los derechos que terceras personas puedan tener aprueba la mencionada Justificación y le DECLARA TITULO SUPLETORIO DE POSESIÓN Y DOMINIO a favor del ciudadano Javier Antonio Ruiz Rodríguez, ya identificado, en las bienhechurias antes descritas en el presente decreto el cual no podrá ser registrado sin la autorización del propietario del terreno sea un ente público o privado, conforme al acuerdo del primero de abril de 1.970, dictado por la Corte Suprema de Justicia en la Sala Político Administrativa, devuélvanse las actuaciones a la parte interesada.- La Juez Tamar Granados Izarra La Secretaria María Fernanda Alviarez TGI/Eliana