REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER JUDICIAL Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito de la Circunscripción Judicial del Estado Lara Barquisimeto, veinticinco de abril de dos mil cinco 195º y 146º ASUNTO : KP02-F-2005-000124 DEMANDANTE: JENNYS DEL CARMEN GARCIA DE GOMEZ, JAZMIN LUCRECIA GARCIA DE LOPEZ y JANETH COROMOTO GARCIA VARGAS.- DEMANDADOS: YOHAMNT AMELIA GARCIA MEDINA, YOLEYHEMMA MARIA GARCIA MEDINA, las menores JINMARY YOHAMNT y JEIMY JOSSELYN GARCIA DIAS, representados por su madre MARIELA DIAZ y los menores MARIA LUCRECIA GARCIA PEREZ y PAUSIDES ANTONIO GARCIA PEREZ, representados por su madre ZENAIDA PEREZ.- MOT: PARTICION (DECLINATORIA) Revisadas las actas procesales que conforman la presente demanda por PARTICION y siendo que de las mismas se desprende la existencia de cuatro (4) menores el Tribunal observa: En Venezuela, conforme a lo ordenado en el artículo 4 de la Convención sobre los Derechos del Niño, se ha adoptado una medida legislativa para dar efectividad de los derechos allí reconocidos, y para ello el 02 de Octubre de 1998, se promulgó la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente. Así, el deber del Estado Venezolano para proteger a los niños, niñas y adolescentes por medio de órganos especializados, encuentra desarrollo Constitucional en el artículo 78; por lo que a partir de abril de 2000, con la entrada de vigencia de la Ley Orgánica Para la Protección del Niño y del Adolescente (en adelante LOPNA), adquiere característica de derecho fundamental inherente a los sujetos menores de dieciocho años intervinientes en un proceso judicial, el que intervenga su juez natural. En ese sentido, conforme lo ordenado el artículo 680 de la LOPNA, su aplicación es “inmediata”, “aún en los procesos que se hallaren en curso”, por lo que mal puede pensarse en una ultra-actividad de la Ley adjetiva ordinaria civil para este proceso, la cual solo aplica excepcionalmente en las causas penales cuando se beneficie al reo, bien para la aplicación de penas, bien para la estimación de pruebas ya evacuadas, por mandato expreso contenido en el artículo 24 de la Carta Política Fundamental. En ese sentido el artículo 1 del Código de Procedimiento Civil, expresa: “La Jurisdicción Civil, salvo disposiciones especiales de la Ley, se ejerce por los jueces ordinarios de conformidad con las disposiciones de este Código…(omissis)” (subrayado propio) Por su parte el artículo 3, eiusdem, es del tenor siguiente: “La jurisdicción y la competencia se determina conforme a la situación de hecho existente para el momento de la presentación de la demanda, y no tiene efecto de ellas los cambios posteriores de dicha situación, salvo que la Ley disponga otra cosa”. (subrayado propio) En cuanto el inciso 1º del artículo 2 de la Convención Sobre los Derechos del Niño, a la letra expresa: “Los Estados Partes respetarán los derechos enunciados en la presente Convención y asegurarán su aplicación a cada niño sujeto a su jurisdicción … (omissis).” (subrayado propio) Entonces, en una interpretación deontológico de las precitadas normas, esto es subsumiendo la situación de hecho a la previsión de la norma (adaptando lo que es al debe ser), lo que precisa de la Hermenéutica jurídica, quien juzga, considera que si bien se tiene jurisdicción no se tiene competencia, como es sabido ésta es la medida de aquélla. De lo anterior se colige que existe una observación inmediata de las normas contenidas en la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, ya que si bien se tiene Jurisdicción Civil, no se tiene la competencia especializada a que alude el literal “a”) del Parágrafo Primero del Artículo 177 eiusdem en relación con el artículo 173 ibídem, por ventilarse una pretensión en la que debe asegurarse el interés superior de los menores JINMARY YOHAMNT, JEIMY JOSSELYN GARCIA DIAZ, MARIA LUCRECIA GARCIA PEREZ y PAUSIDES ANTONIO GARCIA PEREZ. Por las razones antes expresadas este Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito del Estado Lara, Administrando Justicia en Nombre de la República y por Autoridad de la Ley, DECLINA LA COMPETENCIA, para el conocimiento de la presente causa en el Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente. Publíquese, regístrese y remítase con oficio. LA JUEZ: ABG. PATRICIA CABRERA MANFREDI LA SECRETARIA ACC: ABG. MARIA M. MEDINA Seguidamente se publicó a las 2:00 p.m