REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA CIRCUITO JUDICIAL PENAL CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO LARA Tribunal de Control Barquisimeto, 05 de Enero del 2005 Años: 194º y 145º ASUNTO PRINCIPAL: KP01-O-2005-000002 Vista la solicitud de Habeas Corpus interpuesta por el Ciudadano DOMINGO MONTES DE OCA, venezolano, Abogado en ejercicio, actuando en su carácter de Defensor Delegado del Pueblo del Estado Lara, según resolución N° DP-2001-066, de fecha 12 de junio del 2001, en el que solicita se expida MANDAMIENTO DE HABEAS CORPUS a favor de los ciudadanos JUNIOR JOSE SALAZAR NIEVES, RICHARD ALONSO ROJAS CAMPOS, JOSE ALEXANDER MOGOLLON y JOSE GREGORIO PERDOMO, indocumentados, quienes se encuentran detenidos en la Comandancia de las Fuerzas Armadas Policiales del Estado Lara, a la orden de la Gobernación del Estado Lara, por lo que se ORDENO ABRIR LA CORRESPONDIENTE AVERIGUACION SUMARIA, y se solicitó información al Comandante de las Fuerzas Armadas Policiales del Estado Lara, este Tribunal a los fines de decidir observa: PRIMERO: Se inicio el presente recurso mediante escrito presentado por el ciudadano Abg. Domingo Montes de Oca, en el que solicitó se expida MANDAMIENTO DE HABEAS CORPUS, del supra mencionado ciudadano, manifestando que los ciudadanos JUNIOR JOSE SALAZAR NIEVES, RICHARD ALONSO ROJAS CAMPOS, JOSE ANTONIO ROJAS RODRIGUEZ y EDGAR HOMERO VALDEZ, indocumentados, se encuentran detenidos en la Comandancia de las Fuerzas Armadas Policiales del Estado Lara. SEGUNDO: En fecha 04-01-05, fue admitido el Recurso de Habeas Corpus, ordenándose aperturar la investigación sumaria conforme lo establece el Artículo 41 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales, ordenándose oficiar a la Comandancia de las Fuerzas Armadas Policiales del Estado Lara, a los fines de que informara sobre los motivos de la privación de libertad de los mencionados ciudadanos. TERCERO: En fecha 05-01-05 se recibió Oficio P.E.L/CD/ No. 0040, emanado de las Fuerzas Armadas Policiales del Estado Lara, informando que los ciudadanos JUNIOR JOSE SALAZAR NIEVES, RICHARD ALONSO ROJAS CAMPOS, JOSE ANTONIO ROJAS RODRIGUEZ y EDGAR HOMERO VALDEZ, indocumentado, ingresaron a ese Recinto Policial el día 30/12/04, los cuales fueron detenidos por funcionarios de la Comisaría 70 de la Fuerzas Armadas Policiales. El caso que motiva la presente acción de Amparo Constitucional (Habeas Corpus), es obvio que la detención de los ciudadanos JUNIOR JOSE SALAZAR NIEVES, RICHARD ALONSO ROJAS CAMPOS, JOSE ANTONIO ROJAS RODRIGUEZ y EDGAR HOMERO VALDEZ, fue motivada por la comisión de alguna falta de las previstas en el Código de Policía del Estado Lara, específicamente, la contenida en el artículo 95., es entonces evidente que se está ante un supuesto distinto al de la detención preventiva, en razón de que la detención de los ciudadanos no está preordenada a un proceso penal y la misma se ha prolongado por un tiempo que excede en demasía al legalmente establecido para este tipo de detenciones (la preventiva). Se trata en cambio, de una detención policial autónoma, acordada al margen de un proceso penal, lo cual acrecienta sobremanera los poderes policiales. Una detención policial de estas características no deja de suscitar serias dudas respecto de su licitud, sobre todo desde la perspectiva del principio de la reserva judicial o de reserva de jurisdicción. La policía no puede detener en ningún caso en el que el juez no pudiera detener. Se trata, por lo demás, de medidas cuya eficacia real como instrumento de lucha contra la criminalidad es muy dudosa, y cuyo propósito primordial es crear en ciertos sectores de la sociedad la sensación de que está siendo garantizada la seguridad pública. Pudiera existir un estado de opinión conforme al cual ciertas actuaciones policiales restrictivas de derechos, pese a no ser defendibles desde las coordenadas de un Estado de libertades, son convenientes y deben mantenerse, aunque se sitúen al margen de la ley. Pero al allanar el camino de esta idea, se quebrantaría el principio democrático, pues se delega a las instancias policiales y ejecutivas la decisión sobre las medidas que, aun limitando derechos fundamentales, deben ser adoptadas para mantener la seguridad pública. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su artículo 44 Ordinal 1º establece: “ninguna persona puede ser arrestada o retenida sino en virtud de una orden judicial, a menos que sea sorprendida infraganti, en este caso será llevado ante la autoridad judicial en un tiempo no mayor de cuarenta y ocho (48) horas a partir del momento de la detención. Será juzgada en libertad, excepto por las razones determinadas por la ley y apreciadas por el Juez o Jueza en cada caso”. El Hábeas Corpus se ha concebido como una figura para preservar la Libertad y la Seguridad Personal y el uso de ese Recurso Procesal se ha reservado para preservar la Libertad del ser humano y por lo cual el legislador en la estructura de la Ley estableció un Procedimiento sumarísimo y expedito a objeto de reestablecer la situación jurídica infringida en la persona que se encuentra privada de Libertad, determinándose por consiguiente que si de la averiguación sumaria practicada al respecto surge que la detención carece de fundamento legítimo, bien por que fue dictada por un órgano incompetente o por que en la misma no se cumplieron los tramites y formalidades legales; es obligación del Juzgador aplicar y acordar seguidamente un mandamiento de Libertad del afectado, obligación esta que surge como un mandato Constitucional y siempre y cuando no se hayan cumplido los requisitos establecidos en la ley. Aquí vemos la preocupación del Legislador por aquel que ha perdido su Libertad, y su deseo de que pueda recobrarla de inmediato y a la vez se subsanen lo antes posible los errores cometidos, por ser esta ley de Orden público. En el caso sub-examine se está ante una privación de la libertad que bajo ningún aspecto se adecua a las normas constitucionales, así como a los postulados admitidos en los Convenios Internacionales suscritos por la República, considerando que la detención de los ciudadanos JUNIOR JOSE SALAZAR NIEVES, RICHARD ALONSO ROJAS CAMPOS, JOSE ANTONIO ROJAS RODRIGUEZ y EDGAR HOMERO VALDEZ, efectuada por los funcionarios policiales adscritos al las Fuerzas Armadas Policiales, no fue ordenada, ni efectuada al momento de la comisión de un flagrante delito, en cuyos casos debe procurarse dentro del tiempo constitucionalmente establecido, un pronunciamiento judicial, lo cual se traduce en que ha de solicitarse inmediatamente la intervención del juez competente. De tal suerte, es forzoso concluir que la detención del ciudadano a favor de quien se interpone la acción de amparo, fue practicada al margen de los preceptos constitucionales y, por ende, se traduce en ilícita, esto es, en una privación ilegítima de la libertad. En consecuencia, este Tribunal estima procedente y ajustado a derecho la expedición de un MANDAMIENTO DE HABEAS CORPUS a favor de los ciudadanos JUNIOR JOSE SALAZAR NIEVES, RICHARD ALONSO ROJAS CAMPOS, JOSE ANTONIO ROJAS RODRIGUEZ y EDGAR HOMERO VALDEZ, ordenando su inmediata libertad, y así se resuelve. DISPOSITIVA Por todas las razones anteriormente expuestas, este Tribunal de Control No. 4, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por la autoridad que le confiere la Ley Declara Con Lugar el Recurso de Habeas Corpus, a favor de los ciudadanos JUNIOR JOSE SALAZAR NIEVES, RICHARD ALONSO ROJAS CAMPOS, JOSE ANTONIO ROJAS RODRIGUEZ y EDGAR HOMERO VALDEZ, de conformidad con las disposiciones contenidas en los Artículos 23, 26 y 27 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con los Artículos 1, 2 38 y 39 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales. En relación al ciudadano José Alexander Mogollón, se deja constancia que en fecha 03/01/01 se aperturó averiguación el cual se ordenó su libertad. Líbrese la correspondiente Boleta de Libertad. Notifíquese de la Decisión al Fiscal Vigésimo Primero del Ministerio Publico del Estado Lara y al Defensor Delegado del Pueblo. Consúltese esta decisión a la Corte de Apelaciones de este Circuito Judicial en su oportunidad legal y conforme al artículo 43 de La Ley Orgánica sobre Garantías y Derechos Constitucionales. Publíquese. Cúmplase. LA JUEZA DE CONTROL Nº 4 ABG. LAURA ELIZABETH ADAMS CAMACHO EL SECRETARIO