REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA EN SU NOMBRE TRIBUNAL DE PROTECCIÓN DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO LARA Solicitantes de homologación: CRISTINA LEONOR ZAMBRANO PÁRRAGA y EMIL ROLANDO MORILLO VÁSQUEZ, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad N°s E-82-025.404 y V-11.428.158 y de este domicilio. Beneficiaria: Identificación omitida dando cumplimiento al artículo 65 de la LOPNA . Motivo: Homologación de Alimentos En fecha 15 de Abril de 2005, los ciudadanos CRISTINA ZAMBRNO y EMIL MORILLO, ya identificados, suscribieron acuerdo alimentario ante la Fiscalía Decimocuarta del Ministerio Público de esta Circunscripción Judicial, en beneficio de su hija Identificación omitida dando cumplimiento al artículo 65 de la LOPNA , cuya partida de nacimiento riela al folio 2 del expediente. Con las actuaciones narradas, toca a esta Juzgadora dictar el pronunciamiento respectivo, previas las consideraciones siguientes: Primero: El artículo 365 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, define la obligación alimentaria como un contenido de la Patria Potestad, la cual le compete a los padres en proveer todo lo relativo al sustento, vestido, habitación, educación, cultura, asistencia y atención médica, medicinas, recreación y deportes requeridos por el niño o adolescente que, en su condición de hijo, al no haber alcanzado su mayoría de edad, debe ser provisto en la satisfacción de sus necesidades fundamentales para su desarrollo integral. La obligación alimentaria se constituye como un deber prioritario, fundamental, constitucional y supraconstitucional que deben cumplir los padres respecto de sus hijos en desarrollo; visto que no puede concebirse la idea de engendrar un ser humano, destinarlo a nacer para posteriormente desproveerlo de la satisfacción de sus necesidades y privarlo así, del goce y disfrute de un buen estado de salud física, moral e intelectual que lo conduzca a un ser pleno y apto para vincularse al mundo que lo circunda y del cual es parte. En nuestra República, la obligación alimentaria es garantizada y protegida en toda su extensión por el Estado a través de distintos órganos sean jurisdiccionales, administrativos o sociales; se soslaya en la voluntad de preservar, socorrer y hacer cumplir este derecho ineludible e intransigible. El abrigo que propenden las leyes nacionales e internacionales sobre la materia sólo se fundamentan en principios de igualdad, fraternidad, solidaridad, equidad y justicia que merece todo ser humano en crecimiento, partiendo de la idea de que éstos sujetos por su condición no pueden auto garantizarse la provisión adecuada y propia de sus recursos, por lo cual dicha atención se traslada por deber natural a los padres. De la misma manera, para determinar la obligación alimentaria se requiere, según lo dispuesto en el artículo 366 de la referida norma, que sea determinada la filiación legal o judicialmente. En el caso bajo análisis, la filiación existente entre los niños y los padres biológicos de estos quedó plenamente comprobada con la copia de la partida de nacimiento, agregada a los folios 2 y 3 de este expediente. Este Juzgado, atendiendo a la comprobatoria documental preliminar y al acto de reconocimiento que obra en su contenido, señala que no tiene nada que referir sobre este particular, visto que con las partidas de nacimiento agregadas se demuestra claramente la relación filiatoria que une a las partes, y por ende generadora de obligación alimentaria a la cual se contraen los ciudadanos CRISTINA ZAMBRANO y EMIL MORILLO, en su condición de padres biológicos de la niña identificada. De las partidas de nacimiento, se observa la existencia física de los niños de autos en la vida civil; surgiendo de ellas la competencia que tiene esta Sala para conocer la causa. Tienen pleno valor probatorio, siendo vinculantes para la determinación de la filiación que relaciona a las partes dando lugar a la procedencia de la obligación alimentaria. Se estiman de conformidad con lo establecido en los artículos 1359 y 1360 del Código Civil. Segundo: En el presente caso, podemos observar que las partes acudieron a la Fiscalía del Ministerio Público, en la búsqueda de una solución amistosa, permitiendo que el resultado de la disputa emerja de las partes, utilizando para ello uno de los medios alternativos de solución de conflictos, como es la conciliación. Cabe destacar, que los mecanismos alternos de resolución de conflictos han sido reconocidos constitucionalmente como integrantes del sistema de justicia en nuestra Constitución de 1.999; y asimismo, se encuentran consagrados en la Ley especial que regula nuestra materia. La conciliación puede definirse como un sistema de negociación asistida, mediante el cual las partes involucradas en un conflicto con la intervención de un tercero, logran superar la problemática; y éste facilita el entendimiento entre ellos, con el único fin que surja de ellos la solución al mismo; lo cual conlleva a que las partes se sientan favorecidas con dicho acuerdo, manteniendo el principio ganar/ganar, tal como se contempla en el artículo 258 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Tercero: En el caso bajo estudio, los ciudadanos CRISTINA ZAMBRANO y EMIL MORILLO, plenamente identificados, acuden ante la Fiscalía Decimocuarta del Ministerio Público de esta Circunscripción Judicial, a los fines de suscribir acuerdo conciliatorio en beneficio de su hija Identificación omitida dando cumplimiento al artículo 65 de la LOPNA , el cual se planteó en los términos siguientes: “1. El padre suministrará por concepto de obligación alimentaria en beneficio de su hija, la cantidad de Cuarenta Mil Bolívares quincenales (Bs. 40.000,oo), los cuales serán depositados en una cuenta de ahorros que aperturará la madre a nombre de su hija, siendo ella la encargada de retirar dichos depósitos. 2. Los gastos médicos y medicinas serán realizados de manera compartida. 3. El padre comprará ropa y calzado dos veces al año en beneficio de su hija. 4. En el mes de Diciembre el padre comprará la ropa, calzado y regalos navideños a su hija. 5. La obligación alimentaria comenzará a cumplirse a partir de la presente fecha”. Delimitadas las anteriores consideraciones, corresponde a esta Juzgadora decidir. En mérito a las anteriores consideraciones, este Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, y a tenor de lo establecido en los artículos 315 y 375 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, HOMOLOGA el acuerdo suscrito por los ciudadanos CRISTINA LEONOR ZAMBRANO PÁRRAGA y EMIL ROLANDO MORILLO VÁSQUEZ. Téngase el acuerdo homologado como sentencia firme, haciendo saber a las partes de la presente causa que el mismo puede ser modificado posteriormente según las necesidades de los beneficiarios. En consecuencia: “1. El padre suministrará por concepto de obligación alimentaria en beneficio de su hija, la cantidad de Cuarenta Mil Bolívares quincenales (Bs. 40.000,oo), los cuales serán depositados en una cuenta de ahorros que aperturará la madre a nombre de su hija, siendo ella la encargada de retirar dichos depósitos. 2. Los gastos médicos y medicinas serán realizados de manera compartida. 3. El padre comprará ropa y calzado dos veces al año en beneficio de su hija. 4. En el mes de Diciembre el padre comprará la ropa, calzado y regalos navideños a su hija. 5. La obligación alimentaria comenzará a cumplirse a partir de la presente fecha”. Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho N° 3 del Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Lara en Barquisimeto, el 22 de Abril de 2005. Años: 195° y 146°. LA JUEZ DE JUICIO N° 3 LA SECRETARIA, Abog. CARMEN ELVIRA MORENO A. Abog. MARIÉLITA IDROGO O. CEMA/MI/hnm Asunto KP02-Z-2005-004529 Obligación Alimentaria.