TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
TRIBUNAL SUPERIOR DE LO CONTENCIOSO TRIBUTARIO DE LA REGIÓN CENTRO OCCIDENTAL
Barquisimeto, primero de marzo de dos mil cinco.
194º y 146º

Sentencia Interlocutoria N°:024/2005.
ASUNTO: KF01-X-2005-000008.
ASUNTO PRINCIPAL: KP02-U-2004-000106.

Vista la solicitud realizada por el ciudadano JORGE ANDRÉS ROCHA GALÍNDEZ, titular de la cédula de identidad Nº V-3.706.700, procediendo en su carácter de representante legal de la contribuyente COMPAÑÍA ANÓNIMA AGRYCA, inscrita por ante el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy, en fecha 16 de octubre de 1997, bajo N° 11, Tomo 85 – A y reformada en fecha 29 de abril de 2002, bajo el N° 34, Tomo 190 – A, identificada en el Registro de Información Fiscal bajo el N° J- 30482633-8, domiciliada en la Zona Industrial, Avenida Sorte, Chivacoa, Municipio Bruzual del Estado Yaracuy, asistido por los abogados RAFAEL YGNACIO CARVAJAL ORDUZ y ÁNGEL RICARDO MÉNDEZ GUTIÉRREZ, titulares de las cédulas de identidad Nros. V-2.886.744 y 13.774.504, inscritos en el Inpreabogado bajo los números 92.260 y 92.197, respectivamente, cuya actuación consiste en la solicitud de medida cautelar nominada de suspensión de los efectos de la Resolución N° GRTI-RCO-DJT-ARAJ-2003-000194, de fecha 30 de diciembre de 2003, emanada del Gerente de Tributos Internos del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) de la Región Centro Occidental, mediante la cual, se declaró Parcialmente Con Lugar el Recurso Jerárquico ejercido con Recurso Contencioso Tributario subsidiario, en contra de la Resolución Nº SAT-GTI-RCO-600-308, de fecha 02 de abril de 2003.

Corresponde en esta oportunidad analizar y decidir la solicitud de suspensión de los efectos del acto administrativo recurrido, a tenor de lo previsto en el artículo 263 del Código Orgánico Tributario vigente, sin entrar a decidir sobre el fondo del asunto, lo cual, se hará en la definitiva.

Así el artículo 263 del Código Orgánico Tributario, contempla los presupuestos procesales para la suspensión de los efectos, cuya norma prevé lo siguiente:

“Artículo 263: La interposición del Recurso no suspende los efectos del acto impugnado, sin embargo a instancia de parte, el Tribunal podrá suspender parcial o totalmente los efectos del acto recurrido, en el caso que su ejecución pudiera causar graves perjuicios al interesado, o si la impugnación se fundamentare en la apariencia de buen derecho. Contra la decisión que acuerde o niegue la suspensión total o parcial de los efectos del acto procederá recurso de apelación, el cual será oído en el solo efecto devolutivo.
La suspensión parcial de los efectos del acto recurrido no impide a la Administración Tributaria exigir el pago de la porción no suspendida ni objetada.
Parágrafo Primero: En los casos en que no se hubiere solicitado la suspensión de los efectos en vía judicial, estuviere pendiente de decisión por parte del Tribunal o la misma hubiere sido negada, la Administración Tributaria exigirá el pago de las cantidades determinadas siguiendo el procedimiento previsto en el Capítulo II del Título IV de este Código, pero el remate de los bienes que se hubieren embargado se suspenderá si el acto no estuviere definitivamente firme. Si entre los bienes embargados hubieren cosas corruptibles o perecederas, se procederá conforme a lo previsto en el Artículo 538 del Código de Procedimiento Civil.
No obstante, en casos excepcionales, la Administración Tributaria o el recurrente, podrán solicitar al Tribunal la sustitución del embargo por otras medidas o garantías.
Parágrafo Segundo: La decisión del Tribunal que acuerde o niegue la suspensión de los efectos en vía judicial, no prejuzga el fondo de la controversia.
Parágrafo Tercero: A los efectos de lo previsto en este Artículo no se aplicará lo dispuesto en el Artículo 547 del código de Procedimiento civil.” (Subrayado añadido).

