REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
Juzgado Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Lara
Barquisimeto, 08 de julio de 2005
195º y 145º

ASUNTO: KP02-R-2005-000717

PARTES EN EL JUICIO:

DEMANDANTE: JULIA JOSEFA LUGO GOMEZ, venezolana, mayor de edad y titular de la cédula de identidad Nº 11.177.517 y de este domicilio.

APODERADOS JUDICIALES DE LA DEMANDANTE: ADELAIDA MALDONADO, JORGE COLOMBET y MANUEL MARTINEZ GRUBER, venezolanos, mayores de edad, inscritos en el inpreabogado bajo los Nº 33.580, 24.481 y 32.648 respectivamente y de este domicilio.

DEMANDADO: QUIN-LARA C.A, sociedad mercantil inscrita ante el registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, en fecha 15 de junio de 1993, bajo el N° 68, tomo 17-A.

APODERADOS JUDICIALES DEL DEMANDADO: MARCO ANTONIO CASTILLO y MARIA ALEJANDRA RODRIGUEZ, venezolanos, mayores de edad, inscritos en el inpreabogado bajo los Nº 58.629 y 90.205 respectivamente y de este domicilio.

MOTIVO: CALIFICACIÓN DE DESPIDO.
SENTENCIA: DEFINITIVA.
ASUNTO Nº KP02-R-2005-000717

I
BREVE RESEÑA DE LOS HECHOS

Se inicia la presente solicitud de calificación de despido, reeganche y pago de salarios caídos interpuesta por la ciudadana JULIA JOSEFA LUGO GOMEZ, venezolana, mayor de edad y titular de la cédula de identidad Nº 11.177.517 y de este domicilio, en contra de QUIN-LARA C.A, sociedad mercantil inscrita ante el registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, en fecha 15 de junio de 1993, bajo el N° 68, tomo 17-A.

En fecha 29 de noviembre de 2004, el Juzgado Primero de Primera Instancia de Juicio en Régimen Procesal Transitorio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Lara declara con lugar la solicitud de calificación de despido, razón por la cual el apoderado judicial de la parte accionada apela de la referida sentencia y el juzgado a-quo oye la apelación en ambos efectos.

Llegado el asunto a este Despacho, se le dio entrada y se fijó oportunidad para la celebración de la audiencia oral, que tuvo lugar en fecha 07 de julio de 2005, en donde se declaró homologado el acuerdo convenido por las partes con fuerza de cosa juzgada.

II
DE LA CONCILIACIÓN

Llegada la oportunidad de exponer los fundamentos de la homologación, esta Superioridad lo hace en los términos que a continuación se expresan:

La conciliación constituye uno de los medios de autocomposición procesal mediante el cual las partes, haciendo mutuas concesiones, pueden poner fin a la controversia existente en cualquier etapa del proceso, al respecto señala nuestro texto constitucional su artículo 258, que la ley promoverá cualquier medio alternativo de resolución de conflictos, en los que destaca la conciliación y el arbitraje.

En efecto, la consagración constitucional de los medios alternativos de resolución de conflictos obedece a la necesidad latente en nuestro sistema de justicia, de solventar las controversias intersubjetivas a través de vías más expeditas y económicas, cuya implementación, dentro o fuera del proceso, abre otras puertas al justiciable para lograr la satisfacción y tutela de sus derechos e intereses y permite el descongestionamiento de los tribunales ordinarios.

La Ley Orgánica Procesal del Trabajo, en su artículo 6 consagra la facultad del juez para la aplicación de medios alternativos de resolución de conflictos en los términos siguientes:

´´El Juez es el rector del proceso y debe impulsarlo personalmente, a petición de parte o de oficio, hasta su conclusión. A este efecto, será tenida en cuenta también, a lo largo del proceso, la posibilidad de promover la utilización de medios alternativos de solución de conflictos, tales como la conciliación la mediación y arbitraje. Los jueces que han de pronunciar la sentencia deben presenciar el debate y la evacuación de las pruebas, de las cuales obtienen su convencimiento…..´´


Ahora bien, en materia laboral, la conciliación se logra como resultado de la mediación, considerando que ésta última es labor principal del Juez de Sustanciación, Mediación y Ejecución, lo que ha llevado a la adoctrina a sostener que la mediación funge dentro del proceso laboral como una “transacción asistida”, pues corresponde al juez indicar concretamente los puntos de coincidencia de las partes y conducirlos a proponer formas de arreglo que resulten ventajosas y seguras para ambas, sin adelantar opinión sobre el fondo del juicio y sin comprometer su autonomía e imparcialidad.

Sin embargo, la mediación no es una función exclusiva y excluyente del Juez de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo, por el contrario, todos los jueces laborales deben actuar en procura de ello y así lo ha sostenido el ilustre procesalista Henríquez La Roche cuando señala que aún y cuando es facultad expresa que el Juez de Sustanciación Mediación y Ejecución, es quien debe mediar, nada impide que un juez de juicio, superior o la misma Sala procure un avenimiento entre las partes.

