REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

TRIBUNAL CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIONES DE JUICIO. EXTENSIÓN BARQUISIMETO.

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA EN SU NOMBRE JUZGADO CUARTO DE JUICIO CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO LARA Barquisimeto, 28 de Octubre de 2004 Años: 194° y 145° ASUNTO PRINCIPAL: KPO1-P-2003-811 Vista la solicitud de Revisión de Medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad decretada en contra de los ciudadanos ROGER ALEXANDER GIMENEZ NOGUERA y JUNIOR MANUEL IBARRA a tenor de lo dispuesto en los artículos 250 y 251 del Código Orgánico Procesal Penal, efectuada por la Defensa Técnica del mismo, este Tribunal observa: A los precitados encausados les fue decretada Medida Privativa de Libertad a tenor de lo dispuesto en los artículos 250 y 251 del Código Orgánico Procesal Penal, como presuntos autores de los punibles de Asalto a Unidad de Transporte Público y Porte Ilícito de Arma de Fuego, previstos y sancionados en los artículos 358 y 278 ambos del Código Penal, quedando el mismo a las órdenes de este Juzgado en el Centro Penitenciario de la Región Centro Occidental. Alega la Defensa del imputado en el escrito presentado al Tribunal que con ocasión de los sucesos acaecidos en el Centro Penitenciario de la Región Centro Occidental, se hace procedente el decreto de una Medida Cautelar Menos Gravosa mientras se decide la suerte y fecha de las fases procesales subsiguientes. Ahora bien, esta Juzgadora tomando en consideración los alegatos de la Defensa Técnica considera: 1.- Efectivamente, nuestro Código Orgánico Procesal Penal consagra como uno de los Principios y Garantías Procesales del sistema penal venezolano, la Afirmación de Libertad, según el cual las disposiciones que autorizan preventivamente la privación o restricción de la libertad o de otros derechos del imputado o su ejercicio, tienen carácter excepcional, solo podrán ser interpretadas restrictivamente, y su aplicación debe ser proporcional a la pena o medida de seguridad que pueda ser impuesta en la definitiva, principio éste que debe necesariamente concatenarse con el Estado de Libertad y Proporcionalidad señalados en los artículos 243 y 244 de la citada norma adjetiva vigente, en los que se indica la excepcionalidad de la privación de libertad y su procedibilidad cuando las demás medidas cautelares sean insuficientes para asegurar las finalidades del proceso, así como las circunstancias que deben tomar en cuenta los operadores de justicia para decretarla y las cuales no pueden sobrepasar la pena mínima prevista para cada delito, ni exceder del plazo de dos años. En tal sentido, estima esta Juzgadora que los fundamentos alegados por la defensa Técnica para realizar la solicitud de sustitución de medida, en nada desvirtúan la presunción de fuga tomada en cuenta por este Tribunal para mantener la medida de coerción personal impuesta según auto de fecha 13/09/04, y si bien es cierto esta Juzgadora considera que los sucesos ocurridos en el Centro Penitenciario de la Región Centro Occidental son lamentables en extremos, ello no es fundamento para sustituir la medida privativa de libertad toda vez que se ha logrado sofocar cualquier anormalidad en el desarrollo de la situación diaria del penal. Igualmente, indica el principio de proporcionalidad de las medidas de coerción personal (privativas y menos gravosas), que las mismas no pueden sobrepasar la pena mínima prevista para el delito, ni exceder del plazo de dos años (cuando la pena sea igual o inferior a este lapso), además contempla la posibilidad de prorrogar su vigencia cuando de manera excepcional concurran circunstancias graves que a juicio del tribunal las justifiquen, considerando este Tribunal que desde el momento en que se decretó la Medida de Coerción Personal cuya revisión se solicita hasta la presente, no han variado las circunstancias fácticas señaladas en los artículos 250 y 251 ambos del Código Orgánico Procesal Penal que motivaron su decreto, ni el transcurso del tiempo aducido por la defensa técnica implica el decaimiento de la medida cautelar restrictiva de la libertad objeto de la presente decisión, y en tal sentido es menester declarar SIN LUGAR el petitum incoado por la Defensa Técnica por ser improcedente. En fuerza de los razonamientos anteriormente expuestos, quien decide no estima conveniente sustituir la Medida Privativa de Libertad impuesta a los ciudadanos ROGER ALEXANDER GIMENEZ NOGUERA y JUNIOR MANUEL IBARRA por otra medida cautelar menos gravosa, en virtud de que aún se mantienen los supuestos que motivaron dicha medida y por los que la juzgadora estima que la misma debe mantenerse a fin de garantizar las resultas del proceso penal incoado, y así se decide. DECISION En mérito a las consideraciones que anteceden, este Juzgado Cuarto de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Lara, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, acuerda MANTENER LA MEDIDA DE PRIVACION JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD decretada en contra de los ciudadanos ROGER ALEXANDER GIMENEZ NOGUERA y JUNIOR MANUEL IBARRA, de nacionalidad venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° 17.626.025 e Indocumentado respectivamente, a tenor de lo dispuesto en los artículos 250 y 251 del Código Orgánico Procesal Penal, como presuntos autores de los punibles de Asalto a Unidad de Transporte Público y Porte Ilícito de Arma de Fuego, tipificado en los artículos 358 (Tercer Aparte) y 278 ambos del Código Penal, conforme a lo establecido en el artículo 264 del Código Orgánico Procesal Penal. Notifíquense a las partes de la presente decisión. Regístrese. Cúmplase. LA JUEZA TITULAR CUARTA DE JUICIO, ABG. CARMEN TERESA BOLIVAR PORTILLA. LA SECRETARIA, ABG. DAYANA FIGUEROA REYES.