REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA


PODER JUDICIAL

Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito de la Circunscripción Judicial del Estado Lara
Barquisimeto, doce de abril de dos mil cinco
194º y 146º

ASUNTO : KP02-S-2005-003039


Vista la solicitud presentada por La Ciudadana SONIA GUILLERMINA DIAZ PEREZ, Venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No. 19.053.982 y de este domicilio, asistido del abogado Alí O. Granado. IPSA No. 61.361, donde manifiesta se le conceda titulo supletorio de dominio sobre unas bienhechurías que construyó a expensas propias con dinero de su propio peculio, ubicadas en el Kilómetro 8, Vía Pavia Abajo, Sector La Virgen, Parroquia Juan de Villegas, Municipio Iribarren, Estado Lara, sobre un lote de terreno Comunero que mide 1.050,00 M2. ; alinderadas de la siguiente manera NORTE: Con Calle 5 ; SUR: Con Bienhechurías de MARLENE AGUILAR ; ESTE: Con ALIRIO ROSENDO Y OESTE: Con RICARDO RODRÍGUEZ. Dichas bienhechurías consisten en Una Casa de paredes de bahareque, piso de cemento y techo de zinc, cercada en alambre de púas y estantillos de madera, consta de una habitación, baño, lavadero. El valor invertido es la cantidad de UN MILLONES DE BOLÍVARES ( Bs. 1.000.000,00 ), y teniéndose presentes las declaraciones de los testigos JOSE CHAVIEL Y MARLENI AGUILAR Titulares de las cédulas de identidad Nos. 15.025.160 Y 13.197.062 respectivamente, éste Tribunal administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, especialmente por los artículos 936 y 937 del Código de Procedimiento Civil y dejando a salvo los derechos que terceras personas puedan tener aprueba la mencionada Justificación y le DECLARA TITULO SUPLETORIO DE POSESIÓN Y DOMINIO a favor de La Ciudadana SONIA GUILLERMINA DIAZ PEREZ ya identificada en las bienhechurías antes descritas en el presente decreto, el cual no podrá ser registrado sin la autorización del propietario del terreno sea un ente público o privado, conforme al acuerdo del primero de abril de 1970, dictado por la Corte Suprema de Justicia en la Sala Político Administrativa, devuélvanse las actuaciones a la parte interesada.-

La Juez


Tamar Granados Izarra
La Secretaria


María Fernanda Alviárez


TGI/AMV.