En cualquier instancia y grado del proceso antes de la sentencia debe procurarse una conciliación entre las partes, no excluyéndose a esta superioridad, una vez que las partes convengan de mutuo acuerdo en una transacción; es deber del juez verificar la capacidad de las partes para disponer del proceso.

Establecido lo anterior, esta Superioridad debe en primer término verificar la capacidad de las partes que desean celebrar la transacción con el fin de ponerle fin a la controversia, en aras de dar cumplimiento a la sentencia proferida por la Sala Constitucional en fecha 21 de Enero de 2000, con ponencia del Magistrado José M Delgado Ocando:

“…En primer término, debe esta Sala precisar que la homologación de una transacción es el acto por el cual el juez imparte su aprobación al contrato bilateral por el que las partes, mediante recíprocas concesiones, terminan –en el caso de autos- un litigio pendiente; es decir, los efectos procesales de la transacción no se producen sino a partir de la referida homologación, por lo que sólo desde ese momento puede hacerse referencia a la fuerza de cosa juzgada que tiene entre las partes. La gravedad de ello, por tanto, obliga a la verificación de la capacidad de las partes para disponer del proceso, y, muy especialmente, de los abogados que como apoderados las representen, por parte de la autoridad, jurisdiccional a la cual competa impartir tal aprobación.”


Sobre la base de lo anterior, debe esta Alzada pronunciarse sobre la capacidad de las partes para transar, a cuyo efectos debe proceder al examen de las actas procesales, en cuanto a la capacidad para actuar del apoderado judicial de la parte actora, ciudadano MANUEL TOMAS MARTINEZ GRUBER, venezolano, mayor de edad, abogado en ejercicio e inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 1.060 y de este domicilio, corre inserto al folio 4 de la presente causa, poder apud acta que le fuera otorgado en fecha 5 de noviembre de 2001, por la ciudadana JULIA JOSEFA LUGO GOMEZ, venezolana, mayor de edad y titular de la cédula de identidad Nº 11.177.517 y de este domicilio, actuando en su carácter de parte actora. En el ejercicio de este poder, se encuentra facultado para desistir, transigir, convenir, entre otras. Así se declara

Con respecto a la capacidad para actuar del ciudadano MARCO ANTONIO CASTILLO ACOSTA, abogado en ejercicio, venezolano, mayor de edad, inscrito en el I.P.S.A. bajo el Nº 58.629; corre inserto a los folios 24 y siguiente de la presente causa, poder notariado que le fuera conferido, en fecha 15 de febrero de 2002, por ante la Notaria Pública Tercera de Barquisimeto Estado Lara, por el ciudadanos DELIA ISABEL QUINTERO LARA y LUIS JOSE QUINTERO QUINTANILLA, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad N° 12.417.941 y 17.145.941 respectivamente y de este domicilio, en su carácter de Director Gerente y Suplente, respectivamente de la sociedad mercantil QUIN-LARA C.A, sociedad mercantil inscrita ante el registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, en fecha 15 de junio de 1993, bajo el N° 68, tomo 17-A, parte accionada en el presente procedimiento. En el ejercicio de este poder, se encuentra facultado para desistir, transigir, convenir, entre otras. Así se declara

Establecida la capacidad de las partes para transar, durante el desarrollo de la audiencia esta Superioridad instó a una conciliación entre las partes, lo que trajo como resultado que las partes de mutuo acuerdo convinieron en: El representante de la empresa demandada propone a al abogado de la parte actora, por los concepto reclamados en el libelo de la demanda, la cantidad de CINCO MILLONES QUINIENTOS MIL (Bs. 5.500.000,oo), que serán honrados de la siguiente forma: Una PRIMERA PARTE, por la cantidad de Bs. 2.000.000,oo que será pagada el día 14 de julio del año en curso. Posteriormente, el saldo restante, por la cantidad de TRES MILLONES QUINIENTOS MIL BOLÍVARES, serán cancelados en CUATRO CUOTAS, iguales y consecutivas por la cantidad de Bs. 875.000,oo, los días 28 de julio, 11 de agosto, 25 de agosto y 08 de septiembre de 2005. Todos estos pagos se materializarán en efectivo o cheque a nombre del trabajador y de los mismos deberá dejarse constancia en el expediente, se encuentre en esta instancia o en su tribunal de origen. Queda entendido que el pago antes descrito, incluye los conceptos causados por salarios caídos, así como las prestaciones sociales y demás indemnizaciones, tales como antigüedad, vacaciones, bono vacacional, utilidades, bono vacacional fraccionado, vacaciones fraccionadas, utilidades fraccionadas, indemnizaciones establecidas en el artículo 125 de la Ley Orgánica del Trabajo, horas extras, días feriados, domingos y demás conceptos que le correspondieren al reclamante por la extinción de la relación de trabajo que le unió con la demandada, quedando igualmente establecido que el salario base de cálculo para los pagos descritos, es de Bs. 4.840,oo.