Ahora bien, de la norma transcrita se infiere que para la procedencia de la suspensión de los efectos del acto impugnado, debe verificarse el periculum in damni, es decir, el peligro de que la ejecución del fallo pueda causar daños graves o de difícil reparación al interesado y el fumus boni iuris o humo del buen derecho, que consiste en la existencia razonable o fundada del derecho reclamado; de acuerdo a una interpretación literal de la norma pudiera interpretarse que los citados presupuestos son alternativos, sin embargo, la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en fecha 3 de junio de 2004, dictó sentencia respecto a la concurrencia o no de los requisitos de procedencia previsto en el artículo 263 del Código Orgánico Tributario vigente, así la sentencia en referencia expresa que:

“…la sola apariencia del buen derecho no es suficiente para suspender el acto administrativo tributario; sino que además la ejecución del acto administrativo debe causar perjuicios al interesado, peligro éste calificado por el legislador como grave. La apariencia del derecho y el peligro inminente de daño grave en los derechos e intereses del interesado sería lo que, en todo caso, justificaría la suspensión de los efectos del acto administrativo tributario. En cuanto a la posibilidad de acordar la suspensión de los efectos del acto administrativo tributario con la sola verificación del periculum in damni, considera la Sala que tampoco puede aisladamente solicitarse y decretarse, en razón de que carece de sentido que un contribuyente que no tenga la apariencia o credibilidad de la existencia de un buen derecho, pueda alegar que se le está causando un daño grave…al haber quedado evidenciado que ambos enunciados constitutivos del texto legal, a saber, periculum in damni y fumus boni iuris, no se dan en forma completa al analizarse por separado, conforme a lo explicado debe concluirse que ambos forman parte de una unidad, por lo que no puede hablarse, en este caso, de disyunción en la proposición normativa sino de conjunción, ya que dichos enunciados o las partes que la conforman para ser válidos, esto es, verificarse en la realidad, deben verse en forma conjunta, y no sosteniendo que indistintamente la existencia de que cada uno, por separado, es capaz de lograr la consecuencia jurídica del texto legal…esta Sala debe realizar una interpretación correctiva de la norma sobre la base de los razonamientos expresados y, en tal sentido, entender de la referida disposición legal que para que el juez contencioso tributario pueda decretar la suspensión de los efectos del acto administrativo, deben siempre satisfacerse, de forma concurrente, los dos requisitos antes señalado, vale decir, periculum in damni y fumus boni iuris; ello con la finalidad de llevar al convencimiento del juzgador la necesidad de que la medida deba decretarse, para garantizar y prevenir el eventual daño grave, el cual pudiera causarse con la ejecución inmediata del acto administrativo tributario…el juez contencioso tributario debe tener presente que para dictar el decreto cautelar, no bastan las simples alegaciones sobre la apariencia de un derecho, o sobre la existencia de un peligro grave que lesione los intereses del impugnante; sino que dichos requisitos deben acreditarse en el expediente a través de hechos concretos que permitan verificar la certeza del derecho y que el peligro sea grave, real e inminente…”.

La Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, de acuerdo a la citada sentencia, dio por sentado la exigibilidad de la concurrencia en cuanto a los supuestos de procedencia de la suspensión de los efectos del acto administrativo tributario, previstos en el artículo 263 del Código Orgánico Tributario vigente, es decir, que el periculum in damni y el fumus boni iuris, deben darse en forma conjunta, para que el juez contencioso tributario decrete la medida cautelar, en este sentido, quien decide analizará la presente solicitud, conforme al criterio plasmado en la citada sentencia dictada por la Sala Política Administrativa del Máximo Tribunal; en consecuencia se observa:

En cuanto, al Periculum in damni la solicitante expuso que “…se le causaría a mi representada un grave daño que le perjudicaría por el desembolso de una cuantiosa suma de dinero que le afecta en el flujo de su efectivo y en consecuencia su operatividad futura en razón de su situación económica que no escapa a la del país así como la ilusoria ejecución del fallo por parte de la Administración Tributaria dada a la falta de validez de los actos impugnados solicito a este honorable Tribunal conceda el beneficio de la suspensión total de los efectos de los actos recurridos…”, en virtud de lo expuesto, es propio establecer primeramente que, el periculum in damni, se verifica mediante la reunión de las siguientes características:

El daño debe provenir del acto que se impugna,
Ser cierto,
Irreparable o de difícil reparación.

Ahora bien, en el presente caso, la solicitante arguye un daño económico para la contribuyente, sin embargo, no acompaña prueba alguna que permita verificar la conexión entre el daño y la magnitud pecuniaria del reparo, pues es necesario aportar elementos suficientes como documentos contables o estados financieros actualizados de la empresa que permitan presumir que el pago de lo exigido en la resolución impugnada pudiera afectar la capacidad económica de la contribuyente. Asimismo, conforme a lo planteado por la peticionaria, es importante resaltar que de acuerdo a las características del Periculum in damni, no está dada la condición de la certeza, pues no puede tratarse de un daño eventual, futuro o simplemente temido, en consecuencia, tales argumentaciones no son suficientes para la configuración de este presupuesto. Así se declara.

Ahora bien, al no verificarse el cumplimiento del requisito referente al periculum in damni, resulta inoficioso el análisis del supuesto de la apariencia del buen derecho, previsto en el artículo 263 del Código Orgánico Tributario, toda vez que deben acreditarse en forma conjunta, por tal razón, se niega la medida cautelar nominada solicitada. Así se decide.

DECISIÓN
En virtud de las razones expuestas, este Tribunal Superior de lo Contencioso Tributario de la Región Centro Occidental, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NIEGA la solicitud de suspensión de los efectos de la Resolución N° GRTI-RCO-DJT-ARAJ-2003-000194, de fecha 30 de diciembre de 2003, emanada del Gerente de Tributos Internos del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) de la Región Centro Occidental, mediante la cual, se declaró Parcialmente Con Lugar el Recurso Jerárquico, en contra de la Resolución Nº SAT-GTI-RCO-600-308, de fecha 02 de abril de 2003, cuya solicitud fue interpuesta por la contribuyente “COMPAÑÍA ANÓNIMA AGRYCA”, en la oportunidad de la interposición del Recurso Contencioso Tributario, de conformidad con lo previsto en el artículo 263 del Código Orgánico Tributario.

Se ordena librar boleta de notificación con su respectiva copia certificada de la presente decisión interlocutoria al ciudadano Procurador General de la República Bolivariana de Venezuela, de conformidad con lo establecido en el artículo 84 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. Asimismo, notifíquese a los apoderados de la Sociedad Mercantil “COMPAÑÍA ANÓNIMA AGRYCA”, en el domicilio procesal señalado al efecto por la parte recurrente.

Publíquese, regístrese y déjese copia certificada de la presente decisión en el archivo de este Tribunal Superior.

Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Tribunal Superior de lo Contencioso Tributario de la Región Centro Occidental, el día primero (01) del mes de marzo del año dos mil cinco (2005). Años 194º de la Independencia y 146º de la Federación.
El Juez,

Dr. Carlos Amaro Figueredo.

El Secretario,

Abg. Francisco Martínez.

En horas de despacho del día de hoy, primero (01) del mes de marzo del año dos mil cinco (2005), siendo las doce y veinticinco minutos de la tarde (12:25 pm.), se publicó la presente Decisión.
El Secretario,

Abg. Francisco Martínez.
ASUNTO: KP02-U-2004-000106.
CLAF/FM/LA.