REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER JUDICIAL Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Lara Barquisimeto, quince de marzo de dos mil cinco 194º y 146º ASUNTO : KP02-S-2005-001632 Vista la solicitud presentada por el Ciudadano NOEL RAMON SANCHEZ CARRASCO, Venezolano, mayor de edad, soltero, titular de la cédula de identidad No. 16.749.744 y de este domicilio, asistido del abogado Mauro Gallardo. IPSA No. 10.279, donde manifiesta se le conceda titulo supletorio de dominio sobre unas bienhechurías que construyó a expensas propias con dinero de su propio peculio, ubicadas en el Sector La Virgen, Kilómetro 8, Carretera Vía Pavia Abajo, Parroquia Juan de Villegas, Municipio Iribarren, Estado Lara, sobre un lote de terreno ejido que mide 30,00 metros de frente por 40,00 metros de fondo ; alinderadas de la siguiente manera NORTE: Con Carretera Vía Pavia que es su frente ; SUR: Con Callejón que es su frente ; ESTE: Con Bienhechurías ocupadas Y OESTE: Con Callejón adyacente. Dichas bienhechurías están constituidas por Una Casa de paredes de bloques, techo de tejalit, piso de cemento, consta de cuatro habitaciones, una antesala, un corredor, dos locales, tres baños, un pozo séptico, siembra de diversos árboles frutales, cercada de rejas de hierro. El valor invertido es la cantidad de VEINTE MILLONES DE BOLIVARES ( Bs. 20.000.000,oo ), y teniéndose presentes las declaraciones de los testigos GREGORIO AGUILAR Y JONEL HERNANDEZ, Titulares de las cédulas de identidad Nos. 2.539.937 y 7.321.723 respectivamente, éste Tribunal administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, especialmente por los artículos 936 y 937 del Código de Procedimiento Civil y dejando a salvo los derechos que terceras personas puedan tener aprueba la mencionada Justificación y le DECLARA TITULO SUPLETORIO DE POSESION Y DOMINIO a favor del Ciudadano NOEL RAMON SANCHEZ CARRASCO ya identificado, en las bienhechurías antes descritas en el presente decreto, el cual no podrá ser registrado sin la autorización del propietario del terreno sea un ente público o privado, conforme al acuerdo del primero de abril de 1970, dictado por la Corte Suprema de Justicia en la Sala Político Administrativa, devuélvanse las actuaciones a la parte interesada.- La Juez Tamar Granados Izarra La Secretaria María Fernanda Alviárez TGI/AMV