En este estado, el representante de la parte actora, expone: “acepto la propuesta de pago formulada por el representante legales de la empresa accionada, solicitando que se declare la finalización del proceso y la terminación del mismo, una vez se materialicen los pagos antes expuestos.

Por consiguiente, ante la conformidad de las partes y respetando los términos fijados en la autocomposición procesal supra descrita, esta Superioridad imparte su aprobación y en consecuencia, declara homologado el acuerdo de conformidad con el artículo 3 de la Ley Orgánica del Trabajo, el artículo 10 del Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo, en concordancia con el artículo 255 del Código de Procedimiento Civil y el artículo 1713 del Código Civil Venezolano, impartiéndole el valor de cosa juzgada

III
D E C I S I O N

En virtud de las consideraciones expuestas previamente, este JUZGADO SUPERIOR DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO LARA, administrando Justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara: HOMOLOGADO la transacción celebrada entre los abogados MARCO CASTILLO, venezolano, mayor de edad, inscrito en inpreabogado bajo el Nº 58.629 y de este domicilio, en su condición de apoderado judicial de la parte demandada QUIN-LARA C.A, sociedad mercantil inscrita ante el registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, en fecha 15 de junio de 1993, bajo el N° 68, tomo 17-A y el ciudadano MANUEL MARTINEZ, venezolano, mayor de edad, inscrito en inpreabogado bajo el Nº 1.060 y de este domicilio, en su condición de apoderado judicial de la ciudadana JULIA JOSEFA LUGO GOMEZ, venezolana, mayor de edad y titular de la cédula de identidad Nº 11.177.517 y de este domicilio, parte actora en el presente procedimiento. Las partes de mutuo acuerdo convinieron en: El representante de la empresa demandada propone a al abogado de la parte actora, por los concepto reclamados en el libelo de la demanda, la cantidad de CINCO MILLONES QUINIENTOS MIL (Bs. 5.500.000,oo), que serán honrados de la siguiente forma: Una PRIMERA PARTE, por la cantidad de Bs. 2.000.000,oo que será pagada el día 14 de julio del año en curso. Posteriormente, el saldo restante, por la cantidad de TRES MILLONES QUINIENTOS MIL BOLÍVARES, serán cancelados en CUATRO CUOTAS, iguales y consecutivas por la cantidad de Bs. 875.000,oo, los días 28 de julio, 11 de agosto, 25 de agosto y 08 de septiembre de 2005. Todos estos pagos se materializarán en efectivo o cheque a nombre del trabajador y de los mismos deberá dejarse constancia en el expediente, se encuentre en esta instancia o en su tribunal de origen. Queda entendido que el pago antes descrito, incluye los conceptos causados por salarios caídos, así como las prestaciones sociales y demás indemnizaciones, tales como antigüedad, vacaciones, bono vacacional, utilidades, bono vacacional fraccionado, vacaciones fraccionadas, utilidades fraccionadas, indemnizaciones establecidas en el artículo 125 de la Ley Orgánica del Trabajo, horas extras, días feriados, domingos y demás conceptos que le correspondieren al reclamante por la extinción de la relación de trabajo que le unió con la demandada, quedando igualmente establecido que el salario base de cálculo para los pagos descritos, es de Bs. 4.840,oo.

En este estado, el representante de la parte actora, expone: “acepto la propuesta de pago formulada por el representante legales de la empresa accionada, solicitando que se declare la finalización del proceso y la terminación del mismo, una vez se materialicen los pagos antes expuestos.

Ahora bien, visto el acuerdo satisfactorio a que han llegado las partes, esta Superioridad, en aplicación de los medios alternativos de resolución de conflictos, como principio contemplado en la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, administrando Justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley HOMOLOGA el acuerdo antes descrito.

En consecuencia, le imparte el valor de COSA JUZGADA y ordena la inmediata devolución del expediente a su Tribunal de origen.

Expídase copia certificada de la presente sentencia para ser agregada al Libro respectivo, conforme a lo dispuesto en el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil.

Publíquese, regístrese y bájese oportunamente el expediente al Tribunal de la causa.

Dada, firmada, sellada y refrendada en la Sala de Despacho del Juzgado Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, en Barquisimeto, a los ocho días (08) del mes de julio del año dos mil cinco.

Años: 195º de la Independencia y 146º de la Federación.

El Juez Titular, La Secretaria,

Dr. Danny Paúl Ortiz Rodríguez Abog. Rosalux Galíndez

En igual fecha y siendo las 10:00 a.m. se publicó y se expidió copia certificada conforme a lo ordenado en el artículo 159 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.
La Secretaria,

Abog. Rosalux Galíndez